El programa de Vox: desmontar la red de Igualdad, abandonar los acuerdos climáticos, recentralizar competencias

Vox, el partido de extrema derecha que aspira a formar gobierno con el Partido Popular si ambos suman mayoría tras las elecciones del 23 de julio, ha publicado este viernes su programa electoral. Un documento de máximos en el que aboga por derogar no sólo varias leyes del último Gobierno PSOE-Unidas Podemos sino también otras que llevan décadas en vigor o que responden a acuerdos internacionales, como la Ley contra la Violencia de Género o la adhesión al Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Asimismo, pide “la devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia” y propone “limitar en todo lo posible la capacidad legislativa de las comunidades autónomas”, así como proceder a la progresiva supresión de las policías autonómicas. Este es un resumen del programa:

Igualdad: acabar con una estructura de décadas

El programa de Vox sobre Igualdad podría resumirse en una frase: acabar con toda la legislación, las estructuras, los presupuestos y los servicios que el Estado lleva tres décadas construyendo para la igualdad y contra la violencia machista. El partido ultra propone derogar todo el sistema de cuotas creado para combatir la brecha de género, la ley del solo sí es sí, la ley trans, la ley del aborto, la ley de igualdad e incluso la ley contra la violencia de género, una norma pionera, aprobada por unanimidad en el Congreso en 2004 y que es aún una de las legislaciones más avanzadas del mundo en la lucha contra una violencia que la OMS considera un problema de salud pública global y la ONU una epidemia. En España, solo desde 2003, son 1.209 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Entre los objetivos de Vox está también eliminar el Ministerio de Igualdad y los juzgados de violencia sobre la mujer, y dejar de apoyar o financiar todas aquellas estructuras —institucionales o ciudadanas— que trabajan para la igualdad o contra la violencia machista. Es decir, toda la red que los distintos Gobiernos (de izquierda y derecha) han creado desde que comenzó la democracia. Lo explica así: “Cerraremos todos los chiringuitos públicos ideológicos regados con dinero público, como los chiringuitos LGTB, de memoria histórica, ecologistas radicales o separatistas o vinculados a la implementación de la Agenda 2030, y pondremos fin a las subvenciones y ayudas cuando se trate de entidades privadas”.

Cambio climático: abandonar el Acuerdo de París y demoler las políticas ambientales

Vox propone una demolición de la mayoría de las medidas impulsadas por el Gobierno para luchar contra el calentamiento global, empezando por la Ley de Cambio Climático. Pero el partido de extrema derecha va más allá: cuestiona la política europea y defiende abandonar el Acuerdo de París (imitando lo que hizo en su día Donald Trump). Todos los miembros de la UE están adheridos a este pacto contra el cambio climático, cuyo cumplimiento se ha fijado Europa como una de sus prioridades para este siglo. Vox promete también “la suspensión inmediata y revisión de todo el Pacto Verde Europeo”, el marco de desarrollo impulsado por la Comisión Europea que busca descarbonizar la economía del continente.

El programa contiene todas las proclamas (y en muchos casos los bulos) que difunden los partidos de ultraderecha en muchas partes del mundo. “Suspensión de toda norma climática impuesta por las élites globalistas que afecte gravemente al interés y prosperidad de los españoles”, promete. Y esto se concreta en “la suspensión inmediata de la prohibición del motor de combustión para 2035″, algo que de nuevo viene desde Bruselas, o el veto a “la exploración, investigación y explotación de los recursos minerales” en España. También propone el cierre de “los organismos destinados a crear estructuras paralelas del estado”, entre los que incluye las “agencias meteorológicas”. Aemet (la Agencia Estatal de Meteorología) está en el punto de mira de los desinformadores que emplean las redes sociales para difundir bulos e insultan a los miembros de este ente público por informar sobre los efectos del cambio climático.

Vox defiende la extensión de la vida de las centrales nucleares. Pero, además, promete usar “los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas” para implantar minirreactores nucleares, una tecnología todavía sin desarrollar. A la vez, defiende “un mix energético que incluya energía fotovoltaica, eólica, hidráulica y nuclear”.

El programa plantea derogar la ley de protección del Mar Menor, flexibilizar el reglamento comunitario de saneamiento animal (las normas veterinarias para evitar que se transmitan enfermedades) y acabar con la falsa destrucción de embalses que sostiene que está llevando a cabo el Gobierno.

Economía: el impuesto de la renta, en función del número de hijos

La propuesta económica de Vox tiene un fuerte carácter centralizador y proteccionista. Las medidas priman a los españoles, las familias con hijos, las rentas altas y los negocios familiares. En materia impositiva, el partido promete rebajas fiscales masivas. El cambio más llamativo se daría en el IRPF: propone una especie de tarifa plana que minaría la progresividad, con solo dos tramos —un tipo del 15% para personas con ingresos de hasta 70.000 euros brutos anuales y del 25% de ahí para arriba (ahora las rentas superiores a 300.000 euros pagan entre un 47% y un 54% de IRPF, según la comunidad)—, y aplicar a partir de ahí rebajas de cuatro puntos por cada hijo. También se compromete a que las pensiones contributivas estén “exentas de IRPF, por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral”, aunque son las cotizaciones a la Seguridad Social, y no el impuesto sobre la renta, las que dan derecho a recibir una prestación contributiva. El programa dice que la solución estructural a largo plazo para las pensiones “debe ser” el incremento de la natalidad.

Vox defiende bajar el IVA —el tipo general al 18%, y al 8% el reducido—, reducir el impuesto de sociedades del 25% al 15%, eliminar los gravámenes sobre patrimonio, sucesiones y donaciones —en manos de las comunidades—, centralizar y bajar el AJD e ITP —que se pagan en la compraventa de viviendas y están también cedidos a las autonomías— y aumentar las bonificaciones en el IBI. Los propietarios víctimas de ocupación —contra la cual anuncia “tolerancia cero”— estarán exentos de pagarlo. Además, se compromete a construir viviendas sociales públicas, a aumentar el parque de viviendas de protección oficial y derogar la ley de vivienda.

La reforma laboral de Yolanda Díaz es otra de las normas que el partido ultra quiere finiquitar. Asegura que impulsará una subida de todos los sueldos, “especialmente los más bajos”, y rebajará las cotizaciones para las empresas que contraten de forma indefinida a “trabajadores españoles” —del 100% para el primer año y del 50% para el segundo—. Propone eliminar la cuota de los autónomos que ingresan menos del salario mínimo o están de baja, incentivos por la contratación de madres, jóvenes, mayores de 45 años y protección para “el artesanado y los oficios tradicionales y con arraigo”. Otro punto relevante en materia económica es la protección de la producción agrícola y ganadera en contra de los artículos foráneos y las políticas europeas. “Defenderemos el comercio local y el producto nacional”, señala el documento.

Educación: cheque escolar, un solo sistema educativo y veto parental

La primera medida educativa de Vox es que no haya “ningún español sin acceso a una educación escolar y profesional gratuita, exigente y de calidad”. Pero más adelante recupera la idea de entregar a cada familia un cheque para pagar la educación en el centro de su interés, incluidos los enteramente privados. Esta propuesta es absolutamente rechazada por Escuelas Católicas, la principal patronal religiosa, que entiende que contribuiría a la segregación del alumnado y castigaría a las familias más vulnerables.

Mientras los populares se proponen “reformar” la ley Celaá, Vox se compromete a aprobar una Ley Nacional de Educación, devolviendo las competencias educativas autonómicas al Gobierno central y estableciendo un temario común y una selectividad única, y, por tanto, una sola oposición para ser profesor en toda España. “Perseguiremos a las autoridades educativas que impidan el derecho de los alumnos a formarse en español”, aseguran también. El programa recoge el veto parental —“Garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico”—, respalda a los colegios que segregan por sexos y se opone a que se pueda “pasar de curso y conseguir titulaciones con asignaturas suspensas”.

Vox insiste en la importancia de las humanidades y aboga por incluir en los temarios una “especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales, así como a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la corona”.

Inmigración: bloqueo naval para impedir la llegada de pateras

La primera medida de Vox en materia migratoria es convocar un referéndum para consultar al “pueblo español”. Este, “que sufre en primera persona las consecuencias de las políticas de puertas abiertas”, decidirá “sobre el modelo de gestión de la inmigración y defensa de las fronteras que quieren para España”. El partido de Abascal también promete la “inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente”, una medida que presentada de esa manera, sin hacer ninguna distinción entre los distintos casos y situaciones, es incompatible con los recursos disponibles, los acuerdos con los países de origen y la legislación internacional. Otra propuesta imposible incluida en el programa es la de cerrar los centros de atención a menores extranjeros no acompañados y enviarlos a todos y de forma inmediata a su país; los centros de menores exclusivos para extranjeros no existen en España: sólo hay centros de menores, sin distinción de origen. En esa línea de ambiciosas promesas, Vox asegura que impondrá un “bloqueo naval” para impedir la llegada de pateras.

El partido ultra quiere eliminar “las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal” y las subvenciones a ONG, asociaciones o cualquier entidad “que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal”. Esta medida supondría, entre otras cosas, acabar con el sistema de acogida que presta atención humanitaria básica a los migrantes y potenciales refugiados que entran en España de forma irregular. El programa recoge también diferentes medidas para dificultar la concesión de nacionalidad.

Inspirados en el modelo británico que ha tumbado la justicia, Vox asegura que exigirá ante la UE la “creación de plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos” para gestionar desde ellas el tránsito y reparto de refugiados. El mensaje es que alguien que entre de manera irregular en España “nunca” podrá obtener sus papeles, ni tampoco empadronarse. Y que será perseguido. Los de Abascal quieren un “red de alerta en tiempo real” que avise a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado de “cualquier caso de inmigración ilegal”. Se promete incluso acabar con el arraigo como vía para regularizarse, la principal vía usada por los inmigrantes después de años viviendo y trabajando en España.

El único guiño es a las “las naciones de la Iberosfera”. Vox promete atender de forma prioritaria a aquellos que comparten idioma e “importantes lazos de amistad, historia y cultura con España”.

Sanidad: conciertos con la privada para acabar con la lista de espera

Vox quiere devolver las competencias en materia sanitaria al Gobierno central y, para reducir las listas de espera, propone reforzar los conciertos con la privada. Hace mención a aumentar la inversión en primaria, con especial atención al ámbito rural, aunque sin dar más detalles. Promete derogar las leyes de eutanasia y del aborto, que garantizan el derecho a morir dignamente y a interrumpir el embarazo voluntariamente. También propone restringir derechos sanitarios a los inmigrantes en situación irregular: “La atención abarcará las situaciones de urgencia vital y enfermedades infecto-contagiosas”.

El partido ultra quiere ampliar prestaciones relacionadas con la salud bucodental y oftalmológica. Y anuncia: “Suprimiremos de la sanidad pública aquellas intervenciones quirúrgicas y hormonales ajenas a la salud (cambio de sexo, aborto, eutanasia, etc.), protegiendo especialmente a los menores de estas prácticas”.

Justicia: contra la primacía de Europa

El partido de Santiago Abascal rechaza la primacía de la justicia europea sobre la española, uno de los fundamentos de la Unión Europea. “Garantizaremos la primacía del Derecho nacional y la recuperación de la soberanía de nuestros jueces y tribunales en el conocimiento y enjuiciamiento de conductas delictivas”, dice el programa, que también apuesta por la existencia de “un único Alto Tribunal”, de forma que el Tribunal Constitucional pase a integrarse y desarrollar sus funciones en una nueva Sala Sexta del Tribunal Supremo.

Vox promete reformar el Código Penal para recuperar el delito de sedición y agravar el tipo delictivo de la malversación de caudales públicos; prohibir los indultos para delitos relacionados con “la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial”; modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de manera que todos los miembros del CGPJ “sean designados o propuestos por los propios jueces y magistrados, sin injerencia de partidos o asociaciones politizadas”; y frenar la reforma en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretendía atribuir la instrucción del proceso penal a la Fiscalía. El partido ultra se compromete también a que los presos extranjeros cumplan las penas que les han sido impuestas en sus Estados de origen.

Seguridad: suprimir a largo plazo la Ertzaintza y los Mossos

Vox ha sido uno de los partidos que ha alentado con más vehemencia, en los últimos años. las protestas de los sindicatos policiales y las organizaciones profesionales de guardias civiles. Y, según el barómetro del CIS de abril, Vox es el partido preferido por el colectivo de policías y militares: un 38,4% le votaría, frente al 21,1% que lo haría al PP y el 8,7% que daría su papeleta al PSOE. En este contexto, el programa electoral del partido ultra recoge varios guiños a las reclamaciones de ambos cuerpos, empezando con la ansiada equiparación salarial “real” con las policías autonómicas, aunque para ello propone una ruta diferente: suprimir de manera progresiva, “mediante reducción de competencias y efectivos”, a Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral para que sus agentes se incorporen posteriormente a los los cuerpos nacionales. El objetivo de Vox, dentro de esa recentralización que reclama en todos los ámbitos, es que “todas las policías dependan en última instancia” del Ministerio del Interior. “Hasta que se haga efectiva [esa supresión de los cuerpos autonómicos], se garantizará la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y policías autonómicas”, recalca el documento.

El partido de Santiago Abascal propone aumentar “las sanciones a la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”, que ahora la ley ya castiga con multas de entre 601 y 30.000 euros. Y al hablar de “cooperación policial en materia de lucha contra el terrorismo” anuncia “tolerancia cero con mezquitas y centros de culto que propaguen la yihad, el menosprecio a la mujer y nuestras costumbres o el radicalismo”.

Con información de Isabel Valdés, Manuel Planelles, Laura delle Femmine, Elisa Silió, María Martín, Pablo Linde, Reyes Rincón y Óscar López-Fonseca.

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