¿Cómo queda la reforma fiscal? Luz verde al impuesto a banca, pacto para extender el de las energéticas y rechazo a la subida al diésel

Respaldo del Congreso al paquete fiscal tras una negociación agónica. La improvisada reforma tributaria que el Gobierno y sus socios empezaron a diseñar a base de enmiendas ha sido aprobada parcialmente este jueves después de angustiosas semanas de negociaciones en las que se rozó la tragedia. Tras la convulsa y caótica Comisión de Hacienda del Congreso del pasado lunes, en la que la falta de acuerdo amenazó con echar todo por tierra y dejar al Gobierno frente al abismo, el Ejecutivo intensificó las negociaciones con sus socios de izquierda y derecha y, este jueves, logró alcanzar un alambicado consenso que deja a todos relativamente satisfechos. Todas las medidas pendían de la directiva comunitaria que obliga a los estados a fijar una tributación mínima del 15% a las multinacionales y que España debía aprobar antes de que terminara el año para evitar una sanción de Bruselas. Conseguido este hito, el Ministerio de Hacienda también ha logrado la luz verde del Parlamento a otros cambios fiscales de calado que suponían el grueso de la reforma. Junto al tipo mínimo, los socios han aprobado la permanencia del impuesto a la banca, el compromiso para extender más adelante el gravamen energético (siempre con deducciones a las inversiones verdes) y la corrección técnica en el impuesto sobre sociedades de las medidas que introdujo el exministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, y que recientemente tumbó el Tribunal Constitucional.

A estas medidas, que suponen la base de la reforma por volumen de recaudación, se le unen otras como un aumento en el IRPF para las grandes rentas del capital, un alza fiscal a los vapeadores y a las labores del tabaco, un cambio técnico para combatir el fraude en el IVA de los hidrocarburos y mejoras fiscales a las pequeñas cooperativas y empresas, los artistas y las entidades deportivas sin ánimo de lucro. Al otro lado, caen varias iniciativas que habían sido pactadas por el PSOE y Sumar y que no han recibido el apoyo de la oposición y parte de los socios. Entre ellas se encuentran la subida fiscal a las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (conocidas como socimis), a los pisos turísticos, a las primas de seguros privados sanitarios y a los bienes de lujo. También se ha rechazado, con el sorpresivo voto en contra de Podemos, la equiparación tributaria del diésel a la gasolina, una medida que habría supuesto ingresos por valor de 1.000 millones.

El Gobierno se jugaba mucho con este paquete. De entrada, una multa de la Comisión Europea en caso de no haber traspuesto el mínimo a las multinacionales, de obligado cumplimiento para todos los socios comunitarios. A su vez, de la aprobación de la reforma fiscal —que el Gobierno decidió ligar a la directiva europea— también dependía el quinto pago de los fondos europeos, dotado con 7.200 millones de euros. Y a la reforma fiscal en su conjunto están ligados miles de millones de euros entre nuevos ingresos y recursos que no se pederán gracias a ajustes técnicos. Sacar adelante el plan suponía evidenciar también que todavía existe una mayoría parlamentaria potencial que pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025. “La reforma fiscal que hemos aprobado se encuadra en la política tributaria de este Gobierno, que es avanzar en una fiscalidad progresiva donde quien más tiene, más debe aportar”, ha señalado Hacienda a través de un comunicado.

Los impuestos que se aprueban

Tipo mínimo de sociedades. Se fija un gravamen mínimo en el impuesto de sociedades del 15% para trasponer una directiva comunitaria, tal y como exige Bruselas. España llevaba ya un año de retraso en el trámite y ha sido apercibida y llevada a la justicia europea por parte de la Comisión. Esta medida, de la que se han ido colgando todas las enmiendas, era vital para esquivar una multa europea y asegurar unos ingresos que, de lo contrario, habrían ido a parar a otras jurisdicciones. Según fuentes gubernamentales, la recaudación ascenderá a los 2.600 millones anuales, aproximadamente. “El objetivo es luchar contra la planificación fiscal agresiva de las grandes empresas. España ha sido pionera a la hora de establecer un tipo mínimo para las multinacionales”, apunta el ministerio que dirige María Jesús Montero.

Banca. La extensión del impuesto extraordinario a entidades financieras y de crédito era un acuerdo de Gobierno al que llegaron el PSOE y Sumar y que fue ratificado entre el Ejecutivo y el PNV y Junts hace unas semanas a cambio de una serie de cesiones, como su inclusión en el concierto vasco. Sin embargo, ante el miedo de que no se prorrogase el gravamen sobre las energéticas, los socios de izquierda (ERC, EH Bildu y BNG) amenazaron con tumbarlo y finalmente, a cambio de su apoyo, consiguieron un compromiso para alargar ambos. La votación de este jueves establece una tasa que durará tres años y que gravará a las entidades bancarias de forma progresiva en función de su cifra de negocios, con un tipo que oscilará entre el 1% para las entidades más pequeñas y del 7% a patir de los 5.000 millones de euros de ingresos. “La recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas”, aclara el ministerio, que precisa: “El objetivo de este impuesto está en que el sector bancario, que obtiene grandes ganancias, siga contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos, siguiendo el principio de justicia fiscal, donde quien más gana, más aporta. El gravamen temporal no ha provocado efectos adversos significativos ni ha mermado las cuentas de las entidades financieras”.

Energéticas. Tras intensas y duras negociaciones, el Ejecutivo y sus socios han cerrado un compromiso para prologar próximamente a través de un proyecto de ley el gravamen a grandes eléctricas y energéticas. La prórroga de esta tasa no figuraba entre los acuerdos internos del Gobierno ni con los que suscribió el PSOE con Junts. Sin embargo, tras un giro vertiginoso de los acontecimientos, los socios de izquierda independentistas y Podemos redoblaron la presión y consiguieron arrancar el acuerdo. De lo contrario, habrían votado que no al conjunto del paquete. Ahora, Hacienda tendrá que negociar con todos los grupos para redactar una proposición de ley que dé forma al esquema y que libre de tributar las inversiones en descarbonización.

IRPF. Se eleva el tipo de la base del ahorro en el IRPF hasta el 30% en el caso de las rentas más altas, a partir de 300.000 euros anuales. Por esta base tributan los intereses de las cuentas corrientes y depósitos, la rentabilidad por los dividendos en acciones, los rendimientos de la inversión y los resultados en fondos y venta de acciones. Tiene un tipo impositivo notablemente inferior a la base general (a la que van, por ejemplo, los rendimientos del trabajo) y el Gobierno quiere reducir poco a poco la brecha. “No tiene sentido que las rentas del trabajo, mucho más numerosas y que afectan a la mayoría de la clase media y trabajadora, tengan una tributación mayor que las rentas del capital. La medida ayuda a reducir esa brecha”, recalca Hacienda.

Vapeadores. Se aprueba un impuesto a los cigarrillos electrónicos para gravar su nicotina y, en paralelo, se fija un aumento del impuesto a las labores del tabaco. Según las mismas fuentes, la recaudación vinculada a esta medida ascendería a los 500 millones por ejercicio. “El objetivo es combatir el aumento del consumo de los cigarrillos electrónicos, especialmente entre los más jóvenes. No es un instrumento recaudatorio, sino que queda al servicio de la política sanitaria para reducir el consumo del tabaco y de los cigarrillos electrónicos”, dice el ministerio.

Fraude de hidrocarburos. El Congreso ha validado una iniciativa planteada por el PNV para corregir aspectos técnicos que permitan combatir las tramas en el IVA de los hidrocarburos. Hacienda pierde cada año cientos de millones de euros por este tipo de delitos. “Se trata de medidas para evitar el fraude en la venta de carburantes a un precio inferior al del mercado con el consecuente perjuicio para competidores y las arcas públicas. Para ello endurecen los controles y se refuerzan los sistemas de información y registro de facturación de los operadores”, explican desde Hacienda.

Reforma de sociedades de Cristóbal Montoro. Los grupos parlamentarios han apoyado las correcciones técnicas en el impuesto de sociedades para asegurar los niveles de recaudación tras el varapalo del Tribunal Constitucional, hace casi un año, a varias de las reformas del exministro de Hacienda del PP. En 2016, Montoro estableció una serie de cambos a través de la figura del real decreto. Este error se subsana y se aprueban por la vía correcta. De la compensación de bases negativas dependen 2.600 millones, y de la reversión del resto de medidas, otros 3.500 millones, según estas fuentes. La norma aprobada contempla evitar el impacto recaudatorio que supondría la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló un paquete de medidas tributarias en el impuesto sobre sociedades aprobado por el Gobierno del PP. El objetivo es limitar las deducciones de las grandes empresas para aproximar el tipo real que pagan las multinacionales al tipo efectivo. “No tiene sentido que las grandes empresas debido a las deducciones acaben pagando en Sociedades un tipo inferior al que pagan las pymes”, abunda el departamento de Montero.

Las propuestas que caen

Diésel. Es la gran derrota para el Ejecutivo y supone dejar de ingresar más de 1.000 millones al año. La coalición de Gobierno, junto al PNV, Junts, ERC, EH Bildu y BNG, habían pactado una equiparación tributaria del diésel a la gasolina que habría supuesto un encarecimiento de unos 11 céntimos por litro repostado. Estas formaciones, junto con Podemos, se habían comprometido a votar a favor siempre y cuando, en el caso de los partidos de izquierda, se asegurase la permanencia del impuesto energético para así repartir la carga de la transición verde. Sin embargo, la formación liderada por Ione Belarra, en un giro imprevisto de última hora, ha rechazado dar su apoyo. La formación morada argumenta que la medida se votaba junto a otras de carácter regresivo. Sin embargo, deja la puerta abierta a su aval si se lleva dentro del proyecto de ley para extender el impuesto a las energéticas.

Socimis. El PSOE y Sumar también habían planteado el fin de la ventaja fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, las conocidas como socimis. Estos vehículos de inversión gozan de un trato de favor en el impuesto de sociedades y pueden llegar a tributar al 0% si cumplen una serie de requisitos a la hora de repartir beneficios entre los accionistas. La propuesta, que se había puesto sobre la mesa porque el régimen fiscal “no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”, había caído en la comisión del lunes y lo ha vuelto a hacer en el pleno.

Pisos turísticos. El Congreso ha rechazado la propuesta de los socios de la coalición para poner fin a la exención en el IVA de las viviendas turísticas. El objetivo subir su IVA al 21% y así presionar a los propietarios mediante la fiscalidad para que los inmuebles pasasen al alquiler permanente en las zonas tensionadas. La nueva ley insta al Gobierno a impulsar en Bruselas la modificación de la directiva armonizada del IVA para poder gravar el IVA a los arrendamientos de vivienda turística en zonas donde estos alojamientos dificultan el acceso a una vivienda.

Bienes de lujo. El PSOE y Sumar pusieron sobre la mesa un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios, como yates, coches de alta gama y jets privados. La medida, que adolecía de detalles técnicos y concreción, no tuvo el aval en la Comisión de Hacienda y tampoco lo ha logrado en el pleno.

Primas de seguros. Los diputados también han rechazado el fin de la exención a las primas de seguros privados sanitarios, que afectaba a más de 1,2 millones de ciudadanos y había sido planteada por los socios de la coalición.