Un buen año para la economía

La economía española ha tenido un año 2024 sobresaliente, superando con creces todas las previsiones. El crecimiento del PIB, en torno al 3%, estará muy por encima de lo que esperaba el consenso de los analistas a principios de año. La tasa de paro del tercer trimestre se situó en el 11,2%, el nivel más bajo de los últimos 16 años. Y, si no hubiera sido por el rapidísimo crecimiento de la población activa, la tasa de paro estaría ya cercana al 10%. El déficit cerrará en el 3%, completando una reducción de siete puntos del PIB desde 2020, la más rápida de la historia. Contradiciendo los discursos catastrofistas que tanto abundan, el Eurobarómetro de noviembre indica que el 88% de los españoles están satisfechos con su vida diaria.

Hay componentes tanto cíclicos como estructurales que explican este desempeño tan positivo y apuntan a una continuación del crecimiento del PIB por encima del 2%, como indican las proyecciones de la Comisión Europea y del FMI. Desde un punto de vista cíclico, la elevada tasa de ahorro de las familias, la debilidad relativa reciente de la inversión y los fondos Next Generation pendientes —en un contexto de bajadas de tipos de interés, aumento de los salarios reales y debilidad del euro— crean las condiciones para un ciclo virtuoso de aceleración de la demanda privada que complemente la demanda exterior.

Desde el punto de vista estructural, el efecto acumulado de la reestructuración bancaria impuesta por el programa de rescate de 2012-2014, el creciente liderazgo mundial de las multinacionales españolas y las políticas de reducción de la de­sigualdad y de mejora del mercado laboral han aumentado el crecimiento potencial. Además, el rápido aumento de las exportaciones no turísticas complementa un sector turístico cada vez más diversificado geográficamente. La combinación de baja densidad de población y de abundancia de sol y viento genera una amplia oferta de energías renovables baratas muy atractiva para las nuevas tecnologías intensivas en electricidad. La privilegiada situación geográfica, alejada de Rusia y de los conflictos de Oriente Próximo, atrae al turismo y proporciona un punto de entrada seguro en Europa a la inversión extranjera. Además, una inmigración abundante hace una aportación sostenida al mercado laboral.

Con todo, este panorama optimista se enfrenta a la incertidumbre cíclica de una posible guerra comercial y presenta amplias posibilidades de mejora, sobre todo del mercado laboral, la vivienda y las cuentas públicas.

El desempleo sigue siendo intolerablemente elevado, y la coalición de gobierno debe retomar urgentemente la búsqueda del pleno empleo. Podría parecer que algunas de las medidas que están sobre la mesa —como la reducción de la jornada laboral o el aumento de los costes del despido— van en la dirección contraria, pero está por ver. Lo mismo se dijo del aumento del salario mínimo —hoy asciende a 1.134 euros (en 14 pagas), un 54% más que en 2018—, y se ha demostrado que tal pesimismo no tenía fundamento. No obstante, la reciente reforma de los subsidios de desempleo ha sido una ocasión perdida para incentivar el retorno al empleo de los parados de larga duración, clave para una reducción del paro estructural que aumente el crecimiento potencial y mejore el rating y el coste de financiación de la deuda española.

En el lado positivo, no obstante, hay que situar la mejora de los salarios, que este año han crecido un 3,7% (hasta noviembre, los precios lo hicieron un 2,8%). Un escenario muy diferente al de los últimos años, especialmente 2022, cuando las retribuciones apenas lograron compensar la fuerte subida de la inflación.

El Eurobarómetro indica que la principal preo­cupación de los españoles es la vivienda, con capacidad para engullir cualquier mejora del poder adquisitivo de los hogares. Su escasez y carestía son fenómenos comunes en países que sufrieron una burbuja inmobiliaria: el endurecimiento supervisor de los requerimientos para la concesión de crédito inmobiliario y la precaución de los constructores para no caer de nuevo en la trampa del exceso de oferta inmobiliaria generan una situación de insuficiencia estructural de vivienda, sobre todo de alquiler, y elevados precios. A ello hay que sumarle la distorsión que produce en el mercado la proliferación —tantas veces descontrolada— de pisos turísticos.

Además de deteriorar la calidad de vida, el grave problema de la vivienda limita la movilidad geográfica de los trabajadores y reduce el crecimiento de la productividad. Pero la solución no puede ser solo el control de precios, sino el aumento de la oferta, sobre todo de vivienda de alquiler asequible. La creación de una empresa pública de vivienda que movilice de manera eficiente todo el inventario y recursos públicos disponibles va por el buen camino, y podría combinarse con un sistema más efectivo de avales públicos que aumenten la oferta privada de alquiler.

La rápida reducción del déficit es bienvenida, pero no basta. La elevada deuda pública y el rápido envejecimiento de la población requieren, además de una racionalización del gasto y la financiación autonómica, de una reforma fiscal profunda que amplíe las bases imponibles y aumente la coherencia entre el IRPF, el IVA y las políticas sociales, aumentando tanto la recaudación como la eficiencia del sistema impositivo. Los impuestos especiales a las eléctricas y a la banca son soluciones coyunturales que conviene vigilar para que no se trasladen íntegramente a los consumidores y aumenten la inflación.

Lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. La economía española va bien, y la coalición de gobierno debe seguir trabajando para que siga siendo así.