La Xunta multa con 4.500 euros a los Franco por los “problemas” en Meirás

La Xunta ha acordado multar con 4.500 euros a la familia Franco tras constatar "problemas" en la gestión de la visitas al pazo de Meirás, según se recoge en el expediente sancionador que ha cerrado la Consellería de Cultura a través de la Dirección Xeral de Patrimonio. Además, el Gobierno gallego ha informado de que ha abierto nuevas diligencias informativas ante el anuncio de la Fundación Francisco Franco de cancelar las visitas al pazo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En los dos últimos años, Cultura ha abierto ya al menos un par de expedientes para investigar la reiterada decisión de los herederos del dictador de cerrar el pazo que el pueblo de Sada le regaló a Franco en 1938 recurriendo a las expropiaciones forzosas y las amenazas a vecinos.

La Xunta recuerda en un comunicado que la familia Franco, como propietaria de un BIC de titularidad privada tiene la obligación legal, desde su declaración en el año 2008, de abrir el pazo al público al menos cuatro días al mes y por lo menos cuatro horas al día. Con este fin, la familia es responsable de gestionar estas visitas y de mantenerlas, según se recoge en la ley de patrimonio cultural de Galicia, pero desde colectivos sociales y grupos políticos de la oposición, además del propio Ayuntamiento de Sada, se denuncian una y otra vez desde hace años que los Franco burlan la ley.

El incumplimiento de la obligación de facilitar las visitas públicas a este tipo de bienes está tipificado como una infracción leve, con multas que van desde los 300 a los 6.000 euros. Por ello, Cultura remarca en su nota que debe actuar dentro de ese marco para "velar por que se cumpla la ley". En las anteriores ocasiones, la Xunta se negó a aclarar a este diario, excusándose en la "protección de datos", si los expedientes sancionadores habían desembocado en una multa. No obstante, fuentes del Ayuntamiento de Sada confirmaron que los descendientes del dictador, encabezados por Carmen Franco Polo, no habían recibido ningún castigo económico. Esta vez, según la Xunta, la resolución por la que se le impone a la familia una multa que no llega al máximo legislado ya ha sido comunicada a la familia Franco, que ahora dispone de 15 días para presentar alegaciones.

Esta tarde el BNG de Sada, miembro del equipo de gobierno local, ha tachado de "ridícula" la sanción. Según ha recordado la formación en un comunicado, el concejal de Promoción Económica y Turismo de esta localidad, Xosé Lois Suárez Becerra, fue quien presentó en su día denuncia ante la Dirección Xeral de Patrimonio por los "incumplimientos reiterados" en el calendario de visitas. "El BNG desconoce qué tipo de atenuantes tuvo en consideración la Consellería para no imponer la máxima cuantía de 6.000 euros solicitada" por edil, indica en su nota el Bloque, que se plantea presentar un recurso. El concejal nacionalista que lleva años denunciando el "contumaz incumplimiento" de los herederos del dictador lamenta la "condescendencia" y "laxitud" de Patrimonio.

Por su parte, la Fundación Nacional Francisco Franco anunció el viernes la cancelación de las visitas al pazo de Meirás "por motivos de seguridad hasta nueva orden", según reza un mensaje colgado en la web de la fundación, encargada desde junio de gestionar las visitas al inmueble propiedad de la familia del dictador. La fundación que ensalza la figura del dictador anunció cuando tomó las riendas de las visitas a la mansión que aprovecharía la oportunidad para mostrar al público la "grandeza" de Franco.

Pese a que la familia Franco incumple sus deberes desde hace años, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo se había mantenido de perfil y jamás había encarado el problema como en los últimos días. Esta semana el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, propuso a la familia de Carmen Franco un "modo" de "reconciliarse" con "parte de la sociedad": "Donando" Meirás al pueblo gallego. El presidente de la Xunta también ha demandado esa donación en el caso de que no vayan a cumplir la ley. Nunca se habían expresado en estos términos, tan próximos a la reivindicación que desde hace tiempo mantiene el gobierno local de Sada.