La justicia de Franco

La principal característica del terror que se impuso en la posguerra es que estaba organizado desde arriba, basado en la jurisdicción militar, en juicios y consejos de guerra. Tras la típica explosión de venganza en las ciudades recién conquistadas por los vencedores, los paseos y las actuaciones de poderes autónomos, como los escuadrones de falangistas, dejaron paso al monopolio de la violencia del nuevo Estado, que puso en marcha mecanismos extraordinarios de terror sancionados y legitimados por leyes.

Con la jurisdicción militar a pleno rendimiento, el franquismo impuso un terror frío, administrativo y rutinario

Con la jurisdicción militar a pleno rendimiento, se impuso un terror frío, administrativo, rutinario. Los consejos de guerra, por los que pasaron decenas de miles de personas entre 1939 y 1945, eran meras farsas jurídicas, que nada tenían que probar, porque ya estaba demostrado de entrada que los acusados eran rojos y, por lo tanto, culpables.

El sistema represivo procesal levantado tras la guerra, consistente en la multiplicación de órganos jurisdiccionales especiales, mantuvo su continuidad durante toda la dictadura. Cuando una ley era derogada, la nueva normativa reiteraba el carácter represor de la anterior. Es lo que pasó, por ejemplo, con la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941. Fue derogada seis años después, sustituida por el decreto ley de 13 de abril de 1947 de represión del bandidaje y terrorismo, que mantenía la pena de muerte para diversos y variados delitos. Otro instrumento básico de persecución, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, tuvo todavía mayor continuidad, obsesionados como estaban Franco y los vencedores de la guerra por considerar máximos responsables de todos los males de España a quienes caían bajo ese amplio paraguas de la masonería y el comunismo. El Tribunal Especial que estableció esa ley fue suprimido el 8 de marzo de 1964, aunque, en realidad, una buena parte de sus atribuciones habían sido asumidas desde 1963 por el Tribunal de Orden Público.

Murió Franco y allí estaba todavía el TOP, disuelto finalmente por un decreto ley de 4 de enero de 1977. Los datos de los procedimientos incoados por el Tribunal de Orden Público (TOP) prueban claramente la escalada de la represión en el crepúsculo de la dictadura y comienzos de la transición: en los tres años finales de esa jurisdicción (1974, 1975 y 1976), con Arias Navarro en el Gobierno, se tramitaron 13.010 procedimientos, casi el 60 por ciento del total de los doce años de funcionamiento.

Con el paso del tiempo, la violencia y la represión cambiaron de cara, la dictadura evolucionó, dulcificó sus métodos y pudo ofrecer un rostro más amable, con un dictador que inauguraba pantanos y repartía aguinaldos a los trabajadores.

Pero por mucho que evolucionara y mitigara sus métodos, la dictadura nunca quiso quitarse de encima sus orígenes sangrientos. El terror ajustó cuentas, generó la cohesión en torno a esa dictadura forjada en un pacto de sangre. Hasta el final.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza