El viaje del PP ante la violencia machista: del pacto de Estado de 2017 a la “violencia intrafamiliar” de Vox

En 2017, durante la última legislatura de Mariano Rajoy, los populares defendieron y firmaron el pacto de Estado contra la violencia de género. Y no hay muchos desde que comenzó la democracia: los de La Moncloa (1977), el de Toledo, centrado en las pensiones (1995), y los cuatro grandes acuerdos antiterroristas entre 1987 y 2015 contra ETA y el yihadismo. Aquella votación en el Congreso de los Diputados un jueves 28 de septiembre no fue unánime: hubo 278 votos a favor y 65 abstenciones, y no fueron de la derecha, sino de los diputados de Unidas Podemos y algunos del Grupo Mixto que pedían más de lo que se establecía en el documento. El acuerdo —a pesar de las abstenciones, que tenían que ver con cuestiones de ampliación, pero no de base— representó el reconocimiento y la asunción, como Estado, de la violencia machista como problema estructural en el que las instituciones deben ser parte: para prevenirla y para desarrollar medidas, herramientas y presupuestos para luchar contra ella y trabajar con el objetivo último de erradicarla.

Aquel panorama político y social no es, sin embargo, el actual. La ultraderecha aún no había entrado a las instituciones y el consenso de la ciudadanía sobre lo que significa y lo que implica esta violencia aún no se había agrietado. Con la llegada de Vox se bifurcó la derecha y, sobre todo cuando entró a la Cámara baja, el discurso negacionista comenzó a expandirse. Para quienes ya rechazaban esta realidad —una que arrastra solo desde 2003, cuando comenzó el recuento oficial, 1.206 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas—, la ultraderecha supuso una reafirmación y un altavoz. Con el tiempo, ese discurso negacionista se ha ido filtrando a sectores de la sociedad en los que antes no había permeado. Lo ha hecho, sobre todo, entre los más jóvenes.

La violencia machista, sin embargo, fue definida hace décadas por la Organización Mundial de la Salud y por Naciones Unidas con distintos conceptos, como violencia sobre la mujer o violencia de género, y “se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. No solo las grandes organizaciones internacionales la definen y la recogen, también otros organismos supranacionales y nacionales y legislaciones de todo el mundo.

El PP no ha sido el partido con más perspectiva de género de la democracia española —el intento de reforma de la ley del aborto en 2014 con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, el recurso hace 13 años contra la ley vigente rechazado por el Constitucional en febrero, o sus votos nunca a favor en las leyes de igualdad son algunos ejemplos—, pero no había nunca confluido con Vox en la cuestión de la violencia machista. Sin embargo, después de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo, con la formación de múltiples gobiernos de coalición entre ambos partidos, se dibuja un panorama en el que se ve cómo los populares ceden terreno a favor del discurso de Vox en ese ámbito.

Ha ocurrido ya en la Comunidad Valenciana, donde, para conseguir pactar, los populares impusieron un veto a Carlos Flores, un diputado de Vox condenado por violencia machista. Flores no podía estar en el Ejecutivo autonómico si había coalición; se apartó, y a cambio irá como número uno en las listas de Vox al Congreso el 23 de julio. El PP lo vendió como un compromiso contra la violencia machista, pero los populares han hecho otras concesiones.

En su acuerdo de gobierno, la ideología de Vox sobrevuela todo el texto y, entre los 50 puntos que contiene, el 43 marca: “Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”.

No es únicamente la posición, relegada, en la que han aludido a la violencia machista. Es también que no la nombran. Tampoco aparece en ese documento ninguna mención expresa a la igualdad entre mujeres y hombres. Y esto contrasta directamente con el proyecto de los populares en la Comunidad Valenciana. Para estos últimos comicios, en su programa electoral, incluyeron la igualdad y la lucha contra la violencia de género en más de medio centenar de ocasiones, con el desarrollo de medidas concretas y específicas en distintos ámbitos como el acceso a la vivienda para mujeres víctimas, “talleres y charlas informativas en los centros educativos”, “reforzar el pacto valenciano contra la violencia de género” o “incrementar la red de espacios seguros para mujeres víctimas”.

“La violencia machista no existe”

En la dirección popular sostienen que están “metiendo en cintura a Vox” como se puede comprobar, según su tesis, en el hecho de que en Castilla y León el PP frenara el intento de los ultras de obligar a las mujeres que quisieran abortar a escuchar el latido del feto. “En el banco de pruebas, que es Castilla y León, en realidad no se ha ejecutado ni una sola decisión polémica”, insisten en el PP, al tiempo que recuerdan “los cientos de agresores sexuales excarcelados por la ley del solo sí es sí”. En el partido de ultraderecha, sin embargo, no han rebajado su posición.

El diputado autonómico de ese partido por Valencia, portavoz del grupo parlamentario en la pasada legislatura y uno de los nombres que suenan como posible presidente de las Cortes Valencianas, José María Llanos, afirmó el viernes que la violencia machista “no existe”. “La violencia de género no existe, la violencia machista no existe”, aseguró en declaraciones a TVE cuando acudió a las Cortes valencianas a recoger su acta de diputado.

Ante el debate generado, el propio presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, se pronunció en su cuenta de Twitter: “La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el Partido Popular no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste”.

Con todo, a pesar de la posición de Vox sobre esta cuestión, el equipo del candidato popular rechaza tener problemas con lo firmado en Valencia y asegura que no están “preocupados” por el acuerdo. “No hemos visto nada que rebaje la intensidad punitiva contra la violencia contra las mujeres. Nos preocuparía si se dieran pasos en esa dirección”, argumentan fuentes de Génova. Quienes sí están preocupados son los miembros del Gobierno autonómico saliente.

El Consell, en funciones, emitió el viernes un comunicado en el que afirma que “en los últimos días se han cruzado líneas rojas en la consideración y respuesta al principal problema que tiene la sociedad valenciana: la violencia machista”. Según las cifras que da el Consell, son 149 las mujeres asesinadas en esa autonomía desde 2003 y más de 7.000 denuncias solo en el primer trimestre del año, más de 80 al día. “Por responsabilidad institucional, ética y social, no podemos desproteger a las mujeres que sufren la violencia machista”, dice también ese documento en el que los diputados salientes alegan que “la Comunidad Valenciana no puede convertirse en tierra franca para el machismo. Debe seguir siendo una tierra de derechos, respeto e igualdad”.

Coaliciones de PP y Vox en decenas de ayuntamientos

No es esa comunidad el único lugar donde la ultraderecha ha marcado ya algunas líneas. En el documento de reparto del Ejecutivo de Burgos, donde PP y Vox gobernarán en coalición, el Área de Mujer e Igualdad ya no existe. En la “nueva estructura general orientativa del Ayuntamiento” hay varias concejalías, y Servicios Sociales, donde antes se integraba Igualdad, ahora pasa a llamarse Servicios Sociales y Familia e incluye Infancia, Juventud y Mayores, Solidaridad e Inmigración. Nada más. Más abajo, en el reparto de concejalías, el PP ostentará la titularidad de la “Gerencia de Servicios Sociales y Participación Ciudadana”; sin embargo, la “concejalía delegada Familia (infancia, juventud y mayores)” estará a cargo de Vox.

Desde el PP burgalés afirman que “el único cambio que se va a producir” es que “no habrá un área administrativa específica”, pero eso no significa “que vaya a dejar de haber políticas relacionadas” con igualdad. “Esto es lo que puedo decir hasta que se constituyan oficialmente las áreas de gobierno y se produzca la distribución de las mismas”, afirma una portavoz.

Sin saber aún qué ocurrirá, el pacto en sí entristece a la socialista Estrella Paredes, responsable ya saliente de la concejalía delegada de Juventud, Mujer y Equidad de Género. Arguye que implica la supresión de esa especificidad sobre las mujeres y añade conceptos vagos como la “incorporación de la perspectiva de familia tanto en la gestión municipal como en la normativa”, que hace dudar a Paredes sobre cómo afectará a las víctimas de violencia machista, una “prioridad” estos cuatro años de mandato.

La concejal delegada recalca que en los años previos de mandatos del PP sí hubo áreas encaminadas a la igualdad femenina, de ahí que tema la desaparición de avances como la casa de acogida a víctimas o “pisos de tránsito” para ellas, convenios con la Policía local [ahora dirigida por Vox], subvenciones y apoyo a asociaciones que ayudan a las mujeres y trabajan por la concienciación social, algo en lo que “cuesta muchísimo avanzar”. Paredes subraya los planes de atención psicológica a las afectadas, el impulso de Puntos violeta y formación para quienes los atiendan, proyectos de educación afectivo-sexual, un plan de igualdad prorrogado y que este año debía elaborarse un estudio para renovarlo o lo que ya se estaba preparando: una nueva ordenanza de prostitución, un protocolo de coordinación con la gerencia de Servicios Sociales y otro para vigilar junto a la Policía local posibles casos de niños víctimas de violencia vicaria.

En Toledo, Ciudad Real, Valladolid y Guadalajara, además de al menos otro medio centenar de ayuntamientos, también gobernarán conjuntamente PP y Vox. Hasta el momento, se ha filtrado que, en Ciudad Real, han acordado reestructurar las concejalías, “para una mayor eficiencia y sin nomenclatura ideológica”, por lo que van a eliminar la de Igualdad de Género y la de Sostenibilidad-Agenda 2030. Y crearán una de Familia.

Habrá que esperar para conocer las cuestiones concretas de todos aquellos lugares donde haya coalición, pero la posición habitual de Vox en algunos de esos consistorios, en los que ya tenían concejales, no difiere del discurso negacionista establecido. El horizonte que planea ahora, aunque agravado, no es nuevo. Allí donde ya hay gobiernos de coalición, Vox ha intentado atacar todo aquello en torno a la violencia machista, el feminismo y la igualdad. Y a veces lo han conseguido.

En el Parlamento de Andalucía, el primero al que entró la ultraderecha en 2018, fue la violencia de género lo que tensó la negociación entre PP y Vox. Los de Abascal intentaron imponer la retirada, entre otras cuestiones, de los apoyos presupuestarios para luchar contra la violencia machista. El PP en aquel momento no cedió y desde la dirección nacional insistieron en que no iban a renunciar “a la protección de las mujeres”. “Nunca iremos hacia atrás”, dijeron. Sin embargo, en 2020, la Junta suprimió las ayudas contra la violencia machista a 241 ONG, y en 2021 excluyeron los proyectos de atención a las víctimas de violencia machista de la línea de ayudas para su prevención.

En Castilla y León, donde se formó el primer Gobierno de coalición entre ambos partidos, el pasado año, la ley de violencia intrafamiliar ya era una prerrogativa de Vox y verbalizaron claramente que iban “a hacer todo lo posible para que se hable de violencia intrafamiliar y no violencia de género”. Alfonso Fernández Mañueco, el presidente, del PP, también dijo entonces que no daría “ni un paso atrás” y ha seguido desmarcándose de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, durante el tiempo que llevan de legislatura. Sin embargo, en esa autonomía los minutos de silencio por las asesinadas se convocan por “la trágica muerte” o “la mujer muerta” o se condena “todo tipo de violencia en el ámbito familiar”. Mañueco no ha derogado su propia ley de violencia machista, pero acabó aceptando una “ley de violencia intrafamiliar” paralela a la de género.

Dice Begoña Leyra, directora de la Unidad de Género de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Antropología, que los anteriores son solo ejemplos de pasos que ya se han dado y que “anticipan abrir la puerta a otros”. Está “convencida” de que si el objetivo de los populares es ocupar gobiernos, “se plegarán” para conseguir esos pactos y “el retroceso es una posibilidad clarísima”. “Los avances en políticas públicas cuesta mucho tiempo alcanzarlos, pero muy poco hacer que desaparezcan. Si algo nos dice la historia reciente es que ante cualquier problema, económico por ejemplo, lo primero que desaparece es aquello que tiene que ver con la igualdad, como ocurrió con la crisis de 2008″, recuerda.

En la lucha contra la violencia machista, autonomías y gobiernos locales tienen una importancia central por varias cuestiones. Son las administraciones de mayor proximidad para las mujeres, y además son las que tienen las competencias, y las que reciben y ejecutan los Presupuestos. Toda la red que España lleva creando y haciendo sólida desde hace dos décadas —desde centros de la mujer o asociaciones que asisten a víctimas, hasta las casas de acogida o los centros de crisis para violencia sexual— puede “peligrar” si quienes tienen que poner personal y recursos a su disposición “son Ejecutivos que afirman que la violencia machista no existe”, ahonda Leyra.