La pareja de Ayuso aceptó ocho meses de cárcel y pagar 491.000 euros en un pacto que estalló al aceptar la jueza estudiar más delitos

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, tenía todo listo para dar carpetazo este lunes a su causa por fraude fiscal. Había cerrado la semana pasada un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que estos órganos aceptaban que no ingresara en prisión. Su castigo iba a ser de ocho meses de cárcel (inferior a los dos años que permiten a los jueces la suspensión de esta condena) por dos delitos de fraude fiscal en concurso con dos de falsedad en documento mercantil, según el proyecto de conformidad adelantado por Ok Diario y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero ese acuerdo saltó por los aires antes de que sus abogados pudieran presentarlo en el juzgado de instrucción 19 de Madrid, donde Amador estaba citado a las 10.00, porque la jueza aceptó un escrito del PSOE y Más Madrid solicitando la ampliación de la investigación a otros cuatro delitos.

El pacto incluía como sanción una multa del 40% de la cuota defraudada, esto es 60.000 euros (40% de 155.000 euros) y 78.380,56 euros (40% de 195.951,41 euros). Estas cuantías debían sumarse a los 350.951 euros defraudados y a unos intereses de 2.493,10 euros. En total, la suma era de 491.824 euros.

A esto había que sumar la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda pública.

También se incluían penas contra otros dos cooperadores necesarios en la elaboración de facturas falsas: el mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, y el sevillano David Herrera Lobato. Al primero se le condenaba a penas de tres meses y 15 días de prisión, así como multa de 122.832 euros. Para el segundo el castigo era de prisión de dos meses y 15 días, y multa de 29.392 euros.

Llegar a un acuerdo había sido una meta de Amador desde el 2 de febrero, cuando su caso aún no había sido remitido a los juzgados. Entonces, su abogado Carlos Neira envió un correo electrónico al fiscal que lo investigaba en el que manifestaba su voluntad de pacto. Sin embargo, el acuerdo solo era posible en sede judicial. Ahora, el pacto ha vuelto a quedar en pausa debido a que la jueza, María Inmaculada Iglesias, ha aceptado indagar sobre los cuatro posibles delitos que el PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular, aprecian en los hechos: administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable.

Los dos partidos de izquierda también consideran que la Fiscalía debería haber denunciado por el tipo agravado del fraude fiscal porque aprecian “la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos”. Y añaden que existen razones para creer que la cuantía defraudada considerada hasta ahora (350.951 euros) debería ser revisada al alza, y que podría haber otros responsables que no están siendo investigados.

Fuentes del entorno de Amador han declarado a la agencia Efe que este movimiento de los dos partidos de izquierda es una “jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso”. Consultado por EL PAÍS, uno de los dos abogados de Amador, Carlos Neira, ha dicho que no van a valorar el escrito presentado por estos dos partidos hasta que la jueza les dé traslado del mismo.

¿Tiene más información? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

Suscríbete aquí a nuestra newsletter sobre Madrid, que se publica cada martes y viernes.