El Congreso desbloquea las reformas legales contra los malos tratos

El proyecto entrará en vigor en un mes si el Senado no lo modifica

Las medidas impulsadas por el Gobierno para hacer más eficaz la lucha legal contra los malos tratos entrarán en vigor dentro de un mes merced al acuerdo de los grupos parlamentarios. El pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto, casi idéntico al que hace sólo dos semanas dejaron en el aire los mismos diputados. El texto recibió el visto bueno definitivo por aclamación, con los bancos del hemiciclo casi llenos, y con pocas novedades.

Todos los diputados presentes en el pleno menos uno apretaron el botón verde del sí. En total, 303 votos y una única abstención, del Bloque Nacionalista Galego, cuyas propuestas no fueron aceptadas. Eso fue después de que sonara el timbre que llama a los diputados a votar. Tan sólo unos minutos antes apenas 30 escaños estaban ocupados. El texto no incorpora grandes novedades en relación al rechazado el pasado día 15, cuando las ausencias del PP y la abstención de los socialistas -molestos por el artículo que penaba el consumo de pornografía infantil y que se ha quedado fuera de forma definitiva- impidieron que las propuestas introducidas en el Senado se incorporaran al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre libertad sexual. Entre ellas estaban las relativas a los malos tratos.

En materia de violencia doméstica, la única medida original aprobada ayer es la propuesta por el PSOE para que los jueces de paz, que no tienen formación jurídica, no presidan juicios de faltas. La propuesta cuenta con el aliento de las asociaciones de mujeres.

El resto queda igual. La violencia psicológica entra en la lista de delitos y será castigada con la cárcel (de seis meses a tres años); el juez podrá decretar no sólo el alejamiento del agresor durante un periodo de hasta tres años, sino también la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio ( incluso Internet); los fiscales podrán perseguir las faltas de malos tratos sin necesidad de que haya denuncia de la agredida y queda definida la habitualidad que exigen los tribunales para considerar que existe delito.

En lugar de las tres denuncias probadas que hasta ahora venían siendo aceptadas como forma de demostrar dicha circunstancia, en adelante bastará con acreditar varios actos de violencia, sea del tipo que sea, sobre la misma víctima o diferentes.

La votación de ayer recupera además otras disposiciones del texto original que nada tienen que ver la violencia familiar. Es el caso de las dirigidas a proteger a los menores que tienen que testificar delante de su agresor: a partir de ahora lo harán detrás de un biombo o cualquier otro medio que impida que el atacante pueda verles. La propuesta del PNV de eliminar del Código Penal la referencia a las "faltas de respeto de los hijos hacia los padres" también fue aceptada.

De esta forma culmina "una larga y dilatada tramitación", en palabras del portavoz de CiU, Jordi Jané y "una historia atípica y sobresaltada", según la socialista Carmen del Campo. Sale adelante un proyecto que había sido defendido por todos los grupos y que ayer fue calificado de "realista, riguroso y eficaz" por la portavoz del PP, María Bernarda Barrios.

Y eso que ayer también hubo escaños vacíos (24). Pero los votos de sus ocupantes no hicieron falta. El camino que le queda a esta reforma será en línea recta. El acuerdo entre los grupos -fraguado en dos días de reuniones-, se extiende al Senado. La senadora socialista, Micaela Navarro, que ayer se dejó ver por el Congreso, aseguró que hay un compromiso de no introducir cambios en la Cámara alta. De esta forma la ley pasará del Senado al BOE. Y un día después de su publicación estará en vigor.

Sobre la firma

Amaya Iríbar

Redactora jefa de Fin de Semana desde 2017. Antes estuvo al frente de la sección de Deportes y fue redactora de Sociedad y de Negocios. Está especializada en gimnasia y ha cubierto para EL PAÍS dos Juegos Olímpicos y varios europeos y mundiales de atletismo. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene el Máster de periodismo de EL PAÍS.

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