España deberá abordar un ajuste de unos 5.000 millones en tres meses para cumplir el límite de déficit

Las administraciones públicas españolas llevan tres años haciendo un fenomenal ejercicio de saneamiento del déficit público. Durante el primer año de la pandemia desplegaron un ingente paquete de ayudas públicas para aliviar el golpe de la Gran Reclusión a hogares y empresas. Este escudo social, como lo bautizaron los poderes públicos, disparó los números rojos hasta los 111.897 millones de euros, una cantidad equivalente al 9,91% del PIB. Desde entonces, a pesar de que la guerra de Ucrania, la crisis energética y el monstruo de la inflación obligaron a mantener el paraguas de ayudas públicas, las administraciones redujeron la brecha entre gastos e ingresos hasta el 3,32% del PIB. Este esfuerzo de saneamiento pivotó sobre el combustible que la escalada de precios provoca sobre la recaudación y sobre la vigorosa recuperación de la economía tras el virus. Durante estos años, además, la Comisión Europea suspendió las reglas fiscales, que obligaban a los estados a vigilar estrechamente sus cuentas públicas.

Pero durante este tiempo las autoridades comunitarias han reformado el reglamento de control presupuestario y los países europeos tienen que desmontar ya la arquitectura de las ayudas anticrisis pasadas para acelerar el saneamiento de las cuentas públicas y empezar a enjugar la deuda acumulada durante esos años. Sin embargo, en los últimos meses las administraciones españolas han desacelerado el ritmo de reducción del déficit. Los últimos datos de ejecución presupuestaria hasta septiembre ofrecidos la semana pasada por el Ministerio de Hacienda revelan que el déficit público, lejos de reducirse respecto al año pasado, ha aumentado ligeramente, lo que aleja la posibilidad de rebajar el desequilibrio presupuestario desde el 3,5% del año pasado hasta el 3% comprometido con Bruselas.

Las administraciones públicas españolas tienen pendiente un ajuste de unos 5.000 millones hasta finales de año para lograr el límite de déficit comprometido con Bruselas. Los números rojos del Estado hasta septiembre ascendieron hasta el 2,17% del PIB, frente al 1,75% del mismo periodo registrado el año pasado. Es decir, el desequilibrio entre ingresos y gastos ha aumentado en unos 8.000 millones, cuando el conjunto de administraciones tenía como deberes para este ejercicio hacer un ajuste equivalente a 7.500 millones. Hacienda, a través de un comunicado, explica que esta cifra está afectada por “el impacto que las liquidaciones definitivas del sistema de financiación autonómico y local practicadas el pasado julio han tenido respecto a las efectuadas en 2023 por las liquidaciones definitivas de 2021″.

El sistema de financiación funciona con un decalaje de dos años. Hacienda reparte la mayor parte de los recursos con las previsiones de recaudación que dibuja en los Presupuestos de cada año y cuando cierra el ejercicio presupuestario, dos años después, realiza el ajuste de cuentas. Este es a favor de las comunidades y ayuntamientos si los ingresos por impuestos fueron mejor de lo previsto; y en contra si la recaudación real se quedó corta respecto a las previsiones. En los últimos dos años, debido a la fuerte recuperación y el chute de la inflación sobre los impuestos, la cuenta ha salido a devolver para las administraciones territoriales. Y aunque las autonomías han contado este año con más recursos por esta vía, apenas han reducido su saldo presupuestario hasta agosto. Según los datos de Hacienda, durante el mismo periodo del año pasado registraron un desfase fiscal del 0,13% del PIB frente a un leve superávit del 0,01% hasta agosto del presente ejercicio. Un esfuerzo que se antoja insuficiente ante el esfuerzo presupuestario comprometido. “Si se deduce de ambos periodos el resultado neto de las liquidaciones definitivas, a finales de agosto la administración regional obtendría un déficit de 20.578 millones, superior en un 57,7% al del mismo periodo de 2023 de 13.062 millones”, según reconoce el ministerio. La Autoridad Fiscal, el órgano que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha advertido de que las comunidades volverán a registrar números rojos este año, de un 0,2% del PIB.

Más allá de esta circunstancia, una proyección del déficit público hasta final de año con los datos encadenados de los últimos 12 meses anticipa un cierre para 2024 más ajustado de lo previsto inicialmente por el Ministerio de Hacienda. Las cifras actuales proyectan un cierre con un déficit similar al del año pasado. O las administraciones públicas cierran el grifo del gasto público durante los últimos meses del año, o a penas lograrán avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas. La consecuencia más inmediata es que España podría caer bajo el brazo correctivo de Bruselas. La Comisión observa con lupa la evolución de los números rojos de España. Si no logra alcanzar el objetivo fiscal previsto, situado en un déficit del 3%, las autoridades comunitarias recetarán una pequeña dosis de austeridad.

Hacienda reconoce que la situación es complicada, pero recuerda que ya se han computado algunos gastos que no tendrán correspondencia en el próximo año. Se trata de sentencias judiciales por temas tributarios, que obligan al Estado a devolver varios miles de millones. El ministerio confía en aprobar un remiendo legal para reducir el impacto de estos reveses judiciales. En cualquier caso, considera que estas sentencias son un one-off, como se conoce en la jerga contable aquellas partidas que se producen de forma extraordinaria. Por eso confía que Bruselas no las tenga en cuenta para el cómputo del déficit. Espera que algo parecido ocurra con los desembolsos para atender la catástrofe de Valencia, para lo que se inyectarán todos los recursos necesarios, según anunció el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otro escenario

Los Ayuntamientos suelen ser las administraciones más saneadas, las que mejor saldo presupuestario presentan al cierre de cada año. Desde 2012 han registrado superávits todos los años, excepto en 2020. El Gobierno esperaba que este año también lo hicieran. Calculaba que les ofrecería un colchón equivalente al 0,2% del PIB para que la Administración del Estado pudiera compensar alguna desviación, pero las primeras lecturas presupuestarias no invitan a ser muy optimistas. Aunque mejoren su saldo a final de año, las entidades locales apenas lograrán cerrar en equilibrio presupuestario, según los últimos cálculos de ejecución presupuestaria.

El Gobierno había dibujado un escenario en el que las comunidades cerrasen en equilibrio presupuestario debido a los mayores recursos que recibirán este año procedentes del sistema de financiación, y se dejó para el Estado central el grueso del desfase presupuestario tolerado, un 3%. Pero las cifras de ejecución no parecen estar encarriladas, salvo que se produzca un parón del gasto en los tres últimos meses del año, algo que ya ha ocurrido en años anteriores.

Según un informe de Hacienda, “el Estado ha obtenido un déficit de caja no financiero de 47.054 millones, un 46,6% superior al del mismo periodo de 2023″. Aunque explica que las cifras están afectadas por hechos que impiden una correcta comparación, por las citadas liquidaciones negativas y por los ingresos recibidos de los fondos Next Generation en 2023. “Si se descuentan estos importes en ambos años, el déficit de caja no financiero se reduciría un 9,7%, desde 26.295 millones en 2023 hasta 23.754 millones en 2024″. En cualquier caso, y aunque la contabilidad de caja requiere aún de los ajustes de contabilidad nacional, el estándar contable europeo, apenas le quedaría margen hasta final de año porque aún tendría que ajustar unos 5.000 millones de euros en tres meses. Y eso teniendo en cuenta que probablemente ni los Ayuntamientos, ni las comunidades le ofrecerán un colchón con el que compensar la desviación presupuestaria.

El problema es que en los últimos meses los gastos públicos están creciendo más que los ingresos. Según Hacienda, los recursos no financieros del Estado se situaron en septiembre en 205.460 millones, un 5,1% más que en idéntico periodo del año pasado. Mientras, los empleos no financieros del Estado ascendieron a 239.923 millones durante los nueve primeros meses del año, un 8,3% más que el año precedente.