Sanidad quiere quitar el copago a jubilados y activos con ingresos bajos

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La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha anunciado este martes en un desayuno organizado por el Fórum Europa el propósito de eliminar el copago de los medicamentos para los pensionistas que ingresen menos de 9.000 euros al año y los activos con hijos a su cargo con los mismos ingresos. Ha dicho que esta medida está en el proyecto de Presupuestos del Gobierno para 2019. Sería, si sale, el primer paso para eliminar los copagos que introdujo el Ejecutivo del PP en 2012. "De este modo se permite el acceso a medicamentos y productos terapéuticos a quienes de otra manera no pueden afrontar tal gasto. Acabamos así con una de las medidas más regresivas y perjudiciales para la salud que se tomaron durante la crisis", ha dicho la ministra.

Hasta abril de aquel año, el sistema del copago de medicamentos era el siguiente: los pensionistas no pagaban nada, independientemente de sus ingresos, y los activos pagaban el 40%, incluso aunque fueran parados o cobraran menos que un jubilado. El real decreto de los recortes del PP lo cambió y estableció que los pensionistas empezaran a pagar parte de los medicamentos que les recetan, salvo que la prestación fuera mínima o no contributiva. Para los activos se establecieron cuatro tramos: exentos si son parados sin prestación, el 40% hasta el ingreso mínimo para declarar, el 50% hasta los 100.000 euros de ingresos anuales y el 60% por encima de ese importe. Los funcionarios adscritos a Muface seguían pagando todos, activos o jubilados, lo mismo, el 30%.

Carcedo ha afirmado que la imposición de copago a los pensionistas ha empeorado su adherencia; es decir, que ha hecho que no tomen todas las medicaciones recetadas ni durante todo el tiempo prescrito, con el riesgo que ello supone. Además, ha hecho que el gasto en farmacia de los hogares españoles se dispare, hasta convertirse en "uno de los más altos de la UE". "Hasta dos millones de españoles reconocen que no pueden retirar [pagar a las farmacias] todos los medicamentos prescritos", ha dicho la ministra.

Cálculos de la patronal de farmacias FEFE estiman que eliminar el copago a todos los jubilados costará unos 400 millones a las Administraciones (y se los ahorrará a los pensionistas).

Según los datos del Ministerio de Hacienda, en España hay unos 3,3 millones de personas que cobran menos de 650 euros al mes (aproximadamente la cantidad para ingresar 9.000 euros al año en 14 pagas), que serían los principales beneficiarios de esta medida, pero la mayoría (los que cobran pensiones mínimas y no contributivas) ya están exentos. Por ejemplo, hay unas 450.000 pensiones no contributivas, entre las de jubilación y las de invalidez, y la pensión considerada mínima por jubilación sin cónyuge a cargo es de 623,40 euros al mes y la de viudedad es de 656,90. Eso quiere decir que quienes ganan menos de esa cantidad ya están exentos del copago. 

La titular de Sanidad también ha defendido la viabilidad de una sanidad pública para todos, dada la eficacia del modelo español, en el que la atención primaria "resuelve el 90% de las demandas".

La ministra ha descartado una recentralización de competencias como la que ha hecho Alemania y ha dicho que la cartera de servicios común, el sistema de formación de profesionales que es único para toda España y el sistema de centros de referencia son garantía de la equidad para todos los ciudadanos, sean de la comunidad autónoma que sean.

Problemas de personal

Por último, Carcedo ha anunciado que se aumentarán las plazas MIR y que se desbloqueará la aprobación de unidades docentes para formar más profesionales ante las previstas jubilaciones de médicos en los próximos años. Al respecto ha indicado que se ha convocado la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. 

La carrera de Medicina está especialmente reglada porque en su diseño intervienen Educación y Sanidad, ya que el grado debe completarse con el MIR (el periodo de prácticas de los titulados hasta que consiguen la especialidad), y esta tarea es, a la vez, asistencial y docente.

La situación actual, con una proliferación de facultades, crea un embudo cuando llega el momento de acceder a las plazas MIR. En 2018 se ofertaron 6.513 plazas, 12 menos que el año anterior, distribuidas en 44 especialidades. Ese año salieron de las universidades 7.000 titulados. La idea del sistema es que se gradúen aproximadamente tantos estudiantes como plazas de formación en la especialidad se vayan a ofertar, pero los recién titulados no son los únicos que se presentan a las pruebas MIR. En total, el año pasado hubo más de 14.000 aspirantes, porque hay extranjeros que quieren convalidar su título, graduados de otros años que no sacaron plaza, médicos que quieren cambiar de especialidad... etcétera. 

Y estas dificultades van a aumentar con la proliferación de universidades que ofrecen el título de Medicina (en 2010 había 28; ya son más de 40). Y, por otro lado, con el problema de la jubilación de médicos. "Hasta la mitad de docentes se jubilarán de aquí a 2026 sin que su relevo esté asegurado", concluyó en septiembre pasado la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina. En España, según el Ministerio de Sanidad, trabajan en el sistema público de salud 144.000 médicos. Pero, de ellos, advierte el estudio de los decanos, que publicaron en la Revista Clínica Española, la mitad, unos 70.000, se jubilarán en los próximos 10 años, lo que urge a que se busquen remplazos.