Aprobada la primera ley de la vivienda de la democracia que limita la subida de los alquileres

El primer paso en la aprobación parlamentaria de la primera ley de vivienda de la democracia retrató un marcador a favor de regular y limitar la subida de los precios de los alquileres por parte de la mayoría progresista de esta legislatura y con la oposición de la derecha y la división del nacionalismo. También ha dejado este jueves otra imagen simbólica dentro de la coalición en el Gobierno: la bancada del PSOE sí se levantó esta vez tras el debate para aplaudir elocuentemente a la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, de su partido. La de Unidas Podemos aplaudió el éxito de la norma y a su representante en el Ejecutivo, Ione Belarra, pero todos permanecieron sentados. Nada que ver con el escenario observado la semana pasada en el mismo hemiciclo para corregir la llamada ley del solo sí es sí. La ley prosperó en cualquier caso con el apoyo de 176 votos: los del PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. La derecha y varios partidos nacionalistas —vascos y catalanes— la rechazaron porque argumentan que no arregla el problema de la vivienda e invade competencias autonómicas.

La discusión sobre la primera ley de vivienda de esta democracia llegó así al pleno del Congreso, muy contaminada por el clima ya electoral que se vive en España, y no solo de cara a los comicios locales del 28 de mayo. El proyecto era uno de los grandes compromisos pendientes del bloque progresista que pactó la investidura de Pedro Sánchez, pero encalló ante las enormes diferencias de concepto y ambición a la hora de regular los límites a los precios de los alquileres en determinadas zonas de algunas ciudades. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, destacó que la negociación interna y con sus socios fundamentales había llevado tres complicados años. La portavoz en la materia de ERC, Pilar Vallugera, precisó que esa “ardua” negociación había costado 450 días. La titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también secretaria general de Podemos, quiso recordar “para la memoria sobre de dónde venimos” que la norma había tardado 40 años. La vivienda se ha regulado previamente de forma fragmentaria con leyes como la de arrendamientos urbanos, de 1994, o la del suelo de 1998.

Tras el debate, que duró más de dos horas, al final de la mañana se llevó a cabo la votación, que se decantó con 176 votos a favor (PSOE, UP, ERC, EH Bildu, Más País y Compromís), 167 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, PNV, JuntsxCAT, PDeCAT, Coalición Canaria) y la única abstención del BNG. Tras ella, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso hacer una declaración institucional en el patio para remarcar la importancia de la ley como un “hito de la legislatura y de la democracia”. Sánchez profetizó que “las palancas e instrumentos” que habilitará esta regulación estatal inédita supondrá “un cambio de paradigma” que contrapondrá el modelo neoliberal de la Ley del Suelo de 1998, de la derecha, al que considerará la vivienda “como un derecho y un bien de primera necesidad”. El jefe del Ejecutivo, que no permitió preguntas de los periodistas, aprovechó su comparecencia improvisada para felicitarse por los datos de afiliación a la Seguridad Social. También para arremeter contra “la deriva” del PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, por dañar “la reputación de España deslegitimando a la Unión Europea” ante los reproches formulados por las posiciones críticas de un comisario europeo al proyecto aprobado por la Junta de Andalucía para Doñana.

El presidente quiso, además, recalcar con su intervención la trascendencia que concede a la ley de vivienda y a la introducción de esa discusión ahora en precampaña para confrontar con las tesis que defiende el PP y la derecha en general. Pero en el transcurso de la negociación de esta ley, y en el debate de este jueves, se ha observado que las posiciones se han dividido también con algunos de sus socios habituales y han servido para diferenciar entre los partidos que se consideran nacionalistas, independentistas, separatistas y soberanistas, vascos y catalanes, en parte en clave electoral en esos territorios.

Oskar Matute, portavoz de EH Bildu —uno de los aliados del Gobierno más o menos frecuentes este mandato en el Congreso y apoyo relevante ahora de la ley de vivienda frente al no del PNV (teórico socio preferente el resto de la legislatura)― concedió que al proyecto le “faltan cosas”. Sin embargo, se contentó con este “primer paso” en el intento de regular el precio de los alquileres. Y, sobre todo, combatió el argumento de que la regulación “invada” las competencias de las autonomías, que es el mantra que le reprocharon con dureza al proyecto PNV, Junts, PDeCAT, CC, BNG y la CUP. Aitor Esteban, del PNV, y Ferran Bel, del PDeCAT, mostraron más tarde en rueda de prensa su estupor porque ERC y Bildu se “autoproclamaran soberanistas y de izquierdas” al permitir esa teórica renuncia competencial. Entienden que desde ahora las comunidades que hagan políticas de vivienda tendrán que proporcionar datos y parámetros al Estado a través de una nueva Conferencia Sectorial nacional.

Pilar Vallugera, de ERC, aceptó que la ley inicial que se les presentó era “impresentable”. Se apuntó el tanto de haber retocado casi todos sus artículos y valoró la relevancia de “intervenir el mercado de alquiler”, frente a los nacionalistas que se excusan con la derecha en la disputa en torno a de quién es la competencia de no hacer nada. Ante los puyazos a su verdadero “soberanismo independentista pagafantas” procedentes de algunas formaciones nacionalistas, Vallugera se autodefinió con orgullo: “Yo soy una roja separatista sediciosa”.

La diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, remarcó lo complicado que ha sido superar las resistencias a la regulación de la vivienda como un derecho y bien de primera necesidad “de las oligarquías financieras y económicas” en línea con lo que después enfatizó la ministra Belarra. La actual líder de Podemos, en la tribuna primero y tras la intervención del presidente en el patio al final de la sesión, se congratuló del “avance social sin precedentes” y de objetivo teóricamente sencillo pero difícil de llevar a la práctica del proyecto: “Hacer casas para vivir y no para especular”. Y concluyó con un mensaje de presente y futuro sobre lo que puede conseguir la actual mayoría progresista y plurinacional que asienta al Gobierno: “Pierden la banca, los buitres, los fondos. Y gana la gente”.

El portavoz socialista, José Luis Ramos, comenzó por resaltar que este jueves 27 de abril habría que “marcarlo en rojo como cuando se celebran las cosas importantes”. Y equiparó ahí la relevancia de la norma a otros de los momentos claves para asentar los pilares del Estado del Bienestar bajo gobiernos del PSOE como la ley del derecho universal de la salud de Felipe González en 1986 o la ley de dependencia de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006.

PP, Vox y Ciudadanos arremetieron contra la ley por venir con el respaldo de ERC y Bildu, por no arreglar el problema de la vivienda y por priorizar los intereses y necesidades de los okupas frente a las de los rentistas y pequeños propietarios. La popular Ana Zurita llegó a hablar de “robo a mano armada”. La mayoría de esos portavoces cuestionaron los anuncios en clave de campaña del presidente sobre planes para construir miles de pisos de viviendas públicas, sociales o protegidas cuando, tras cinco años de mandato, apenas había levantado ninguna.