Las torres venecianas

1999 pasará a la historia como el año en que la Fira de Barcelona comprometió 30.000 millones de pesetas en su ampliación. Se trata del segundo gran salto adelante en 70 años. El primero fue, como se sabe, en 1929, cuando el alcalde Rius i Taulet construyó las monumentales torres venecianas de la plaza de España, que sirven de pórtico al recinto clásico de Montjuïc, escaparate de las vanidades. El primer paso de la ampliación ferial, el del polígono Pedrosa, situado en la Gran Via sur, en L"Hospitalet de Llobregat, está claramente determinado por el impulso de la Cámara de Comercio de Barcelona -gestora y accionista de la Fira-, que compromete en el proyecto una buena parte de sus fondos. La cámara, cuyo pleno actúa como un auténtico parlamento empresarial de la ciudad, adoptó una estrategia ofensiva al inicio de esta década con la llegada de Antoni Negre a la presidencia de la institución. En este sentido, tanto el ascenso de Negre como el relevo del anterior presidente, el constructor fallecido Josep Maria Figueras, simbolizan una doble transición en el entramado civil catalán: por un lado, un cambio de estilo en la cúpula cameral, marcada hasta entonces por el conservadurismo institucional; y, por otro lado, el reencuentro del pleno de la cámara con los negocios emergentes de la ciudad, expresado fielmente con la incorporación de empresarios y gerentes, como Enric Crous (Damm), Albert Costafreda (Panrico), Josep Manuel Basáñez (Meffsa) y Joan Molins (Cementos Molins), entre otros. La experiencia de los últimos años demuestra que la renovación empresarial ha jugado un papel destacadísimo en la reactivación de la Fira en la medida en que la influencia de los industriales en los comités directivos de los diferentes salones ha revitalizado las ferias. De hecho, se ha producido un beneficiosos efecto de contagio similar al que tuvo lugar en 1967, cuando la unión de las antiguas cámaras de comercio y de industria permitió la incorporación a los proyectos feriales de patrones siderúrgicos -Riviere, Boixareu, Roviralta, Ribera Rovira- y químicos, como los Ferrer, Uriach, Gallardo, etcétera. Este paralelismo histórico puede ilustrar otras propuestas renovadoras que se produce en la patronal Fomento del Trabajo, cuyo consejo consultivo reúne a buena parte de los miembros del pleno cameral. Con todo, la apuesta ferial de Barcelona sigue dependiendo, en gran medida, de la voluntad municipal. No solamente por el hecho de que el actual alcalde y candidato a la reelección, Joan Clos, jugara un papel destacado en la decisión de ampliar el recinto, sino porque el mismo estatuto jurídico de la Fira de Barcelona define la dependencia municipalista. El comité ejecutivo de la Fira está representado por el Ayuntamiento y por la Cámara de Comercio, mientras que en el consejo general de la institución está representada también la Generalitat, aunque sin voz ni voto. Las decisiones, por tanto, expresan los acuerdos entre empresarios y medios municipalistas, lo que demuestra de forma palmaria una insuficiente representación política, sobre todo si se tiene en cuenta que el Departamento de Industria del Gobierno autonómico es la administración tutelar en materia de ferias. La herida abierta entre ambas instituciones -Ayuntamiento y Generalitat-, lejos de restañarse, en los últimos años se ha ido incrementando. La Generalitat, que defendió primero que la ampliación se efectuase en el polígono Mas Blau, en El Prat de Llobregat, ha sido criticada por fuentes municipales y por medios de la Cámara de Comercio por mantener una política escasamente transparente a través del Incasol, responsable de una gran parte de los solares de la ampliación en el polígono Pedrosa. El Incasol realizó una promoción de viviendas unifamiliares en una parte de estos solares -los que lindan con las instalaciones del Pryca, recientemente inaugurado-, lo que tapona una parte de la fachada de la Gran Via sur destinada a equipamientos según el diseño del plan parcial de L"Hospitalet de Llobregat. Esta colisión entre administraciones es especialmente ácida cuando entra en escena el consejero de Industria de la Generalitat, Antoni Subirà, acérrimo defensor, en su momento, de la opción Mas Blau y relacionado con el promotor inmobiliario Felip Massot, que desarrolló el polígono junto a la zona aeroportuaria de El Prat. Aunque el futuro de la Fira de Barcelona está decidido, la batalla por su definitiva ubicación ha dejado una estela de ineficiencia considerable. Los ecos de aquella disputa sirven para recordar a la ciudad que el comercio de Barcelona, o su principal escaparate, la Fira, no cuentan con una ventanilla única capaz de sumar los esfuerzos de las distintas administraciones. Pese a las apariencias, la desunión institucional persiste y por su brecha se cuelan los cantos de sirena dirigidos a los empresarios desde otros proyectos feriales en competencia con Barcelona -sobre todo, Ifema, en Madrid, y también otras ferias, como las de Hannover y Colonia- en los que distintas administraciones, estatales, regionales y locales, vierten incesantes esfuerzos financieros. Los sectores más golpeados por la tentación de la competencia ferial son el alimentario y el constructor, los mismos que dan aliento a los dos grandes salones de Barcelona: Alimentaria y Construmat. Los comités directivos de estas dos ferias han encabezado los últimos meses de encuentros y desencuentros con las autoridades feriales. El presidente de Alimentaria, Jaume Tomás, y el de Construmat, Josep Blanchard, han estado en el ojo del huracán de las negociaciones encaminadas a cambiar de recinto; aunque, de momento su decisión parece irrevocable: Barcelona.