Las paradojas de la frontera

Uno de cada dos catalanes trabaja fuera de la localidad en la que está censado. La actual movilidad cotidiana de los ciudadanos desborda los límites del municipio y por supuesto de la comarca, una unidad territorial tan discutible como ritualizada por los exégetas de la economía del carro y las rutas forestales. Transcurridos 12 años desde su creación, la experiencia de los consejos comarcales -hoy por hoy, simples brazos orgánicos de la Administración de la Generalitat- ha resultado, cuando menos, un fracaso relativo. A modo de balance, cabe preguntarse: ¿Han servido los consejos para potenciar, como se pretendía, iniciativas municipales entre ayuntamientos de la misma zona? ¿Han descentralizado la gestión administrativa de la Generalitat? Los expertos responden negativamente y añaden que la escasa consolidación de las comarcas ha reforzado la hegemonía administrativa de la provincia. Los 41 consejos existentes en Cataluña dan trabajo a un número importante de empleados, gestionan una cantidad no desdeñable de recursos públicos -40.000 millones de pesetas-, pero están lejos de ser una Administración mínimamente potente, ya que su nivel de decisión se encuentra pinzado entre las competencias de los municipios, las diputaciones provinciales y las delegaciones de la Generalitat, según un criterio compartido con matices por geógrafos -Salvador Anton (Rovira i Virgili), Margarita Castañer (Girona)-, miembros del Instituto de Estudios Metropolitanos -Oriol Nel.lo y Josep López- y juristas -Josep Mir (Pompeu Fabra). Además, el consenso en torno a la artificialidad de algunas divisiones comarcales resulta indiscutible. En algunos casos -la división entre Osona y Alt Urgell es el paradigma y sólo sirvió para conceder una capitalidad a Mollerussa- la separación constituye una auténtica paradoja de la frontera en la medida en que ella misma es parte de lo que está separado. El mundo político, por su parte, establece sus preferencias en función de los rendimientos electorales. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) controlan el 80% de los consejos comarcales y utilizan estas instancias para fortalecer su hegemonía en zonas poco pobladas de la Cataluña interior y en algunas comarcas de montaña. La mayoría de los consejos destinan su presupuesto a sufragar transferencias cedidas por la Generalitat, como el transporte escolar, la atención infantil, ciertas competencias en la gestión de los residuos y algunas responsabilidades medioambientales. La escasísima discrecionalidad de los fondos -los consejos destinan el 90% de su ingreso a transferencias finalistas de servicios cedidos por la Administración autonómica- ha convertido a los funcionarios y políticos de estas instancias en auténticos buscadores de recursos en la jungla administrativa del país y en la maraña de subvenciones que llegan de Bruselas. Ello ha contribuido a enconar la tensión entre los municipios y algunos consejos ya que, "cuanto más importantes son los municipios que se encuadran en un consejo comarcal, más dificultades tiene este segundo para construir un espacio propio", explica Joan Subirats, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Precisamente, esta última apreciación refleja fielmente la situación de algunos consejos gobernados por el Partit dels Socialistes (PSC). Al segundo gran partido catalán le ha correspondido el control de las comarcas de las zonas de mayor densidad de población -Barcelonès y Baix Llobregat son un ejemplo-. En la región metropolitana de la capital la presencia de estas entidades es apenas testimonial. Los dos grandes partidos legitiman, cada uno a su manera, el acervo del catalanismo en materia de política territorial. Los nacionalistas se han mostrado partidarios de la Administración comarcal, mientras que la izquierda -socialistas e Iniciativa (IC)- defiende de forma muy mayoritaria una estructura administrativa basada en espacios dotados de unidad natural, tal como se ha reflejado en el documento de Bases del Plan del Alto Pirineo, presentado recientemente en el Parlament, y el Plan Metropolitano de Barcelona. Este segundo diseño está en línea con la tradición noucentista de la Cataluña-ciutat planteada por Rubió i Tudurí en 1932, un correlato de la división de Cataluña en ocho vegueries, aplicada en 1936. ¿Comarcas o vegueries? El dilema, que hace muchos años escindió en dos tendencias a expertos y políticos de la Generalitat republicana, sigue sin resolverse. Secuencialmente, aquel dilema desembocó primero en la división en vegueries, o grandes unidades territoriales dotadas de sinergias comunes y capacidad de mancomunar esfuerzos, basada en la clasificación establecida por el geógrafo Pau Vila. Después, el debate quedó sepultado durante medio siglo por la guerra civil y el franquismo; y finalmente fue retomado en 1987, cuando, a instancias de CiU, el Parlament modificó en parte el criterio republicano en favor de las comarcas aprobando la Ley de Ordenación Comarcal de Cataluña (LOCC), que consagra los consejos comarcales.