Galicia urge al Estado que pleitee para recuperar “sin coste” el Pazo de Meirás

El Parlamento gallego reclamará al Gobierno que inicie “urgentemente” los trámites de la demanda civil para la reversión al dominio público del Pazo de Meirás. La Cámara autonómica ha aprobado por unanimidad este miércoles un texto de consenso de las tres proposiciones no de ley con las que acudieron divididos al pleno los grupos de PP, En Marea y BNG que, con matices, compartían el mismo objetivo: que la residencia de verano del dictador “sea devuelta a su legítimo titular”, el pueblo gallego.

La principal discrepancia se basaba en la posibilidad de aceptar una posible indemnización a la familia Franco. Finalmente el acuerdo deja claro que la reversión del pazo deberá realizarse “sin coste alguno”. El acuerdo ha sido aplaudido por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica que ha felicitado a los partidos por “el esfuerzo” de pactar un texto que demuestra la “madurez democrática de Galicia” y que marca “un antes y un después” en esta reivindicación. La proposición consensuada reconoce el trabajo realizado desde hace años por historiadores, asociaciones de memoria histórica, Xunta pro Devolución do Pazo y otras instituciones en la recuperación de este bien patrimonial e insta además a la Xunta a que se adhiera a la acción legal en cuanto sea ejercida por el Estado.

La urgencia del inicio de los tramites que destaca el texto aprobado pretende evitar que los herederos del dictador se lucren de nuevo mediante una posible venta de un patrimonio expoliado al pueblo de Meirás, situado en el término municipal de Sada (A Coruña).

Pese a que los grupos no consiguieron consensuar un texto único para presentar al pleno, todos apelaron a alcanzar el acuerdo unánime contra una “infamia que dura ya varias décadas”, en palabras del portavoz de En Marea, Antón Sánchez, que consideró que lo contrario supondría “una deslealtad hacia la gente que ha peleado tanto por ello”. De la misma forma, la diputada del BNG Ana Pontón reclamó a la Cámara una postura que permita “estar a la altura del reto” y el popular Pedro Puy apeló también al acuerdo común para evidenciar “la superioridad moral de la democracia sobre la dictadura”. Xaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) aludió por su parte al carácter “plural” del informe de la comisión de expertos para reclamar el consenso conseguido.

El Parlamento de Galicia declara finalmente el apoyo a las conclusiones del informe elaborado por el comité de expertos designado por la Consellería de Cultura para explorar las vías de la recuperación de la propiedad, aunque evitando que la familia Franco reciba un solo euro. Los expertos, 12 especialistas independientes, concluyeron que es posible alcanzar este objetivo si la Administración General del Estado presenta una demanda civil contra los herederos de la hija del dictador, Carmen Franco Polo, en el juzgado de primera instancia de Betanzos (el partido judicial en el que está ubicado el pazo).

La posibilidad de que la demanda incluyese una posible indemnización a los herederos del dictador, como se plantea en el informe de los expertos, fue uno de los escollos para el acuerdo. En Marea y BNG se opusieron rotundamente. Sánchez se preguntó por qué anticipar esa conclusión. “Si un juez estima la demanda y fija una indemnización, ya se verá lo que se puede hacer”, señaló. En términos similares se expresó Leiceaga. Indicando que no está a favor de la “incautación de bienes” sino de seguir las reglas, el socialista se mostró partidario de dejar en manos del juez la decisión sobre la posible indemnización.

Pontón calificó la posibilidad del pago de “humillación” y advirtió que su grupo no participaría de un acuerdo en el que se contemplase indemnización alguna a los Franco ni coste alguno para el pueblo gallego por una propiedad “que ya debería formar parte del patrimonio público”. El PP accedió.

En Marea y BNG cedieron por su parte en su pretensión de remitir al Gobierno central junto al informe de los expertos encargado por la Xunta el estudio realizado por la Diputación de A Coruña y también en su reclamación de que se incluyesen en el acuerdo los posibles usos futuros del pazo, vinculados a la Memoria Histórica.

El BNG tampoco consiguió el respaldo explícito del Parlamento a sus 19 militantes que el pasado verano realizaron durante unas horas un encierro simbólico en el Pazo de Meirás para reclamar su devolución al pueblo gallego y a quienes los Franco han denunciado. Se enfrentan a una petición de 13 años de cárcel cada uno de ellos. Los nacionalistas contaron con el respaldo de En Marea y la abstención del PSOE. El PP rechazó implicarse “en un asunto que está sub iudice”. No obstante, el portavoz popular, Pedro Puy, dejó claro que “El PP, en un pleito, está con los que fueron al Pazo de Meirás y no con la familia Franco, no tenga duda”. Tampoco prosperó la petición del BNG de que el Parlamento gallego reclamase al Estado la ilegalización de la Fundación Francisco Franco por considerar "incompatibles fascismo y democracia".