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El Gobierno busca una solución definitiva para los afectados de la talidomida

El Ministerio de Sanidad propone un proyecto de ley urgente para quienes sufrieron malformaciones por un medicamento en los 50 y 60

Juicio por el caso de la talidomida, en 2013.
Juicio por el caso de la talidomida, en 2013.

El Gobierno promete buscar soluciones definitivas para las víctimas de la talidomida, el medicamento que causó graves malformaciones en bebés a finales de la década de los 50 y principios de los 60. El secretario general de Sanidad, Ricardo Campos, se ha reunido este miércoles con los representantes de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) para anunciarles que el Gobierno pondrá en marcha un proyecto de ley de tramitación urgente "para dar una solución efectiva a sus demandas".

La reunión se produce justo un día antes de que el Congreso de los Diputados vote una enmienda a los Presupuestos Generales 2018 para aumentar las indemnizaciones. Se trata de una de las dos docenas de rectificaciones presentadas por el Partido Popular a sus propios presupuestos, interpretadas como una venganza contra el PNV por apoyar la moción de censura de Mariano Rajoy.

El secretario general de Sanidad considera la propuesta del PP "técnicamente inviable". "Al no llevar consignación presupuestaria no se puede ejecutar, por lo que es un brindis al sol y una medida demagógica", ha subrayado tras la reunión en el Ministerio de Sanidad. Campos también ha prometido a los afectados que el Gobierno iniciará un "diálogo" con la compañía propietaria de la patente y con las empresas distribuidoras del medicamento para abordar su "posible responsabilidad económica".

Los afectados españoles por la talidomida, denuncia la asociación, son los únicos del mundo que no han recibido compensaciones económicas. Y su pelea vienen de largo: en noviembre de 2013, un juzgado de Primera Instancia de Madrid sentenció a la farmacéutica Grünenthal a pagar indemnizaciones a 180 personas. A cada una le correspondía 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía reconocida, es decir, alguien con un 33% de discapacidad recibiría 660.000 euros. Sin embargo, menos de un año después, la Audiencia de Madrid anuló la sentencia al considerar que los delitos habían prescrito. El Supremo descartó indemnizarlos en 2015. El Constitucional rechazó también su recurso en 2016. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó en julio del año pasado la demanda de los afectados.

La nueva propuesta del Gobierno del PSOE es el tercer intento por dar con una solución, tras las iniciativas de José Luis Rodríguez Zapatero y la exministra de Sanidad del PP, Montserrat Dolors.

La asociación calcula que pudo haber unas 3.000 personas con malformaciones por culpa del medicamento en España, aunque no hay datos concretos. En 2010, solo 24 personas fueron reconocidas como víctimas. El laboratorio alemán Grünenthal vendía la talidomida como remedio contra los vómitos y las náuseas durante los primeros meses de embarazo. Hasta 1962, cuando fue prohibido en España, miles de mujeres consumieron el medicamento, auque Avite sostiene que ocurrió durante muchos años más.

Desde enero, y hasta finales de julio, las personas que crean que sufren malformaciones por culpa de la talidomida pueden solicitar que se revise su caso para averiguar si tienen derecho a una indemnización por parte del Estado. Quienes presenten la solicitud, deben tener nacionalidad española y haber nacido entre el 1 de enero de 1955 y el 31 de diciembre de 1985.

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