El pacto del torero y del condenado por maltrato

Una línea roja tapa una línea azul. Este es el trampantojo del PP valenciano para exhibir como un compromiso contra la violencia machista el pacto que ya había sellado previamente con Vox para poder gobernar la Comunidad Valenciana. Una línea roja anunciada como tal que evita pisar nombrando vicepresidente de la Generalitat a Carlos Flores Juberías, candidato de la extrema derecha condenado hace dos décadas por un delito ahora considerado violencia machista contra su expareja y madre de sus dos hijos. Y una línea azul solapada con el cerrojazo al maltratador mientras su ideario entra en tromba en el Palau de la Generalitat como mal menor.

Ahora, con el camino despejado para Carlos Mazón para ser investido presidente de la Generalitat Valenciana por el PP sin poner en un aprieto a Alberto Núñez Feijóo, solo falta por cuantificar el precio de que Flores Juberías se haya apartado de la ecuación con el pretexto de encabezar la lista de Vox al Congreso de los Diputados el 23 de julio. Vox quería repetir el modelo de Castilla y León en la Comunidad Valenciana, y que el candidato condenado por violencia machista se haya apartado no implica que su partido renuncie a una vicepresidencia de la Generalitat. Tampoco ha trascendido de momento cuántas consejerías dará el PP valenciano a la ultraderecha a cambio en la transacción, si bien podrían ser no menos de dos, ni cuáles. Por lo pronto, Vox tendrá la presidencia de las Cortes Valencianas. Los populares obtuvieron 40 escaños el pasado 28 de mayo y Vox 13. En esa proporción estará el resultado del reparto.

Sí que se conocen ya algunos de los ejes principales por los que habrá de transitar ese acuerdo calificado como de “cordialidad y diálogo”. Uno de ellos es la“libertad para que todos podamos elegir”, con claras resonancias a la restricción de la cooficialidad del valenciano recogida en el Estatuto de Autonomía, tanto en la Administración como en la enseñanza, una obsesión compartida tanto por la derecha como la ultraderecha. Con este eje concierta el de las “señas de identidad”, cuyo objetivo es “recuperar nuestras señas de identidad”, retomando una batalla identitaria que al PP le ha producido no pocos beneficios en momentos de falta de proyectos concretos. Es decir, reabrir la cansina cruzada de que, en contra de la ciencia filológica y de la autoridad universitaria, el valenciano no es catalán, un conflicto que se cerró en 1998 con la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua con el consenso de populares y socialistas y que el mismo PP reabre con oportunidad.

Otros ejes más genéricos están encaminados a “reducir el gasto innecesario” y “reforzar la sanidad pública y los servicios sociales”, aunque los detalles sobre cómo se llevará a cabo todavía son una incógnita, si bien durante la campaña se han apuntado algunas vías. El PP llega a la Generalitat con la bandera de bajar impuestos con un impacto de 2.000 millones, lo que en una comunidad infrafinanciada resultará complicado lograr sin hacer recortes tanto en la sanidad pública como en los servicios sociales. Mazón necesita a Vox como en 1995 Eduardo Zaplana necesitó a Vicente González Lizondo, líder de la extinta Unión Valenciana. Entonces el acuerdo fue bautizado como “el pacto del pollo” por haberse celebrado en el despacho de un ostensible empresario avícola y la política valenciana se convirtió en un circo de tres pistas. Ahora la negociación con el PP la han protagonizado por parte de Vox un condenado por maltratar a su mujer, un torero retirado (Vicente Barrera) y un político que se cambió de chaqueta (Ignacio Gil Lázaro, antiguo dirigente del PP valenciano). El espectáculo también está asegurado.