Meirás, la otra ‘exhumación’ pendiente

Lo mismo que las picaduras, las verbenas, los artefactos incendiarios en los montes, los atascos y los pimientos de Padrón, cuando aprieta el calor del verano, en el Ayuntamiento de Sada se multiplican las quejas de los turistas que han tratado de concertar una visita al Pazo de Meirás y se han encontrado con que nadie les atiende al otro lado de la línea. Así lo afirman desde el consistorio, cuartel general de la lucha gallega por recuperar los bienes entregados a Franco en la dictadura. Su alcalde, Benito Portela (del grupo independiente de izquierda Sadamaioría), defiende que esta causa pendiente debería ser igual de prioritaria para Pedro Sánchez como la exhumación de los huesos del Generalísimo del Valle de los Caídos. Y esta semana ha enviado a la Moncloa su segunda carta con ese objetivo. La primera, todavía sin respuesta por parte del presidente, la escribió el 19 de junio, solo medio mes después de que Sánchez tomase posesión. La modificación por decreto de la Ley de Memoria Histórica, insiste ahora el regidor en su nueva misiva, "debe amparar la retirada de los restos" de Franco, "pero también la retirada de sus herederos del pazo de Meirás". Porque esta "propiedad por ellos detentada" es "resultado de la extorsión, del régimen de terror y del fraude, tal y como consta en varios informes históricos y jurídicos que han sido remitidos a la Administración General del Estado".

Portela exige para este caso "un tratamiento y actuación conjunta" con la del Valle de los Caídos. Un antecesor en el cargo e histórico alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares (PP primero y Partido Demócrata Sada Popular después), tenía colgada una foto de Franco en su despacho, pero el actual mandatario local considera "una urgencia y necesidad democrática" la "incorporación al patrimonio público" de la mansión declarada BIC (Bien de Interés Cultural) tal y como "demanda la inmensa mayoría de la ciudadanía española; y gallega y sadense en especial". Con el mismo fin, Benito Portela apremia al Gobierno para que "ordene a la abogacía del Estado la interposición, a la mayor brevedad posible, de las acciones civiles oportunas ante el juzgado de Betanzos (A Coruña)", tal y como acordó reclamar al Ejecutivo, por unanimidad, el Parlamento de Galicia el pasado 11 de julio.

Y mientras el alcalde de Sada reclama Meirás para el pueblo por "higiene democrática", a solo 40 kilómetros de distancia el de Ferrol, Jorge Suárez (Ferrol en Común), lleva semanas advirtiendo que su gobierno no va a dejar que los despojos que se desentierren vayan a parar a la ciudad coruñesa: "No vamos a permitir que trasladen los restos del dictador a un panteón que fue obtenido a través de privilegios", ha avisado, y después ha invitado a los Franco a "ponerse a la cola de la ventanilla, como cualquier ciudadano", para "solicitar un nicho" si el deseo familiar es depositar los restos del militar en su ciudad natal.

El propio Suárez hizo público en julio un documento municipal de 1967, cuando era alcalde Rogelio Cenamor, por el que el Ayuntamiento regalaba plazas de enterramiento a "un hijo ilustrísimo de la ciudad" en el cementerio de Catabois, actualmente ocupadas por varios difuntos de la familia Franco. Según el actual gobierno local esta autorización es "revocable" porque "se puede demostrar que esta concesión no fue realizada de manera regular", sino en virtud de unos "privilegios, como los que tenía Carmen Polo cuando venía a Ferrol en plan saqueo".

La demanda civil sobre Meirás que Galicia reclama al Estado se sumaría a la que ya presentó el año pasado otro Ayuntamiento gobernado por las mareas, el de Santiago (Compostela Aberta), para que los Franco devuelvan dos estatuas de la antigua fachada románica de la catedral, Isaac y Abraham. Durante décadas, las esculturas del taller del Maestro Mateo decoraban la entrada del Palacio de Cornide en A Coruña, otro inmueble que engrosó el patrimonio de los Franco en una sombría maniobra de los prohombres gallegos del régimen. Este año, después de ser expuestas en el Prado y el pazo de Xelmírez (arzobispado compostelano), fueron empaquetadas y trasladadas a la capilla de Meirás mientras miembros del BNG se encadenaban en la Praza do Obradoiro para tratar de impedirlo.

Con momentos más candentes que otros, y siempre con polémica en los meses de agosto en que los descendientes del dictador, siguiendo los pasos de su padre y abuelo, cerraban el pazo para su solaz estival, la cuestión del patrimonio de los Franco ha acabado por instalarse durante las cuatro estaciones en la actualidad política de Galicia sin visos de ir a retirarse. El incumplimiento de un número mínimo de aperturas (cuatro viernes al mes) a las que el BIC está obligado por ley se saldó en los últimos años con dos expedientes administrativos abiertos por la Xunta, visitas de parlamentarios gallegos y europeos al caserón y una multa casi simbólica (4.500 euros) a la familia por parte de la Consellería de Cultura hace 11 meses.

El alcalde de Sada achaca en buena parte este cambio del viento, que ahora sopla contra los Franco, al hecho de que en la primavera de 2017, meses antes de morir, Carmen Franco Polo, la hija del dictador, confiase la gestión de Meirás a la fundación dedicada a enaltecerlo. La Fundación Francisco Franco llegó anunciando que su misión en el pazo sería transmitir la "grandeza" del jefe del régimen, y a partir de ahí, recuerda Portela, el PP en Galicia se vio obligado a cambiar de actitud: ya no pudo sostener por más tiempo su postura tibia ni votar contra las iniciativas de la oposición. Pero fue ahora hace un año, el 30 de agosto de 2017, cuando empezó a verse que el patrimonio de los herederos de Franco no era tan intocable como parecía.

Ese día tomaron las torres unos 20 activistas del Bloque Nacionalista Galego y la Confederación Intersindical Galega y desplegaron enormes pancartas sobre la fachada pidiendo la "devolución de lo robado". Después de esta foto que se convirtió en icono de la causa, las aguas ya no volvieron a calmarse, como solía ocurrir cada septiembre a pesar de la lucha permanente del gobierno local de Sada. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, propuso medio mes después crear una comisión para "acreditar vicios ocultos" en la donación de Meirás.

Y después no fueron una, sino dos comisiones de juristas las que trabajaron durante meses, entre el otoño y la primavera pasados, con el objetivo de acreditar que existían vías legales para recuperar "sin coste" el pazo. Una (la Junta pro Devolución de Meirás) se organizó con 80 entidades en la Diputación de A Coruña, y la otra fue impulsada desde la Xunta. El estudio liderado por el gobierno provincial se presentó a finales de febrero y concluía que debía ser Patrimonio Nacional quien impugnara en los tribunales, por ser "simulado", el contrato de compraventa que firmó Francisco Franco en 1941. Los investigadores destaparon que con esta escritura el dictador burlaba su propia Ley de Patrimonio, que le obligaría a incorporar la finca al patrimonio público por ser un bien al servicio de la Jefatura del Estado.

Mientras tanto, en febrero los herederos ponían a la venta el inmueble por ocho millones en MiKeli, una inmobiliaria cántabra. Una tasación previa calculaba que el pazo valía 14. El dueño de la agencia reconocía que era un precio de "ganga" para tratar de venderlo en medio de una polémica que dificultaba cualquier transacción. Sobre todo después de que el plan general de Sada haya vetado cualquier conversión en hotel de las torres de Meirás si sigue en manos privadas.

El informe de los peritos de la Junta pro Devolución llegó a Madrid cuando gobernaba todavía el PP, y fuentes oficiales de Patrimonio Nacional declaraban a El País que descartaban acudir a los tribunales porque, a su entender, no tenían competencia para hacerlo. El dictamen de la comisión de la Xunta, sin embargo, arribó a La Moncloa ya en tiempos de Pedro Sánchez. Este estudio jurídico, que no es incompatible con el de la Diputación, explora otros cauces y confirma que, en realidad, Meirás nunca dejó de ser un bien público, ya que desde que el pazo fue donado por cuestación popular a Franco, el Estado gastó en él cantidades millonarias en obras de mantenimiento y personal como residencia oficial que fue entre 1938 y 1975.