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La eliminación del copago de los Presupuestos beneficiaría a 7,8 millones de personas

Sanidad calcula que el coste para las comunidades sería de 392 millones de euros

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, en la rueda de prensa para presentar los presupuestos de su departamento.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, en la rueda de prensa para presentar los presupuestos de su departamento. EFE

La eliminación del copago de los medicamentos que pretende el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado beneficiaría a 7,8 millones de personas, según ha explicado la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, María Luisa Carcedo esta tarde. Esta "recuperación de derechos perdidos" por los recortes que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 costaría 392 millones a las comunidades autónomas, que con las que pagan y gestionan la atención sanitaria. Carcedo ha añadido que como la financiación autonómica aumentará en 6.487 millones, siempre según las cuentas que se presentaron ayer, tendrían dinero para asumirlo.

La ministra ha justificado que el copago que se estableció en 2012 dificultó que 1,2 millones de personas retiraran sus medicamentos de la farmacia, aumentó un 40% el gasto familiar en medicamentos y supuso que se hiciera un peor seguimiento de las recomendaciones de los médicos. Sin embargo, la idea no es volver completamente a la situación de 2012. Entonces solo tenían copago los activos, incluso aunque fueran parados de larga duración sin prestaciones. Y ningún pensionista cobraba, independientemente de los que ingresara.

En concreto, la medida afectaría a los pensionistas que cobren menos de 11.200 euros anuales. También a las personas perceptoras de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo. Esto supone que ingresan menos de unos 11.900 euros, ha dicho la ministra.

Esta medida es la estrella en el ámbito sanitario de Carcedo. Tanto, que en la rueda de prensa convocada para explicar los Presupuestos de su departamento ha sido la única desarrollada. Las otras que ha mencionado son los 22 millones para la gestión sanitaria de Ceuta y Melilla que lleva el ministerio a través del Ingesa. Esta partida incluye obras en el hospital de Melilla y un centro de salud en El Tarajal, ha dicho la ministra.

También se incluyen medidas para los afectados por la talidomida, pero no se especifica el total. Carcedo ha dicho que se respetarán las cantidades de los Presupuestos de 2018, pero estos solo asignaban 20 millones en total, sin decir para cuántas personas. Por eso la asociación de afectados, AVITE, criticó que tocarían –según sus cuentas– a 65.000 euros por persona, una cantidad que les parece inaceptable. La ministra dijo que estaba pendiente de las valoraciones que el Instituto de Salud Carlos III está haciendo para ver cuántos de los reclamantes son efectivamente afectados por el fármaco. Precisamente hoy la asociación ha presentado una demanda patrimonial contra el Estado por 390 millones. 

Las cuentas prevén gastar 8 millones en la mejora de los sistemas de gestión sanitaria. El objetivo es tener ya este año la interoperabilidad de las recetas electrónicas y la historia clínica digital, entre otros asuntos.

La Organización Nacional de Trasplantes recibirá 2,1 millones (menos de 400 euros por trasplante).

En verdad, el dinero del ministerio tiene un peso mínimo en el gasto sanitario estatal. Este superó el año pasado los 70.000 millones, mientras que la parte que gestionó el departamento para este asunto fue de unos 330 millones (sube a 365 este año). De hecho, el ministerio va a dedicar 2.716 de sus 3.133 millones este año (el 87%) a servicios sociales (atención a la dependencia).

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