El debate | ¿Hay margen para subir impuestos en España?

Subir o bajar los impuestos es una de las diferencias ideológicas clave en política económica. El Congreso aprobó la semana pasada sobre la bocina una serie de medidas tributarias que quedan lejos de lo que deseable en una verdadera reforma fiscal, pero aclaran el panorama de los Presupuestos. A largo plazo, ¿cuál es el mejor para cerrar la brecha en presión fiscal con los países de nuestro entorno?

Miguel Almunia, catedrático de Economía de CUNEF Universidad, plantea una serie de propuestas que, en su conjunto, mejorarían la eficiencia de nuestro sistema fiscal. Para Nacho Álvarez, profesor de Economía en la Autónoma madrileña y exportavoz de Economía de Podemos, el debate pasa también por decidir a quién se le suben y a quién se le bajan impuestos. Y la nueva trayectoria fiscal española ha reforzado la progresividad.

Pongamos el foco en recaudar mejor

Miguel Almunia

La presión fiscal en España, definida como la ratio de ingresos públicos sobre el PIB, sigue ligeramente por debajo de la media de la eurozona pese al notable incremento que se ha producido desde 2019. El objetivo de alcanzar la media europea, enunciado en el plan fiscal del Gobierno para los próximos tres años, no tiene mucho sentido en sí mismo. La pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es qué nivel de servicios públicos queremos tener. Y, considerando esas necesidades de gasto, cuál es la manera más eficiente y justa de lograr la recaudación necesaria.

Dado que la mayor parte del gasto público se dedica a pensiones, políticas sociales, sanidad, educación y defensa es irresponsable plantear rebajas drásticas de la presión fiscal sin explicar cuál de esas partidas de gasto se planea recortar. Mas aún si tomamos en cuenta que la ratio de deuda pública sobre PIB supera el 100% y que nos enfrentamos al reto de la transición energética con una población envejecida. También sería irresponsable plantear una subida drástica de la presión fiscal, pues podría tener efectos negativos sobre el crecimiento y la inversión, dando como resultado un incremento exiguo de la recaudación en el mejor de los casos.

¿Cómo podemos, entonces, mejorar nuestro sistema tributario? El Libro Blanco sobre la reforma tributaria (2022), elaborado por una comisión de expertos reconocidos, proporciona una guía útil de las posibles opciones. De entre las muchas propuestas enunciadas en ese informe, destaco aquí algunas medidas que considero particularmente útiles para mejorar la eficiencia y la progresividad.

En primer lugar, hay que considerar dónde tenemos mayor margen para incrementar la recaudación de manera eficiente. Muchos analistas coinciden en señalar a la imposición indirecta, en particular el IVA, y a los impuestos medioambientales. La eliminación de algunos tipos reducidos del IVA supondría un incremento importante de la recaudación. También hay margen para incrementar los impuestos a los combustibles fósiles, más bajos que los de nuestros vecinos, para incentivar la transición energética. Estas medidas tendrían un impacto regresivo. Para compensarlo, se debe usar la recaudación adicional para reforzar las políticas de transferencias de renta, mejor focalizadas que hasta ahora. Esto podría lograrse ampliando el ingreso mínimo vital (IMV) a más hogares o a través de un impuesto negativo en el IRPF para las rentas más bajas. En cuanto a la imposición medioambiental, la semana pasada se perdió una oportunidad de equiparar el impuesto al diésel al de la gasolina por el rechazo en el Congreso.

En segundo lugar, hay medidas que fortalecerían la progresividad de nuestro sistema tributario por la parte alta de la distribución. Una prioridad es homogeneizar la imposición sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones en todo el territorio. La competencia fiscal entre las comunidades autónomas ha demostrado ser un juego de suma negativa, en el que algunas regiones se benefician un poco mientras las demás salen perdiendo y, en conjunto, se pierde recaudación. La imposición sobre el patrimonio es clave para hacer el sistema progresivo, ya que las personas con más riqueza utilizan mecanismos legales para reducir su tributación en los demás impuestos existentes. Dicho esto, su potencial recaudatorio es limitado, pues afecta a una pequeña parte de la población y de la riqueza gravable.

En tercer lugar, resulta crucial evaluar regularmente todos los beneficios fiscales vigentes y confirmar que cumplen los objetivos para los que fueron diseñados. Los informes que la Airef viene realizando desde 2020 han sido útiles para informar el debate. Por ejemplo, tendría sentido incentivar, a través de beneficios fiscales bien diseñados, la inversión en I+D o el uso de energías limpias. Otros incentivos fiscales, como los tipos reducidos del IVA ya mencionados, están menos justificados.

Cada una de estas propuestas genera, por separado, un importante rechazo en distintos sectores ideológicos. Sin embargo, tomadas en su conjunto y con un diseño adecuado, supondrían una mejora de la eficiencia de nuestro sistema fiscal al tiempo que aumentarían su progresividad.

Un sistema más progresivo para acercarnos a Europa

Nacho Álvarez

El acuerdo que sustentó el nacimiento del Gobierno de coalición en 2019 incluía desarrollar “una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales”. Desde entonces, nunca ha llegado a aprobarse una reforma fiscal integral, pero sí se han sucedido una serie de revisiones parciales —la última de ellas, la semana pasada— que están cambiando poco a poco el mapa tributario de nuestro país.

La presión fiscal —el peso de los ingresos tributarios sobre el PIB— era en España del 35,2% en 2019, mientras que la media de la eurozona ascendía al 41,4%, según los datos de la Comisión Europea. Esa brecha de 6,2 puntos se ha reducido hoy a 3,6, como consecuencia de las políticas adoptadas durante estos años. La convergencia de España con la eurozona es, sin duda, una buena noticia. La mayor recaudación ha permitido utilizar dos puntos del PIB —unos 30.000 millones de euros— para reforzar nuestro Estado de bienestar en dimensiones clave (ERTE, ingreso mínimo vital, pensiones, educación de 0 a 3 años, atención a la dependencia), al tiempo que se ha reducido el déficit estructural de las administraciones en otros 9.000 millones.

Pero el debate fiscal no pasa sólo por discutir si se suben o bajan los impuestos, sino por decidir a quién se le suben y a quién se le bajan. En este sentido, la nueva trayectoria fiscal española ha reequilibrado parcialmente la carga tributaria, reforzando la progresividad del sistema.

Por ejemplo, la reforma fiscal aprobada la semana pasada centra el esfuerzo en los grandes grupos empresariales y las rentas más elevadas: incrementa dos puntos la imposición a las rentas del capital por encima de los 300.000 euros, garantiza un tipo mínimo del 15% para las multinacionales, refuerza el impuesto a la banca y se compromete a extender el gravamen energético. Se profundiza así la tendencia de las reformas acometidas en 2021 y 2023, cuando se incrementó en cinco puntos el IRPF para las rentas del capital por encima de los 300.000 euros, se establecieron límites a la compensación de bases imponibles negativas para los grandes grupos empresariales, se creó el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas para patrimonios superiores a los tres millones, y se introdujeron tanto la tasa Google (orientada a gravar a los gigantes tecnológicos) como el impuesto sobre transacciones financieras.

De forma inversa, en 2023 se redujo del 25% al 23% el impuesto de sociedades para pymes que facturan menos de un millón, y la semana pasada se bajó al 20%. Estos años también se ha rebajado el IRPF para la mitad de los contribuyentes con rentas del trabajo, al extenderse la reducción por dichos rendimientos a todas las personas con ingresos inferiores a los 21.000 euros.

Las sucesivas reformas tributarias que se han aprobado desde 2020 no sólo han conseguido cuadrar el difícil círculo de los apoyos parlamentarios necesarios. Han sabido articular también un complejo equilibrio de prioridades económicas, elevando la presión fiscal sobre los grupos empresariales y sociales con mayor capacidad económica, al tiempo que se han evitado desincentivos al crecimiento económico y la creación de empleo. Los profetas del desastre vaticinaban un declive económico, mayor mortalidad empresarial y salidas de capitales como consecuencia de esta nueva senda tributaria. Sin embargo, hoy la economía española —mientras cierra paulatinamente su brecha de recaudación fiscal con la eurozona—, crece cuatro veces más que esta, crea uno de cada cuatro empleos en la Unión Monetaria y atrae un 16% de inversión extranjera directa más que en 2019. Los beneficios anuales del Ibex 35 han pasado de 31.500 millones en 2019 a más de 60.000 en 2024, y en el primer semestre de este año se constituyeron más de 63.000 empresas, máximo histórico desde 2008. No parece que España se acerque precisamente al “infierno fiscal” que algunos dicen vislumbrar.

Las recientes reformas fiscales están ayudando a la modernización económica y social de España, acercándonos al modelo centroeuropeo. Refuerzan así la base sobre la que se sustentan los derechos sociales, una cierta igualdad de oportunidades y nuestras propias libertades.