Los sufragios invisibles

Los consejos comarcales y las diputaciones provinciales son las únicas instituciones políticas no sometidas al sufragio universal directo. Nadie ha votado a los cientos de cargos políticos que integran los 41 consejos comarcales catalanes. Los gobernantes de estos organismos desempeñan sus cargos por delegación indirecta de los ciudadanos que eligen, cada cuatro años, a los equipos municipales, según una compleja fórmula diseñada por el ex presidente del Parlament Heribert Barrera durante la gestación de los pactos entre ERC y CiU que, en 1987, precedieron a la instauración de los consejos. Auténticos miniparlamentos locales, constituidos a base de sufragios invisibles, los consejos han acabado interponiéndose en el camino hacia la racionalización territorial iniciada en abril de 1987 con la promulgación de las LOT (leyes sobre diputaciones, comarcas y conurbación de Barcelona). No han servido para modificar la excesiva fragmentación municipal -944 ayuntamientos, de los cuales 544 tienen menos de 1.000 habitantes- ni han sabido instrumentar sus propias competencias y recursos. Su instauración, tardía y confusa, bloqueó el tránsito hacia el anhelado modelo de la provincia única y ha acabado legitimando, a los ojos del ciudadano, la eficacia de Administración periférica del Estado. "La principal derrota política de los partidarios de las autonomías es el reconocimiento constitucional de la continuidad de las provincias", escribió el profesor Jordi Solé Tura en Nacionalidades y nacionalismo en España, publicado en 1985. Catorce años después, esta reflexión ha resultado premonitoria. Sea como sea, en el caso de las comarcas catalanas, la realidad económica y social subyacente es el mejor contraste. En esta línea, aspectos centrales como la movilidad laboral explican que la vida económica desborde el marco geográfico comarcal. A mediados de la década de los ochenta, sólo 164 de los 938 municipios catalanes tenían una autocontención (los ciudadanos que trabajan en el municipio en el que están censados) inferior al 50%. Diez años después, en 1996, ya existían 484 municipios por debajo de este índice. Estos datos, elaborados por el Centro de Estudios Demográficos e interpretados por el Instituto de Estudios Metropolitanos (IEM), demuestran que la diferencia entre la población censada de un municipio y lo que los expertos llaman población-día -la población que utiliza el territorio por razones de residencia, trabajo u ocio- se va haciendo más grande cada año. Esta brecha en 1991 significaba que la población-día doblaba ya a la población censada en comarcas como el Alt y el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya y el Pallars Sobirà, y era cuatro veces mayor en el caso de la comarca de la Val d"Aran. Las implicaciones de este fenómeno para la Administración local son suficientemente conocidas, aunque ya ahora resultan preocupantes el nivel de free-riding fiscal -la utilización de servicios de un municipio por ciudadanos que pagan sus impuestos en otro-, los aspectos supralocales de la planificación urbanística, las infraestructuras y el problema de la escasísima representatividad de los cargos electos en las comarcas a partir de las elecciones municipales. "Algunos focos episódicos de este debate han saltado a la prensa en los últimos años con expresiones tan conocidas como la financiación de la limpieza de las playas en diversos puntos del litoral, la discusión sobre el plan metropolitano de Barcelona, la pugna sobre la localización de la alta velocidad e incluso el surgimiento de candidaturas en las elecciones municipales de segundos residentes en algún municipio de los Pirineos", resume Oriol Nel.lo, director del IEM, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En cuanto a la relación con los municipios, "la inadaptación del mapa comarcal a la realidad se basa en que estas unidades administrativas han crecido sin tener en cuenta la dimensión óptima de los servicios locales", explica el jurista Josep Mir en L"organització comarcal de Catalunya. Asimismo algunos alcaldes implicados en sus comarcas son conscientes de que los consejos no han cumplido la principal funció para la que fueron concebidos: coordinar politicas municipales de una misma zona. "La comarca me ha demostrado que resulta insuficiente dadas las expectativas que el país se había fijado en la reforma", escribe Jaume Farguell i Sitges (CiU), alcalde de Berga, en 20 anys d"ajuntaments democràtics, editado por la Federación de Municipios de Cataluña.