Los Franco piden 13 años de cárcel para los activistas que entraron en Meirás

El pasado septiembre, 11 días después de que un grupo de 19 personas (militantes del BNG y activistas sociales y de la Memoria Histórica) protagonizasen durante unas horas un encierro simbólico en el Pazo de Meirás para reclamar su devolución al pueblo gallego, la Fundación Francisco Franco, que gestiona las visitas al inmueble -obligadas por su condición de Bien de Interés Cultural- avanzó su intención de castigar esta acción. Afirmó que haría todo lo que estuviese en su mano para “asegurarse de que los asaltantes reciban su justo castigo de acuerdo con la Ley”. Y ha cumplido la amenaza.

Más información

Una veintena de activistas ‘toma’ el pazo de Meirás

Un informe jurídico destapa la artimaña de Franco para quedarse con Meirás

80 instituciones y colectivos piden a Patrimonio Nacional que demande a los Franco para recuperar Meirás

Los activistas gallegos se enfrentan ya cada uno de ellos a una petición de 13 años de cárcel (en torno a 250 años entre todos) por una denuncia, admitida a trámite por un juzgado de Betanzos, que firman conjuntamente la Fundación Francisco Franco, la hija recientemente fallecida del dictador, Carmen Franco Polo, y su nieto Cristóbal Martínez-Bordiu. Los demandados definen como “una barbaridad política” que los “bienes expoliados y robados por el dictador continúen en manos de su familia” y que no se hubiese producido su reversión al patrimonio público al término de la dictadura. Junto a ello, detallan que el encierro “reivindicativo” del pasado 30 de agosto por el que han sido denunciados fue “absolutamente pacífico, simbólico y sin que ocasionase daño patrimonial alguno ni incidente de ningún tipo”.

La acción, en pleno debate sobre la devolución al patrimonio público del Pazo de Meirás al que se sumó la encomienda de los herederos a la fundación franquista de gestionar las obligadas visitas al Pazo con el anuncio de que haría apología del franquismo, consistió en el acceso al recinto durante una jornada en la que estaba abierto al público. La organización franquista había advertido de que utilizaría la gestión de las visitas para hacer apología de la dictadura y los activistas consiguieron colgar de las torres dos pancartas exigiendo su devolución al pueblo. “Que nos devuelvan lo robado. Franquismo nunca más”, rezaba en ellas y en la campaña paralela realizada en redes sociales con la etiqueta #OPazoÉdoPobo (#ElPazoEsdelPueblo).

Los demandados aseguran que la acción que desarrollaron “continúa siendo justa” y que solo la abandonarán “cuando todo el patrimonio expoliado sea rescatado” para el pueblo gallego. “Rescatar el Pazo de Meirás, la Casa de Cornide y las estatuas del Maestro Mateo es una inevitable exigencia democrática y una manera de hacer justicia a las víctimas directas del expolio y a la totalidad de las víctimas del franquismo”, han defendido este jueves en comparecencia pública los afectados.

La fundación franquista dejó claras sus intenciones a través del comunicado en el que tildaba de “asalto” la acción de los activistas gallegos que equiparaba a la “sedición” de los independentistas catalanes. Junto a ello cuestionaba que “la versión más difundida” lo identificase como un “pequeño festejo” en el que, abundaba el comunicado, “los delincuentes son presentados como defensores del bien común y las víctimas del delito, es decir, la familia de Francisco Franco en tanto que propietaria del Pazo y la Fundación Nacional Francisco Franco en tanto que organizadora de las visitas al mismo, son descritos como delincuentes”.