Los márgenes del Jarama esconden desde 1970 restos de un escape radiactivo clandestino

La sucia herencia radiactiva de aquel 7 de noviembre de 1970 llega hasta un cruce de carreteras a caballo entre Madrid y Toledo. Ahí –en una zanja de más de 200 metros cuadrados cubierta de hierbajos, a 30 centímetros de profundidad y sin ningún tipo de señalización o delimitación– reposan desde hace casi 50 años tierras contaminadas por una fuga radiactiva que la dictadura escondió. En total, el franquismo abandonó lodos contaminados en ocho enterramientos clandestinos como este a lo largo del canal del Jarama.

El vertido de 1970 –de varias decenas de litros de líquido altamente radiactivo del procesamiento de combustible nuclear gastado de un reactor experimental– partió del entonces llamado Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid. Se coló por las alcantarillas y fue a parar al Manzanares. De ahí pasó al Jarama, a la real acequia de ese río y al Tajo. El franquismo –inmerso entonces en la aventura de lograr una bomba atómica patria con su proyecto Islero y de limpiar la imagen internacional de la dictadura– no puso en marcha ningún plan de contención y ocultó el accidente. También los residuos.

La de ese cruce de la carretera que conduce a Borox (Toledo) es la "banqueta" número cuatro de las ocho que excavaron los técnicos de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) hace casi medio siglo para enterrar los lodos contaminados con Cesio-137 y Estroncio-90, dos isótopos radiactivos. Enterrarlos furtivamente en esas "banquetas" –elevaciones del terreno en los márgenes del canal de riego– fue el epílogo de la llamada "operación Tajo" de limpieza.

Las zanjas han permanecido en la clandestinidad hasta ahora. Y, según los informes a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la última vez que se tomaron muestras para acometer una evaluación radiológica de las banquetas fue en mayo de 1995. Cuando los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fueron en aquel momento a la zona, dos de aquellas banquetas ni siquiera se pudieron localizar; y varias habían sido modificadas por obras de carreteras y otras construcciones.

La última vez que se elaboró un informe partiendo de una inspección visual de las zanjas por parte del Ciemat (el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) fue en junio de 1998. Ninguna de las zanjas a lo largo de este canal de riego, que en ciertos tramos abastece a tierras de cultivo de Madrid y Castilla-La Mancha, está señalizada ni delimitada.

Los actuales responsables del Ciemat y el CSN –los dos organismos que sucedieron a la Junta de Energía Nuclear (JEN)– restan importancia a los enterramientos y a su hipotético impacto sobre la población. Defienden que con el paso del tiempo el nivel de radiación se ha reducido.

"En 2014 se realizó una actualización de datos [pero partiendo de las muestras de 1995] y se concluyó que no hay ningún problema radiactivo que pueda afectar a las personas", sostiene Ramón Gavela, director general del Ciemat. En la misma línea, un portavoz del Consejo de Seguridad Nuclear traslada: "Al CSN no le consta la existencia de un riesgo radiológico significativo". Pero informes internos del CSN –que datan de 2012– indicaban la necesidad de "realizar una caracterización más completa del alcance de la contaminación" en las zanjas. También proponían los técnicos analizar otros "emisores alfa" además del Cesio-137 y Estroncio-90, que son los que se han medido hasta ahora. Sin embargo, estas recomendaciones no se han aplicado en los últimos seis años por parte del Ciemat y el CSN.

Ambos organismos públicos son los herederos directos de la Junta de Energía Nuclear, el ente culpable del vertido y, a la vez, el que se encargó de la limpieza y el enterramiento a escondidas de los lodos en los márgenes de los más de 70 kilómetros de la acequia del Jarama. Con la llegada de la democracia, en 1980, la JEN se disolvió y sus funciones se dividieron: al CSN se le encargó velar por la seguridad nuclear y al Ciemat se le encomendó la investigación y experimentación a través de, por ejemplo, aquel reactor experimental que desencadenó el vertido.

Para comprender completamente la historia de las banquetas hay que retroceder de nuevo a aquellos años finales de la dictadura franquista.

19 de abril de 1971. El entonces jefe de la sección de seguridad nuclear de la JEN resumió en un escrito –que firma solo con sus iniciales, A. A.– qué se haría para concluir la "operación Tajo" de limpieza. Tras el vertido, la Real Acequia del Jarama se había drenado para su limpieza. Luego se retiraron los lodos contaminados que quedaban en el fondo de ese canal.

Por un lado, la JEN decidió "abandonar en el sitio" los sedimentos con los niveles más bajos de radiactividad. El responsable de este organismo ordenó que los más contaminados se metieran en "bidones" y se llevaran "a un cementerio apropiado"; el lugar elegido fue El Cabril, que entonces era solo una mina de la provincia de Córdoba en la que se abandonaban sin más los residuos.

Para la franja intermedia de tierras contaminadas –aquellas en las que la radiactividad estaba comprendida entre los 50 y los 500 microrem hora– la JEN buscó otro destino: que se enterraran en los márgenes del canal del Jarama. Según aquel escrito de 1971, se debían mantener unas precauciones, como que “los enterramientos” estuvieran "sometidos a control técnico y administrativo” y que se conociera “perfectamente su localización". Para ello se elaboraron unos esquemas en los que se identifican las ocho zonas a lo largo del canal en las que se ubicaron los “cementerios”, según se denominan los enterramientos en esos dibujos.

Octubre de 1994. Tanto el accidente como el enterramiento de los residuos fueron ocultados por la dictadura. Y las zanjas cayeron en el olvido también durante la democracia. Pero el 24 de octubre de 1994 EL PAÍS publicó un reportaje sobre el accidente partiendo de los documentos secretos de la dictadura. En aquella información se describía el enorme alcance del vertido y la ocultación del siniestro a la que se sometió a la población. De la existencia de las banquetas no salió nada a la luz. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió una investigación a raíz de aquel artículo. Y, en el transcurso de las diligencias, aparecieron referencias a los enterramientos olvidados. El ministerio público ordenó al CSN que analizara las zanjas.

Tres técnicos del CSN y dos de un laboratorio privado visitaron el 11 y el 12 de mayo de 1995 el canal del Jarama en busca de muestras para examinar luego.

"Estuvimos una mañana allí con un equipo del CSN", consigue recordar el fiscal Javier Comín, que acompañó a los técnicos el primer día. "Estuvieron midiendo y me enseñaban las mediciones. Salvo alguna zona, todo era alto pero normal. Una zona sí me sorprendió", rememora.

"Los valores de las banquetas cuatro, seis y uno (...) son muy superiores a los valores ambientales habituales", reconocía el informe que elaboró la Subdirección de Protección Radiológica tras la visita. En el documento, fechado el 11 de julio de 1995, se resalta que, pese a todo, las dosis no implicaban "riesgo radiológico significativo para la población". Pero en el documento también se admitía que había varios cementerios modificados y dos de las zanjas directamente no habían podido ser localizadas.

Como principal recomendación, los técnicos escribieron: "Los resultados obtenidos en las muestras de suelo demuestran que, en aquellos casos donde se ha localizado exactamente el lugar donde tuvo lugar el enterramiento, se detectan valores de concentración de actividad muy superiores a los valores ambientales, que si bien no suponen un riesgo para las personas, aconsejan que se mantengan los actuales enterramientos sin alterar".

Entre enero de 1997 y mayo de 1998 los técnicos del Ciemat hicieron mensualmente un control visual de las banquetas que sí se habían localizado. Pero en junio de 1998 se terminaron aquellos informes. Un mes antes la fiscalía había archivado sus diligencias al no apreciar delitos tras casi tres décadas desde el vertido y la operación de limpieza. El Ciemat, según la documentación del caso, decidió en ese momento que ya no había "justificación técnica razonable para la continuación de la vigilancia visual de las banquetas ni para imponer restricciones a potenciales usos del área donde se encuentran ubicadas". Y las zanjas regresaron al olvido.

Noviembre de 2012. El área de Protección Radiológica Ambiental del CSN elaboró hace seis años el documento Análisis de la información del plan de actuaciones del Ciemat para el estudio radiológico de las zonas de enterramiento situadas a lo largo del canal real del Jarama. La principal conclusión es que se debe "realizar una caracterización más completa del alcance de la contaminación".

Según el informe, para acometer la caracterización se debería "confirmar la profundidad en la que se depositó el material enterrado"; también, establecer criterios para unos nuevos sondeos; analizar la presencia de más emisores alfa además del Cesio-137 y Estroncio-90 ya estudiados. Por último, se propone elaborar una "nueva estimación del riesgo asociado del uso real de cada una de las banquetas en base a la caracterización más completa".

Pero estas recomendaciones no se han aplicado. El Consejo de Seguridad Nuclear asegura que, "desde la realización del citado informe en 2012, el CSN ha mantenido una constante interacción técnica con el Ciemat sobre este asunto". Y argumenta que "de todas estas interacciones con el Ciemat al CSN no le consta la existencia de un riesgo radiológico significativo". Pero no aclara las razones por las que no se ha realizado una mejor caracterización de los enterramientos, como recomiendan sus propios informes.

Ramón Gavela admite que "hubo algo de oscurantismo", pero solo referido al momento del accidente y el proceso de limpieza. "Los terrenos se limpiaron a un nivel adecuado a la normativa de aquella época", añade. Mucho más crítico se muestra Francisco Castejón, miembro de Ecologistas en Acción, físico y trabajador del Ciemat. Habla de una herencia derivada de "las malas prácticas de la industria nuclear o del menosprecio de la contaminación radiactiva por los técnicos de esa industria". Recuerda que en 2000 "las dosis radiactivas máximas aceptadas por la ley se dividieron por cinco y esos lodos pasaron a representar un riesgo real de recibir altas dosis ilegales".

Castejón critica que la dirección del CSN ignore su propio informe de 2012: "Es imprescindible caracterizar todos los enterramientos de los lodos para conocer el alcance de la contaminación y proceder a la descontaminación del terreno lo antes posible. De lo contrario se está poniendo en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente".