Los Franco burlan la ley y se atrincheran en Meirás

Los herederos de Franco desafían como nunca la ley que desde el año 2008 intentaba reparar, en parte, el daño obligándoles a abrir al público el pazo de Meirás (Sada), declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en horario restringido un mínimo de cuatro días al mes. Desde hace meses, es imposible concertar alguna de estas visitas porque el teléfono y el correo electrónico de reservas se han esfumado. Han pasado de no contestar a no existir. Pero la ofensiva en contra de la familia del caudillo fascista, representada en primer término por la hermética hija, Carmen Franco Polo, que pasa allí sus vacaciones, también es más contundente que nunca.

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Mientras la Xunta del PP abre con sigilo y por segundo año consecutivo un expediente sancionador, todos los grupos políticos del Parlamento gallego parecen de acuerdo en respaldar al PSOE, que ha pedido que la Comisión de Cultura organice una visita institucional al palacete. Por su parte, En Marea ha registrado una iniciativa para la modificación de la ley de memoria histórica que permita “la recuperación gratuita de Meirás con la base de la ilegitimidad de su procedencia”. El objetivo de la formación, han explicado el diputado Antón Sánchez y el propio alcalde de Sada, Benito Portela, es que la propuesta llegue pronto al Congreso.

“En el día 28 de marzo de nuestro segundo año triunfal, año del Señor de 1938, la ciudad y provincia de La Coruña hicieron la ofrenda (donación de las Torres de Meirás al fundador del nuevo imperio, Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España Francisco Franco Bahamonde). Galicia que le vio nacer, que oyó su voz el 18 de julio, que le ofreció la sangre de sus hijos y el tesoro de sus entrañas, que le siguió por el camino del triunfo en la unidad, grandeza y libertad de la patria, asocia en esta fecha para siempre el nombre de Franco a su solar, en tierras del Señor Sant Yago, como una gloria más que añadir a su historia". La verborrea rimbombante que selló el acto enterró durante 70 años el expolio y las amenazas que aseguran haber sufrido los vecinos expropiados del municipio coruñés de Sada, los donantes forzosos y los funcionarios a los que se les rebajó el sueldo para sufragar el capricho de las autoridades franquistas, empeñadas en agasajar al dictador a costa del pueblo. Hoy, 2017, todo sigue igual.

Meirás fue inscrito a nombre de Franco y sus sucesores en el registro de Betanzos, pero En Marea insiste en que es fácil revertir esta situación. La "ilegitimidad", consideran, se puede demostrar a través de los estudios históricos que han salido a la luz y que revelan que "las personalidades del régimen trabajaron con violencia y amenazas —en una dictadura que ejercía la violencia extrema— para adquirir esta propiedad".

El año pasado, a propuesta del Ayuntamiento de Sada y a raíz de las quejas de particulares que nunca lograban entrar, Patrimonio de la Xunta abrió un primer expediente que no amilanó a los Franco. La Consellería de Cultura se escuda en "la protección de datos" para no aclarar a EL PAÍS si en aquella ocasión la investigación quedó en nada o llegó a imponérseles a los herederos del dictador alguna de las multas que se contemplan y que pueden alcanzar los 6.000 euros. Desde el Consistorio se afirma que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo no sancionó a la familia.

Ahora, Patrimonio asegura que ha "instado a los responsables del pazo a restablecer los canales de gestión de visitas", el correo electrónico y el teléfono que "no funcionan" e incluso han desaparecido: visitaspazomeiras@gmail.com y 609 419 096. "De no restablecerse el régimen de visitas" al que tienen "obligación", "se aplicarán las medidas previstas en el marco legal existente", advierte la Xunta.

Pero en las semanas transcurridas desde que se "instó" a la familia nada se ha arreglado. De ahí que la diputada socialista Concepción Burgo pidiese la visita al pazo de una comisión parlamentaria. En principio, todos los grupos están dispuestos a apoyarla. "La semana que viene esperamos tener una respuesta oficial y saber cómo el presidente de la mesa de Educación y Cultura va a organizar esa comitiva, que en realidad es solo un acto simbólico", comenta Burgo, "porque el verdadero problema es que los ciudadanos sigan sin poder entrar y eso la Xunta ya debería haberlo resuelto automáticamente". "Esto que está ocurriendo es muy grave", concluye, "porque se trata de la familia del dictador, y atenta directamente contra la democracia".