Más de la mitad de los potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital que no lo solicitan reciben otras prestaciones

342.856 hogares recibieron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España en 2023, según el estudio difundido este miércoles por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Son 60.000 más que en 2022, lo que este organismo valora como una evolución “positiva” en el alcance de esta política. Sin embargo, se ha incrementado tanto el volumen de potenciales beneficiarios (de 808.000 en 2022 a 951.702 en 2023) que la proporción de aquellos con derecho a percibirlo y que no lo hacen —el conocido como non-take up— se mantiene en una proporción similar: solo cae dos puntos, del 58% al 56%. Ese porcentaje tan alto, que tantas personas vulnerables que podrían disfrutar de este derecho no lo hagan, ha focalizado buena parte de las explicaciones de los expertos de la Airef este miércoles. A partir de sus datos se desprende que al menos más de la mitad de estas personas reciben otra tipo de prestación pública.

Cuando se indica que el 56% de los potenciales beneficiarios del IMV no lo solicitan, parece que todas estas personas están fuera del escudo social del Estado. Pero no es así. El organismo que dirige Cristina Herrero ha aportado un dato clave al respecto: de ese 56%, hay cinco puntos que se corresponden con las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Es decir, todas estas personas no solicitan el IMV porque, entre otros motivos particulares, ya están bajo el paraguas de la protección social autonómica. Son 47.500 hogares, según las estimaciones de la AIReF.

Esta idea se consolida con una de las paradojas del non-take up: la tasa es altísima en Cataluña, precisamente una autonomía que cuenta con una red autonómica de ayudas garantizadas muy consolidada. En esta región el 67% de los potenciales beneficiarios del IMV no lo solicitan, pero es que dentro de esa proporción un 17% se benefician de la renta mínima autonómica. En Euskadi hay casi cuatro veces más personas que solo reciben rentas mínimas que aquellos que solo perciben el IMV, que en principio serán serían elegibles para la segunda prestación.

Más allá de las rentas mínimas, las personas que podrían recibir el IMV y no lo perciben se benefician de otras ayudas. La principal es la prestación por desempleo, como ha recordado el organismo en su informe. Este dato es de 2021, pero el organismo precisa que no ha cambiado sustancialmente desde entonces: el 53% de los potenciales beneficiarios y que no solicitan la prestación perciben el paro, ya sea contributivo o asistencial. La Airef asegura que las administraciones públicas no le facilitan datos suficientes como para precisar con exactitud cuántas personas con derecho al IMV reciben otras prestaciones, pero de esta sucesión de datos se desprende que al menos más de la mitad están en esta situación.

En su informe de 2022, como ha recordado el organismo, indicaban que el 38% de los hogares non take-up “incrementarían su renta menos de un 30% de percibir el IMV”. La Airef abordará con todo lujo de detalles esta cuestión en 2025 o en 2026. Entonces está previsto que publique un informe sobre la complementariedad y el solapamiento del IMV con otras prestaciones no contributivas.

Según los datos de la Autoridad Fiscal, solo un 36% de los potenciales beneficiarios recibió la prestación en 2023, un punto más que en 2022. A la vez, solo el 19% de los potenciales beneficiarios del apoyo a la infancia percibieron esta ayuda (siete puntos más que el año anterior) y, en global, el IMV solo alcanzó al 17% de los hogares en riesgo de pobreza severa.

Cabe precisar que la cifra de beneficiarios totales que aporta la Airef (343.000) difiere tanto de la que aporta el ministerio (medio millón al cierre de 2023, 625.000 en junio) porque el ministerio cuenta como receptores del IMV a los que solo se benefician de la ayuda a la infancia, unas 180.000 prestaciones de un importe medio de unos 127 euros. El organismo no cuenta a estas familias.

Alcance estancado

¿Y por qué no mejora la tasa de non take-up? El organismo presidido por Herrero advierte tres razones principales. La primera ya la hemos descrito, el resto de prestaciones públicas que pueden percibir estas personas y que les alejan de afrontar el trámite del IMV. La segunda es que el criterio de renta esté vinculado a la situación económica de la familia en el año anterior a la solicitud, de ahí que el organismo reclame que los datos estén más vinculados al presente, a poder ser mediante las cotizaciones sociales. Este vistazo al pasado al conceder “dificulta la capacidad de la prestación para captar situaciones de pobreza sobrevenida”. La tercera razón es la dificultad para definir las unidades de convivencia. En su análisis cualitativo, la Airef ha comprobado que determinados tipos de familias (con miembros empadronados pero ausentes, familias extensas, parejas de hecho no formalizadas...) trasladan dificultades que les desaniman en la solicitud.

Ante los problemas por el non-take up, la Autoridad Fiscal ha insistido en los consejos que viene repitiendo desde hace tiempo. El principal es “acercar las prestaciones al ciudadano de forma automática utilizando esquemas de concesión de oficio”. La recientemente aprobada pasarela automática cuando se agota el subsidio de desempleo hacia el IMV “avanza en la dirección de esta propuesta”, considera la Airef. También reclama “reforzar las campañas de información y acompañamiento individualizadas” y “garantizar la continuidad de la publicación de las estadísticas homogéneas y comparables de los beneficiarios e importes mensuales de los programas de rentas mínimas”.

Mejora respecto a 2020

La Airef ha insistido en los “efectos positivos” que el IMV ha supuesto para los más vulnerables desde su puesta en marcha, a principios de 2020: “Este estancamiento en la consecución de su potencial [en referencia a la cantidad de personas que no lo solicitan] no impide observar algunos hechos significativos derivados del despliegue del IMV. En primer lugar, ha ampliado los hogares bajo el paraguas de una prestación de último recurso con respecto a la situación previa a su entrada en vigor”.

Según los cálculos, antes de la implantación del IMV, en mayo de 2020, existían 239.227 hogares perceptores de rentas mínimas autonómicas, mientras que, a octubre de 2023, 513.871 hogares perciben el IMV y/o una renta mínima autonómica. “El IMV continúa captando a hogares muy vulnerables, como pone de manifiesto el hecho de que la duración mediana en la prestación sea de 30 meses o que el 40 % lo percibe desde la implantación del IMV en el año 2020″, añade el informe.

El informe aplaude una de las últimos cambios en el IMV, el incentivo al empleo: “El 30 % de los hogares beneficiarios del IMV han incrementado sus rendimientos del trabajo entre 2021 y 2022, quedando exento prácticamente el 100% de estos incrementos para la determinación de la cuantía de la prestación”.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal