Josep Maria Cortes

En reuniones sectoriales se reprocha al líder nacionalista esa "maniobra" para ganar votos

Patria, tierra y contabilidad creativa. Sólo tres de los 41 consejos comarcales catalanes rindieron sus cuentas legalmente. Esta advertencia, lanzada por la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, fue el catastrófico colofón del aniversario de la creación de los consejos celebrado en Montserrat en febrero del año pasado. Pese a los fastos triunfalistas de tan señalada fecha, la concentración de las comarcas al pie de la Virgen negra -una "gran carlinada", en palabras de Manuel Mas presidente de la Federación Catalana de Municipios- no escondió la realidad de un pobre balance: las comarcas no han funcionado como unidad político-administrativa y además la gestión de sus fondos es un germen de irregularidades. De momento, salvo en el oscuro asunto del Priorat -un agujero de 170 millones de pesetas y un informe inculpador de la fiscalía-, los escándalos financieros propenden más bien a la picaresca costumbrista que a la tragedia. Estos casos desvelan apenas insólitas piruetas de contabilidad creativa llevadas a cabo por los gerentes de los consejos, unas figuras a las que la Administración autonómica quiere ahora restar protagonismo. Las comarcas catalanas gestionan en conjunto unos 40.000 millones de pesetas. A partir de los primeros años de existencia, el crecimiento del gasto fue exponencial, desde los 720 millones de 1988 hasta los 23.000 millones de 1992, según los datos de la liquidación del presupuesto de la Generalitat. Del total de estos fondos, un 15% se destina administración comarcal y otro 15% a competencias en enseñanza, seguidas de infraestructuras básicas y comunicaciones (14%) y de medio ambiente (11%). El restante 35% proviene de las subvenciones destinadas a los municipios, que éstos transfieren a las comarcas. Una observación más rigurosa de la composición económica de estas partidas permite observar -sobre una muestra de 15 comarcas comprendidas entre el Vallès Occidental, con un gasto de 1.234 pesetas por habitante, y la Terra Alta, con 224 pesetas por habitante- que el gasto corriente ( salarios y mantenimiento) representa el 44% del total. Se entiende entonces que los estudios publicados por expertos sobre la financiación de las comarcas -Núria Bosch, de la Universidad de Barcelona, y Josep Miquel Piqué, del Instituto de Estudios Metropolitanos, entre otros- destaquen con benevolencia que los consejos tienen un margen de maniobra mínimo. Las dietas de los cargos electos -sobre unas 10.000 pesetas- confirman a los analistas y avalan este aforismo: la estrechez es el antídoto de la codicia. Lejos de esta percepción, la Asociación Catalana de Municipios (ACM), vinculada a CiU, pide la participación de los consejos en los ingresos del Estado y el traspaso del 2% de los impuestos cedidos a Cataluña. La Sindicatura y las auditorías externas son un poder disuasorio ante la hemorragia del gasto. Pero además la simbología de las comarcas, en cuanto administraciones pegadas al pueblo, parece garantizarles una opacidad muy similar a la que salvaguarda las cuentas de los gremios y asociaciones vecinales que pueblan la abigarrada entraña civil de Cataluña. Patria y tierra, dos ideas difícilmente concordantes con la adusta frialdad de las matemáticas contables, fueron los dos conceptos que utilizó el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol -"el patriotismo sano se basa en el amor a la propia tierra", dijo el líder nacionalista-, el día de la citada concentración comarcal en Montserrat. En la montaña santa, los 41 consejos donaron una senyera con la fecha del 50º aniversario de la entronización de la Virgen que acompaña a otros dos emblemáticos estandartes: el que depositó Alfonso XII en nombre de las diputaciones y el que portaron en 1939 los montaraces requetés del Tercio de Nuestra Señora de Monserrat.