España en los programas electorales | Dos realidades enfrentadas para las políticas de Igualdad

Asomarse al futuro desde el capítulo de Igualdad de los programas electorales para este 23-J es hacerlo a dos realidades no solo distintas, sino enfrentadas. Sobre todo en una cuestión que desde hace 20 años está asentada bajo un consenso social, político y parlamentario, aquella que refleja de una forma más cruda la desigualdad entre hombres y mujeres y la que tiene consecuencias más brutales: la violencia machista, que este año ha dejado ya 28 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y 1.212 desde 2003, cuando comenzó la estadística oficial. La entrada de Vox en las instituciones a partir de 2018 comenzó a agrietar ese consenso, y su expansión tras las elecciones del 28 de mayo ha conllevado pactos en más de 140 instituciones locales y autonómicas con el PP, donde los populares han acabado cediendo espacio a un discurso negacionista de la violencia de género y de ofensiva contra derechos conquistados por la ciudadanía. Con este marco, las del 23-J serán las elecciones en las que, en cuestión de igualdad, el voto implicará mayores diferencias en las políticas futuras.

A un lado la izquierda, PSOE y Sumar, con propuestas que han incluido el feminismo de forma transversal en todas sus políticas y el compromiso de ampliar derechos para las mujeres y el colectivo LGTBI. Al otro, la derecha del PP, con un programa de mínimos, y la extrema derecha de Vox, con uno de máximos para suprimir la red levantada por el Estado durante años contra la violencia machista y a favor de la igualdad. Un esqueleto de protocolos, leyes, herramientas y recursos que han supuesto que España sea uno de los países más avanzados en este ámbito.

El punto de partida se sitúa hace más de dos décadas, el día que Ana Orantes fue asesinada por su exmarido, José Parejo. Era 17 de diciembre de 1997, y solo 13 días antes la mujer había relatado en un programa de televisión los 40 años de violencia que habían sufrido ella y sus hijos. Aquel asesinato supuso un cambio social que tuvo traslación inmediata a la política, y fue encadenando pasos hacia adelante en la prevención, el tratamiento y la lucha contra la violencia machista.

En 1999 se reformó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), introduciendo la persecución de oficio de los malos tratos (sin que hubiese denuncia por parte de la agredida), la violencia psicológica como delito y las órdenes de alejamiento. En 2003 se regularon las órdenes de protección. Y el 7 de octubre de 2004 llegó la ley contra la violencia de género, aprobada por unanimidad del Congreso, la primera legislación europea específica en este ámbito; se crearon los juzgados de violencia contra la mujer, se implantaron ayudas para las víctimas y se incluyeron medidas en la justicia, laborales y educativas.

En 2007 fue aprobada la Ley de Igualdad, y ese mismo año, la ley del matrimonio igualitario, la cuarta en todo el mundo. Tres años después, España se dotó de una ley de plazos para el aborto, acabando con el modelo de supuestos despenalizados que regía desde 1985. Y en 2014 España ratificó el Convenio de Estambul, el acuerdo europeo contra la violencia sobre las mujeres.

La violencia machista como un problema social fue calando poco a poco en la ciudadanía y en la política. En 2016, la violación múltiple a una joven de 18 años en los sanfermines supuso al pasado reciente lo que Ana Orantes a la década de los noventa, avivando un movimiento feminista que se convirtió en epicentro global en la manifestación del 8 de marzo de 2018. Para entonces, en 2017, en España se había firmado ya el pacto de Estado contra la violencia de género, un acuerdo que implica reconocer la violencia machista como problema estructural en el que las instituciones deben ser parte: para prevenirla y para trabajar con el objetivo último de erradicarla. Salió adelante con la única abstención de Podemos, que lo consideró poco ambicioso. Vox aún no estaba en las instituciones.

En ese marco, las denuncias de agresiones sexuales no han parado de aumentar desde que hay registros, al igual que las de violencia machista. Estas últimas han pasado de 135.539 en 2009 a 182.078 el pasado año; y, según el último informe de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales del Ministerio de Interior, las agresiones sexuales conocidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado casi se han duplicado: de 9.869 en 2016 a 17.016 en 2021.

Tanto en el aumento de unas como en otras, expertos e instituciones subrayan siempre que parte de esa tendencia al alza tiene que ver con la visibilización y la condena de la violencia por parte del Estado y la sociedad, lo que hace más fácil denunciar. Y esto no ocurre solo con los delitos machistas, también los de odio crecen: casi un 70% de aumento entre 2019 y 2021, según Interior. De las 1.724 denuncias registradas en 2021, el bloque referido a la orientación sexual o identidad de género (466) fue el que más subió. En cuanto a las condenas, el año pasado los juzgados de violencia machista acordaron 32.842 órdenes de protección (un 5,2% más que en 2021) y dictaron 57.059 sentencias (un 5% más), según el Consejo General del Poder Judicial. El 77,45% de esas resoluciones fueron condenatorias, el máximo porcentaje anual de la serie histórica.

En la legislatura que ahora acaba, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha aprobado tres leyes que suponen avances sólidos pero que también han generado fuertes tensiones, tanto políticas como en el seno del movimiento feminista.

Una es la reforma de la ley del aborto, que se aprobó prácticamente a la vez que el Tribunal Constitucional avalaba el modelo de plazos, recurrido por el PP 13 años antes. La segunda, la ley trans —recurrida ante el Constitucional por Vox y PP—, que amplía derechos no solo a las personas trans sino a todo el colectivo LGTBI; el más controvertido, la libre autodeterminación de género en el Registro Civil.

Y la última, la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, cuya aplicación ha provocado en nueve meses la excarcelación de 117 agresores sexuales y la rebaja de pena a 1.155; una ley que generó la mayor crisis de la legislatura entre los socios de Gobierno por esos “efectos indeseados” de su pata penal, aunque la norma aborda otros muchos aspectos.

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Explicaciones Rodríguez: Igualdad

El siguiente es un repaso al espíritu y las propuestas de los programas electorales de los cuatro principales partidos:

PSOE: empleo y permiso maternal de 20 semanas

En el extenso apartado que el PSOE dedica a igualdad destaca la parte de la violencia machista, en la que propone aumentar el presupuesto y desarrollar las leyes aprobadas en esta legislatura. Defiende además “extender el acceso a recursos socioeconómicos como víctimas directas de la violencia de género a efectos administrativos hasta los 26 años a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas [ahora es hasta los 18]”.

Entre las novedades, el PSOE plantea “una iniciativa legislativa para impedir el acceso de los menores a la pornografía en internet”, “limitar el acceso a contenidos que pueden resultar dañinos para el desarrollo de los y las menores”, y reforzar la educación sexual. También promete la “abolición de la prostitución”, aunque a continuación precisa que se centraría en ampliar la lucha contra el proxenetismo (que ya es ilegal en España) con una ley para prohibirlo “en todas sus formas, que incluya el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas”. Defiende asimismo una ley de trata y “avanzar” contra los vientres de alquiler actuando “contra las agencias”.

Los socialistas hacen especial énfasis en el empleo porque, explican, “la libertad de las mujeres está intrínsecamente ligada a su autonomía y a su independencia económica”; y en los cuidados, con la propuesta de extender la prestación por maternidad y paternidad hasta las 20 semanas (ahora es de 16), universalizar la educación de 0 a 3 años, o medidas para familias monoparentales, como la consideración de familia numerosa, entre otras cuestiones.

PP: derogar la ‘ley trans’

Sobre papel, el PP incluye la igualdad como eje de su propuesta de gobierno. Y, también sobre papel, no cede en una de las cuestiones que más tensión y debate ha generado en las últimas semanas a raíz de sus pactos con Vox en ayuntamientos y autonomías: la violencia machista. En el resumen de su programa incluye una parte dedicada a “erradicar la violencia de género” en la que asegura que hacerlo “es un objetivo prioritario” para la formación.

Los populares se comprometen a mantener el pacto de Estado contra la violencia de género, mejorar la tecnología de los dispositivos usados para las órdenes de alejamiento, reforzar la unidades de atención a la familia y a la mujer o poner coto a los contenidos pornográficos y violentos para los menores en internet. También otras medidas que ya fueron iniciadas por el actual Gobierno, como aprobar una ley contra la trata con fines de explotación sexual; o que ya recoge la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, como modificar la legislación para tipificar la violencia digital. Y plantean volver a recortar el derecho al aborto, retirando la capacidad de las menores de 16 y 17 para interrumpir el embarazo sin permiso de padres, madres o tutores.

En cuanto al colectivo LGTBI, sin decirlo explícitamente, el PP prevé derogar la ley trans y aprobar una nueva “que nacerá del diálogo con todos los sectores sociales y profesionales, buscando el consenso”.

Vox: fin a una estructura de décadas

El programa de Vox condensa iniciativas para acabar con toda la legislación, las estructuras, los presupuestos y los servicios que el Estado lleva tres décadas construyendo para la igualdad y contra la violencia machista. El partido ultra propone derogar todo el sistema de cuotas para combatir la brecha de género, la ley del solo sí es sí, la ley trans, la ley del aborto, la ley de igualdad e incluso la ley contra la violencia de género de 2004.

Entre los objetivos de Vox está también eliminar el Ministerio de Igualdad y los juzgados de violencia sobre la mujer, y dejar de apoyar o financiar todas aquellas estructuras —institucionales o ciudadanas— que trabajan para la igualdad o contra la violencia machista. Es decir, hacer desaparecer toda la red que los distintos gobiernos (de izquierda y derecha) han creado desde que comenzó la democracia. Lo explica así: “Cerraremos todos los chiringuitos públicos ideológicos regados con dinero público, como los chiringuitos LGTB, de memoria histórica, ecologistas radicales o separatistas o vinculados a la implementación de la Agenda 2030, y pondremos fin a las subvenciones y ayudas cuando se trate de entidades privadas”.

Sumar: una Vicepresidencia de Feminismos y Cuidados

“Las cuestiones de género tienen que integrarse en todas las políticas públicas y dejar de ser cuestiones marginales y de asociarse solo a determinadas políticas sociales”, sienta el programa de Yolanda Díaz. Así, el espíritu de las políticas de igualdad atraviesa todo el documento. Como propuestas concretas, Sumar defiende elevar el salario mínimo, equiparar las familias monoparentales a las numerosas, ampliar el permiso parental (recientemente creado) a 10 semanas hasta los 12 años (ahora son 8 semanas y hasta los 8 años), tipificar la violencia económica “como una modalidad más de violencia de género” y crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados, así como buscar “un pacto de Estado contra los discursos de odio”.

PSOE

- Extender hasta los 26 el acceso a recursos como víctimas de las hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia machista.
- Abolir la prostitución con una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluya el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas.
- Rechazo a los vientres de alquiler. Se perseguirán las agencias que promocionan y hacen negocio con la gestación subrogada.
- Extender la prestación por nacimiento y cuidado hasta las 20 semanas, incorporando una mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial de los padres y madres a partir de la semana 16.

PP

- Bonificar las cuotas de la Seguridad Social a cargo del empleador durante los permisos por nacimiento de hijo, exista o no contrato de sustitución.
- Impulsar la implantación de procedimientos de verificación de edad verdaderamente eficaces para el acceso de menores a redes sociales y para evitar su acceso a páginas pornográficas, violentas o que comporten riesgo para el menor.
- La extensión del título de familia numerosa para los padres y madres hasta que el último de los hijos cumpla 26 años.
- Reforzar las Unidades de Atención de la Familia y de la Mujer de la Policía Nacional y los Equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil.
- Revisar y perfeccionar la tecnología actualmente utilizada para el control de las penas y medidas de seguridad y cautelares de alejamiento.

Vox

- Suprimir el Ministerio de Igualdad.
- Derogar la ley contra la libertad sexual y aprobar otra que proteja a todas las posibles víctimas de violencia en el ámbito doméstico.
- Derogar la Ley Integral de Violencia de Género y eliminar los Juzgados de Violencia sobre la mujer.
- Eliminar toda legislación de género que establezca diferencias laborales entre españoles atendiendo a su sexo, raza u orientación o identidad sexual, como cuotas.
- Rechazo a los vientres de alquiler.

Sumar

- Crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados para dirigir y coordinar las reformas en esta materia.
- Introducir la violencia económica como un delito más de violencia de género. El impago de pensiones alimenticias debería ser tipificado como violencia económica.
- Se reconocerá a las familias monoparentales con uno y con dos hijos o hijas los mismos derechos que a las familias numerosas.
- Ampliar el permiso parental, recientemente creado, a diez semanas hasta los 12 años.

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