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El copago de fármacos cuesta 400 millones al año a los pensionistas

La medida la implantó en 2012 el PP para recortar el gasto público en sanidad

Una jubilada en una farmacia de Madrid hace un año.
Una jubilada en una farmacia de Madrid hace un año.

El último Observatorio del Medicamento que publica la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) calcula que la introducción del copago en los medicamentos a los pensionistas ha reportado a las arcas públicas unos 400 millones de euros. La cifra se obtiene a partir de los datos de las recetas, ya que las de los pensionistas tiene unos códigos que son los que indican qué porcentaje del medicamento deben pagar.

Hasta abril de 2012, los pensionistas —sin contar los funcionarios que están acogidos a Muface— no pagaban nada por los medicamentos que les dispensaban en las recetas. Ese mes, el Gobierno de Mariano Rajoy, siendo Ana Mato la ministra de Sanidad, decidió, entre otras medidas, cambiar esta medida. Para ello introdujo cuatro franjas de pago: seguir con el 0%, si se trata de pensiones no contributivas o mínimas; el 10% con un máximo de 8 euros al mes si se ingresan hasta 22.000 euros al año; el mismo porcentaje con un límite de 18 euros mensuales si se ingresa entre 22.001 y 100.000 euros; el 20% hasta los 60 euros al mes si se ingresan más de 100.000 euros al año.

La patronal que preside Luis María de Palacio calcula que esta aportación representa alrededor del 4% del gasto de las comunidades en los medicamentos dispensados en farmacias (no se incluyen los que se dispensan o utilizan en los hospitales). Además, tiene una peculiaridad: este porcentaje es bastante estable, ya que la población pensionista también lo es. Eso quiere decir que desde que se implantó la medida hasta ahora los pensionistas no solo han tenido sus ingresos con subidas del  0,25%. También han visto su poder adquisitivo reducido porque han tenido que pagar parte de la medicación que necesitan (unos 47 euros al año de media, 4 euros al mes cada uno de los aproximadamente 8,5 millones de pensionistas que hay en España).

Un paquete de medidas sin evaluar

El Ministerio de Sanidad decidió en abril de 2012 un paquete de recortes que afectaban al gasto en medicamentos, personal y otras partidas. El objetivo, en plena crisis, al poco de llegar el PP al Gobierno, era ahorrar 7.000 millones al año. No hay datos que hayan evaluado este aspecto.

Y, en Sanidad, evaluar no es solo cuantificar importes. También está el impacto de las medidas. Por ejemplo, se sabe que unas 900.000 personas perdieron el acceso general a la sanidad pública, pero no se ha calculado cuánto se ahorró con ellas.

Algunos estudios que apuntan a importantes perjuicios en la salud. Por ejemplo, en Valencia, un estudio calculó que el 7% de los jubilados dejaba de tomar medicamentos para evitar problemas cardiacos. Otro trabajo, este de la Universidad Pompeu Fabra, calcula que la mortalidad entre inmigrantes sin papeles ha subido un 15%. Pero incluso sus autores calculan que estas cifras son solo la punta del iceberg.

A esta cifra hay que sumar el millón largo de jubilados que eran funcionarios, cuya prestación sanitaria está a cargo de Muface, una entidad en la que, se sea jubilado o no, el copago de medicamentos es del 30%.

Para hacerse una idea del impacto de esta medida en las cuentas de las Administraciones, entre 2012 y 2013, el primer año de aplicación de la medida, el gasto en farmacias bajó en unos 600 millones de euros, según los datos del Ministerio de Sanidad, de los que, por lo tanto, dos terceras partes corrieron a cargo de los pensionistas.

En los siguientes años la situación es aún más llamativa. Entre 2013 y 2014 la factura subió 200 millones de euros. Ello quiere decir que en un año las otras medidas del real decreto 20/2012 —impulso de genéricos, sacar medicamentos para enfermedades o síntomas leves de la financiación— ya se habían amortizado.

La derogación de ese real decreto en su conjunto o, al menos, de las partes que afectan a los pensionistas y a los inmigrantes en situación irregular es una propuesta del PSOE y de Podemos. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno formado por el PSOE, Compromís y Podemos lo que ha hecho ha sido asumir la parte del copago de sus pensionistas.