La autoridad fiscal europea reprocha a Bruselas no abrir expediente a España por su déficit excesivo

Al Consejo Fiscal Europeo no le ha convencido, en absoluto, que la Comisión Europea decidiera no abrir a España un expediente de déficit excesivo por cerrar 2023 con unos números rojos significativamente por encima del 3% del PIB. “Se justificó por las previsiones de la Comisión, que adelanta un déficit exactamente el 3% del PIB en 2024, que se alcanzará sin más medidas fiscales. Este elemento de discrecionalidad no figura en las disposiciones legales pertinentes”, lamenta en su informe anual presentado este miércoles.

El pasado junio, la Comisión Europea decidió no abrirle a España un procedimiento de déficit excesivo pese a que en 2023 había cerrado sus cuentas con un descuadre del 3,6%. Como apunta el Consejo Fiscal en su documento, “la Comisión declaró explícitamente que la doble condición para considerar los factores pertinentes no se cumplía”. Pese a eso, Bruselas decidió no poner en marcha el procedimiento corrector a España porque las previsiones económicas y fiscales indican que este mismo año el agujero en las cuentas públicas se corregirá por sí solo, sin medidas de ajuste adicionales, al 3%. La Comisión sí que inició el expediente en los casos de Francia, Italia, Eslovaquia, Bélgica, Hungría, Malta y Polonia.

Alguno de esos factores pertinentes sí que se hubieran cumplido si se hubieran conocido ya las revisiones que ha hecho el INE de la evolución del PIB en los últimos años. Según estos cambios, en 2023 el déficit fue del 3,5% y no del 3,6%. Esta décima es significativa porque entre los criterios que se recogen en los reglamentos para hacer excepciones está el de la cercanía con el simbólico listón del 3%, cuyo límite se fija en medio punto. Esta pauta se cumple ahora, pero no entonces.

Junto al hecho de que las previsiones apuntan a que España volverá ya este año al límite máximo que contemplan los tratados, pesó también que es ahora cuando los Estados con deuda por encima del 60% del PIB presenten las sendas de ajuste de acuerdo a las nuevas reglas fiscales. Por tanto, no tenía mucho sentido plantear medidas de ajuste en junio para modificarlas en septiembre u octubre. Estas trayectorias y las políticas aparejadas, que se refieren a un periodo que va de cuatro a siete años, se están negociando estos días entre los Gobiernos nacionales y la Comisión Europea. Deberían estar listas el próximo 15 de octubre.

Sobre el conjunto de países y la tendencia general de la UE, el documento explica que el año pasado el gasto neto de los presupuestos, una vez se descuentan las medidas de apoyo temporales que se aprobaron contra la crisis inflacionaria, desbordó lo que el Consejo Fiscal considera un crecimiento significativo. Ese aumento llegó, sobre todo, por la protección social, la asistencia sanitaria y los asuntos económicos, “que fueron los que más contribuyeron al exceso de crecimiento del gasto subyacente”.

La autoridad fiscal también hace un análisis sobre la sostenibilidad de la deuda de todos los Estados miembros y su conclusión es que, a corto plazo, solo Grecia presenta un riesgo alto. En cambio, a medio plazo son más países, entre ellos España, los que se encuentran en ese escenario. Muchos de los países que integran este grupo son los que superan un volumen de deuda equivalente al 100% de PIB (Grecia, Italia, Francia, España y Bélgica). También se suman Portugal, Rumania, Eslovenia y Eslovaquia.

Conocer estos exámenes sobre lo sostenible que es la deuda pública de un país tiene importancia ahora porque ese el punto de partida de las nuevas reglas fiscales. Este análisis no tiene por qué coincidir con el que ha hecho la Comisión para los países que deben presentar la senda de ajuste, ya que las metodologías pueden ser diferentes.