El programa de Sumar: dos millones de viviendas baratas en 10 años y un teléfono “para hombres en crisis”

En un contexto de incertidumbre económica y con una subida de tipos que ha disparado las hipotecas, Sumar, la coalición que encabeza Yolanda Díaz para las elecciones generales del 23 de julio, propone crear en los próximos 10 años un parque de alquiler “protegido, social, sostenible y asequible” de dos millones de viviendas. Es una de las principales apuestas del programa de la nueva formación, que ha sido presentado este jueves y que incluye más de 100 medidas repartidas, fundamentalmente, en tres bloques: económico, cultural y social.

“La falta de regulación e inversión pública ha provocado que este país afronte una crisis habitacional al contar con un parque de viviendas en déficit”, ha dicho Alejandra Jacinto, la portavoz de Vivienda. “A día de hoy, la mayor problemática de este país es la dificultad en el acceso a la vivienda”.

Sumar también defiende crear mecanismos para que el Estado pueda hacer cumplir la declaración de “zonas de mercado tensionado” (aquellas en las que un aumento del precio de los alquileres sostenido en el tiempo ha acabado produciendo una sobrecarga financiera en los hogares) en todos los territorios. Esa declaración depende ahora de la voluntad de cada comunidad autónoma, según la ley de vivienda aprobada el pasado mayo. Pero fuentes de Sumar aseguran que durante la campaña anunciarán cómo prevé la coalición obligar a cumplir a las comunidades que se nieguen. “Esto será posible”, se ha limitado a decir Jacinto.

La coalición, formada por 16 partidos entre los que se cuentan Podemos, IU, Más País y Equo, aboga también, entre otras cuestiones, por un “nuevo contrato territorial” para España —a la que tilda de “realidad plurinacional” y “país de países”— y defiende que la ciudadanía de Cataluña vote el acuerdo que salga de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que lleva sin reunirse desde agosto de 2022. Además, propone una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados y una prestación universal por hijo de 200 euros al mes hasta los 18 años (que sustituiría a otras ayudas y desgravaciones actuales). Y anuncia que dará “marcha atrás” al cambio de posición del Gobierno respecto al Sáhara Occidental. Estas son las principales propuestas del programa electoral de Yolanda Díaz:

Vivienda: dos millones de pisos baratos en diez años

El documento propone una inversión sostenida, de una media del 1% del PIB, en “construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un verdadero parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más dos millones de viviendas protegidas en los siguientes 10 años”. Para lograrlo se utilizarían dos organismos públicos: la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) y el SEPES (Entidad Estatal de Suelo).

El texto también defiende obligar a las comunidades a declarar las zonas de mercado tensionado allí donde se cumplan los requisitos, lo que implicaría aplicar topes al precio del alquiler. Y sostiene que “es necesario regular las viviendas turísticas, de habitaciones y el alquiler de temporada para que no sean vías para saltarse la ley, junto a un régimen sancionador y de inspección”. Fuentes de Sumar explican que el detalle de estas regulaciones se conocerá en los próximos días.

La formación propone establecer de forma obligatoria la portabilidad de las hipotecas y la creación de un banco público —a partir del ICO y de la red de oficinas de Correos, con especial atención a la España vaciada— para “poner a competir al oligopolio bancario”.

El equipo económico de Sumar ya propuso hace semanas la creación de un bono de emergencia para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual. La cuantía del bono sería de 1.000 euros por hogar, y beneficiaría a quienes se hipotecaron a tipo variable en los últimos 10 años por un importe de hasta 250.000 euros, y precio de compra de hasta 300.000: un millón de hogares. Esa medida costaría a las arcas públicas 1.000 millones de euros, que se financiarán con cargo al impuesto extraordinario a la banca.

Fiscalidad: impuesto permanente a los más ricos

En el extenso apartado económico, coordinado por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, Sumar aboga por impulsar una profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. También busca implementar un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, reforzando además su progresividad, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados; una modificación del impuesto de sociedades para aumentar la contribución, en especial, de las grandes empresas; y mantener impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras mientras se aprueba e implementa “completamente” esta reforma integral del de sociedades. El partido defiende incrementar la progresividad del IRPF, entre otras medidas. “Es hora de que en la próxima legislatura abordemos la reforma fiscal que no se ha abordado de forma íntegra en esta. El socio de gobierno no ha querido”, ha señalado Álvarez.

Estatuto de la Información: sanciones a periodistas manipuladores en una primera versión del programa, luego rectificada

Sumar planteaba en una primera versión de su programa la elaboración de “un Estatuto de la Información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico que acabe con las informaciones falsas y contemple graves sanciones y expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme”, advirtiendo que se pondrá en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano “regulador, supervisor y sancionador del sector”. Pasadas las 23,00 de este jueves y tras un considerable revuelo en las redes sociales por el anuncio, la plataforma ha explicado en un comunicado que se trataba de un “error en el proceso de elaboración y transcripción”, y que ese apartado queda así: “Elaboraremos un Estatuto de la información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico. Se pondrá en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador y supervisor del sector”. El comunicado añade: “En Sumar estamos comprometidos con el derecho de la ciudadanía a una información veraz y creemos que la mejor garantía es una esfera pública plural y democrática”.

Modelo territorial: España “plurinacional” pero sin referéndum en Cataluña

El programa de Díaz aboga por un “nuevo contrato territorial” que construya España como un “Estado plurinacional en el que todas las naciones y comunidades políticas puedan desarrollarse en un marco igualitario y solidario, sin imposiciones”. Define a España como “realidad plurinacional” y dedica un apartado específico al “impulso” de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. En este asunto, Sumar considera que es “necesario” “reforzar los mecanismos de concertación multilateral y bilateral” y “avanzar hacia un nuevo pacto territorial entre Cataluña y el Estado” que deberá ser votado por los catalanes. “El nuevo pacto político entre Catalunya y el Estado debe pasar por las urnas”, reza el documento, que alude indirectamente a una reforma del Estatut y no incluye, como sí hacía el programa de Unidas Podemos en 2019, el concepto específico de referéndum soberanista.

Igualdad: una vicepresidencia de Feminismos y Cuidados

Frente a un PP que ya ha declarado su intención de subsumir Igualdad en otro departamento, el partido que lidera Yolanda Díaz aboga por fortalecer ese ministerio creando una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados, así como recuperar la Comisión Delegada de Igualdad.

El área que coordina la filósofa Elizabeth Duval dedica especial atención a la prevención de la violencia machista, pero no entra en cuestiones que generan debate en el seno de la coalición, como la regulación o prohibición de la prostitución. Sumar pide de forma vaga “ampliar el marco normativo actual para abordar todas las formas de la violencia por razón de género contra las mujeres”, y plantea tramitar “una ley integral contra la trata de personas que cubra todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan desproporcionadamente a las mujeres y son formas de violencia machista”.

El programa también plantea como “materia de prevención” un nuevo servicio de atención telefónica “para hombres en crisis”. El partido de Díaz dice que, con esta medida, se busca favorecer actitudes “no violentas, derivando a servicios que trabajen otras formas de masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía, para que puedan recibir el apoyo profesional necesario”. Esta medida no es nueva: ya fue una propuesta del Ministerio de Igualdad en 2008, cuando estaba dirigido por la socialista Bibiana Aído.

Sobre la conciliación, Sumar reclama un apoyo a medidas de “flexibilidad horaria y ampliación de los permisos retribuidos”, así como la apuesta por políticas e inversión pública que hagan al Estado también “corresponsable de los cuidados” y la reducción horaria en la jornada de trabajo. Esta última propuesta, desarrollada en otro apartado, propone establecer por ley la jornada de 37,5 horas el año próximo e intentar llegar a las 32 horas semanales al final de la legislatura.

Derechos LGTBI: desarrollar la ‘ley trans’

Sumar considera una “prioridad” dar “cumplimiento efectivo a las disposiciones contenidas” en la llamada ley trans, y alcanzar “un pacto de Estado contra los discursos de odio”. También prevé implantar los planes de igualdad LGTBI+ en el ámbito del empleo y crear políticas activas de inserción laboral para prevenir el riesgo de exclusión social por diversidad sexual o de género. “Se prestará especial atención a las políticas de inserción laboral específicas para mujeres trans, especialmente afectadas por el desempleo”, dice el programa, que plantea también reconocer la LGTBI+fobia como causa de riesgo psicosocial en el empleo.

Medio ambiente y cambio climático: renovables y fiscalidad verde

Las políticas verdes ocupan un lugar central en el programa de Sumar. La coalición se fija como objetivo que España reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990 (la ley actual establece una meta del 23% y la última actualización del Gobierno proponía elevarla al 32%). Y una de las armas a utilizar es la fiscalidad verde: creación de nuevos impuestos a “los beneficios extraordinarios de la industria fósil” y “a los bienes y servicios de lujo que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social, como vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates…”. También propone Sumar una nueva “tasa al plástico” y un “impuesto general a las grandes empresas contaminantes”.

La apuesta por las energías renovables incluye el objetivo de que “el 10% de la energía eléctrica demandada en 2030 proceda de instalaciones de autoconsumo”. Aunque no se renuncia a la construcción de plantas solares y eólicas, para lo cual se propone “un pacto social y territorial” con la creación de “un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables”, y que se abarate el recibo eléctrico en las zonas próximas a las plantas solares y eólicas.

Sumar apoya el calendario de cierre del parque nuclear y promete la creación de una empresa pública de energía cuyos principales activos serían las centrales hidroeléctricas, que se quedaría el Estado a medida que las concesiones fueran venciendo. La pata de movilidad es otro punto destacado: se propone limitar el “uso de los jets privados”, imponer una “tasa creciente sobre los viajes frecuentes en avión” y eliminar “los vuelos domésticos entre ciudades para los que exista una alternativa ferroviaria, adecuada en términos de conectividad y seguridad, y de menos de cuatro horas de duración”. Cuatro días después, la formación ha precisado que se trata de “tres horas” y atribuye a un error la cifra anterior.

Respecto a las propuestas en materia de agua, el documento aboga por un plan nacional de adaptación climática agropecuaria que incluiría una moratoria del regadío intensivo y una reducción progresiva del superintensivo. Además, Sumar quiere revisar las tarifas y precios públicos del agua, un inventario de pozos procediendo a la clausura de los ilegales y una moratoria a la construcción de “grandes instalaciones demandantes de agua”, como campos de golf o megaproyectos urbanísticos.

Exteriores: la paz en Ucrania, “cuando las circunstancias lo permitan”

“Daremos marcha atrás con celeridad al cambio de posición adoptado en 2022 [por el Gobierno] con respecto al Sáhara Occidental, y utilizaremos todos los canales de influencia en el conflicto para apoyar plenamente el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, en el seno de las Naciones Unidas”, anuncia el programa, que enmienda el giro dado por el presidente Pedro Sánchez el año pasado en el seno del Ejecutivo de coalición.

Sobre la guerra en Ucrania, un conflicto que abrió una enorme brecha entre el PSOE y Unidas Podemos al inicio de la invasión rusa por el envío de armas a Kiev, Sumar dice únicamente que España continuará con la “solidaridad integral” con el país y “fortalecerá la vía diplomática para lograr, cuando las circunstancias lo permitan, una paz justa y duradera alineada con las aspiraciones del pueblo ucraniano y con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Infancia: 200 euros al mes hasta que el hijo cumpla 18 años

Díaz incluye en su programa una prestación universal por hijo o hija de 200 euros al mes. Propone unificar las actuales prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social (a extinguir), el complemento por ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción fiscal por madre trabajadora y convertirlo todo en una nueva prestación universal por cada hijo o hija menor de 18 años, que será de 200 euros al mes en forma de una deducción fiscal reembolsable.

Bienestar animal: suprimir la financiación a los toros

Sumar propone derogar la Ley 18/2013 de protección cultural y patrimonial de la tauromaquia. Además, suprimirá cualquier financiación pública a espectáculos taurinos con muerte del animal. La formación de Díaz incluye también el reconocimiento de las clínicas veterinarias como centros sanitarios y una reducción del IVA de los servicios al 10%.

Con información de Manuel Planelles, Clemente Álvarez e Isabel Valdés.

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