Juristas de la Xunta dictaminan que Meirás siempre fue una propiedad pública

Desde que en plena Guerra Civil el pazo de Meirás cayó en manos de Francisco Franco en forma de donación supuestamente popular, el chorreo de dinero público en la finca fue continuo. Estas millonarias inversiones en obras de mantenimiento y personal y el uso como residencia oficial que se hizo de la propiedad entre 1938 y 1975 son las premisas en las que se apoya el informe presentado este lunes en Santiago por un equipo de juristas contratado por la Xunta para concluir que el predio que 80 años después siguen disfrutando los herederos del dictador fue siempre un bien público.

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Los expertos, citando el Código Civil y diversa jurisprudencia, consideran viable la recuperación de la propiedad sin que la familia Franco reciba, en principio, ni un solo euro. La Administración General del Estado, explican, debería presentar una demanda civil contra los herederos de Carmen Franco Polo, hija del dictador recientemente fallecida, en los juzgados de primera instancia de Betanzos, el partido judicial al que pertenece el municipio de Sada (A Coruña) que alberga el pazo. “El uso continuado de bienes teóricamente privados para funciones públicas y mantenido con fondos públicos genera una serie de derechos que permiten que ese bien pase a patrimonio público”, resume el presidente de la comisión autora del informe, el historiador Manoel Núñez Seixas.

Los 12 especialistas que suscriben el estudio, entre los que se encuentran catedráticos de Derecho de las tres universidades gallegas, cargos públicos, notarios y letrados de la Xunta y de otras Administraciones, consideran que el Estado está legitimado para reclamar Meirás porque la finca adquirió la condición de bien de dominio público por usucapión. Esta figura jurídica recogida en el actual Código Civil, que ya estaba vigente en la dictadura pues data del siglo XIX, se refiere a la posesión de un bien de forma pacífica, continuada e ininterrumpida durante más de 30 años, plazo que la Administración cumple en el caso del pazo coruñés.

Las pesquisas realizadas por los expertos en los últimos seis meses acreditan en detalle inversiones públicas en Meirás por más de 20 millones de pesetas solo en reformas financiadas por el Ministerio del Ejército a lo largo de 31 años. "En este periodo, el pazo fue mantenido, conservado, rehabilitado y ampliado con fondos públicos", ha explicado José Manuel Busto Lago, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña.

En el Archivo Intermedio Militar Noroeste de A Coruña consta que las arcas públicas pagaron en el pazo que Franco registró como suyo no solo estancias para los escoltas del jefe del Estado y las tropas que lo acompañaban sino también mejoras no relacionadas con la vida pública del dictador, como reparaciones en la captación de aguas, instalación de iluminación exterior o construcción de pozos y redes de alcantarillado. Hasta los presupuestos municipales de varios Ayuntamientos de la comarca recogieron fondos para Meirás, ha apuntado Emilio Grandío, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago.

En el Archivo General del Palacio del Pardo ha quedado rastro asimismo de cómo el pazo ubicado en el municipio de Sada (A Coruña), que fue sede de recepciones oficiales y consejos de ministros, funcionaba como residencia oficial de verano al mismo nivel que el Palacio de Aiete de San Sebastián, que es propiedad municipal. Los expertos han localizado las instrucciones que se daban en agosto para el traslado a A Coruña del personal de tropa, cocineros, camareros y electricistas que servía en el Palacio del Pardo el resto del año. Y otros documentos prueban el pago con dinero público de nóminas de personal cuyo “centro de trabajo” era el pazo de Meirás.

Desacuerdo en lo que podrían reclamar los Franco

Tras un mandato unánime aprobado en el Parlamento gallego, la Consellería de Cultura de la Xunta encargó el pasado otoño a la comisión de expertos que buscase una vía judicial para incorporar Meirás al patrimonio público sin tener que pagarles ni un euro a los Franco. El informe advierte, sin embargo, que en caso de presentarse la demanda y de lograr que el pazo fuese reconocido como un bien público por sentencia firme, los Franco podrían presentar una reclamación en los tribunales para realizar una liquidación por las inversiones que la familia del dictador haya ejecutado en la propiedad entre 1975 y la actualidad.

No todos los expertos de la comisión coinciden en que los Franco tengan esta posibilidad. El informe esgrime que la familia del dictador podría abrir ese procedimiento de liquidación en los tribunales porque ocupó el pazo desde 1975 “de buena fe”, al no haber sido requerida por ninguna Administración para devolver el predio. Los representantes del Ayuntamiento de Sada, sin embargo, han emitido un voto particular. “Esa posesión por parte de los Franco no fue de buena fe, eran conscientes de la nulidad del título de compraventa”, ha subrayado este lunes el concejal Francisco X. Montouto.

El alcalde de Sada, Benito Portela, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que, basándose en este informe jurídico, tome medidas urgentes sobre el pazo de Meirás como las que ha anunciado para el Valle de los Caídos. “El Estado no puede pasar otros 30 años mirando para otro lado”, advierte el regidor.