Hacienda fracasa en su intento de sacar adelante la reforma tributaria

El Gobierno vivió una noche desesperada y de infarto. La reforma fiscal que había empezado a diseñar hace semanas demostró estar levantada sobre cimientos de arena y se derrumbó en la tarde y noche de este lunes, en una de las comisiones de Hacienda más caóticas y confusas que el Congreso de los Diputados recuerda. Ahora, tras el varapalo vivido, el Ejecutivo ha entrado en una encrucijada en la que cada vez se antoja más complicado cumplir con los compromisos adquiridos ante Bruselas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dejado claro en varias ocasiones que España debería elevar la presión fiscal para acercarse a la media europea y poder reducir los niveles de déficit y deuda públicos sin acometer recortes en el gasto. Sin embargo, la angustiosa votación para sacar adelante el plan fiscal que vivió el Parlamento, en la que durante más de ocho horas se evidenció la dificultad creciente para llegar a acuerdos, complica el margen de maniobra del Gobierno.

Tras haberse pospuesto en varias ocasiones en los últimos días, la Comisión de Hacienda debía validar ayer el dictamen que acompañaría a la trasposición de la directiva europea que impone una tributación mínima a las multinacionales, que exige la Comisión Europea. El Gobierno ha utilizado esta normativa para aprobar en España una suerte de reforma fiscal con la que relanzar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Por eso, el proyecto de ley ha sido completado con infinidad de enmiendas (casi 140) en materia tributaria que han ido negociando el PSOE y Sumar y los socios de la coalición en conversaciones paralelas que se han desarrollado en las últimas semanas.

Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando tocaba aprobar las medidas definitivas, todo se ha ido al garete. Ante la amenaza real de que el paquete tributario no saliera adelante, el Gobierno no ha tenido más remedio que recular de su pacto con el PNV y Junts para cerrar un compromiso ante Bildu, ERC y BNG y así convertir en permanente el impuesto a las grandes empresas energéticas, o al menos intentarlo. Gracias a este acuerdo de última hora, la comisión ha dado luz verde a un dictamen que ratifica algunas de las enmiendas presentadas, elimina otras y deja al albur de las próximas negociaciones varias de las más importantes, que deberán ser ratificadas en el pleno del próximo jueves. La maniobra a la desesperada del Ejecutivo anticipa una negociación a cara de perro para aprobar las cuentas públicas para 2025, que serán decisivas para completar la legislatura. Sin poder asegurar la aprobación de grandes reformas económicas, el Ejecutivo se asoma al abismo político.

Las medidas que se rechazan

Banca. Aunque la Comisión de Hacienda ha tumbado la enmienda que proponía extender durante tres años el gravamen extraordinario sobre las entidades financieras, un pacto in extremis entre el PSOE y BNG, Bildu y ERC ha permitido aprobar el dictamen con el compromiso de valorar una enmienda transaccional que contempla endurecer el tributo para los bancos con más ingresos (a partir de 5.000 millones de base liquidable) y que la recaudación se transfiera a las comunidades autónomas de régimen común en función de su peso en el PIB. En el caso de las forales, la figura se incluiría en los respectivos conciertos. A priori, todos los socios aprobarían la continuidad del impuesto. Sin embargo, las formaciones a la izquierda del Ejecutivo han dejado caer que, sin una extensión en los mismos términos del enérgetico, el paquete entero fracasará. Y es aquí donde todo se complica.

Energéticas. La extensión del tributo extraordinario a grandes eléctricas y energéticas no figuraba entre los acuerdos internos del Gobierno ni con los que suscribió el PSOE con Junts. Sin embargo, tras un giro vertiginoso de los acontecimientos, los socios de izquierda independentistas aseguraron ayer que habían acordado con el Ejecutivo que la figura se extienda durante al menos un año —mediante un real decreto ley— a cambio de su respaldo al dictamen. El Ministerio de Hacienda, por su parte, avanzó al momento que “mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”.

Los nacionalistas catalanes, azuzados por empresas como Repsol, se han mostrado contrarios a esta figura durante las últimas semanas y mantienen una posición maximalista al respecto. ERC, Bildu, BNG y Podemos también han hecho de este tributo una de sus líneas rojas, por lo que el consenso se antoja muy difícil y sigue completamente en el aire. En los últimos dos años, Hacienda ha recaudado más de 2.800 millones por ejercicio con los dos gravámenes extraordinarios.

Diésel. El PSOE pactó con el PNV y Junts hace unas semanas un aumento fiscal para equiparar la tributación del gasóleo no profesional con la gasolina, un cambio que defendían por motivos medioambientales y que implicaba encarecer en casi 11 céntimos cada litro repostado. Los diputados lo han rechazado.

Socimis. El PSOE y Sumar también habían planteado el fin de la ventaja fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, las conocidas como socimis. Estos vehículos de inversión gozan de un trato de favor en el impuesto de sociedades y pueden llegar a tributar al 0% si cumplen una serie de requisitos a la hora de repartir beneficios entre los accionistas. La propuesta, que se había puesto sobre la mesa porque el régimen fiscal “no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”, ha caído.

Pisos turísticos. Los socios de la coalición también habían propuesto el fin de la exención en el IVA de las viviendas turísticas para adelantarse a las negociaciones que están desarrollándose en la Unión Europea. El objetivo era presionar a los propietarios mediante la fiscalidad para que los inmuebles pasasen al alquiler permanente en las zonas tensionadas y así aliviar la falta de oferta. La propuesta, que elevaría el gravamen al 21%, también cae.

Bienes de lujo. El PSOE y Sumar pusieron sobre la mesa un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios, como yates, coches de alta gama y jets privados. La medida, que adolecía de detalles técnicos y concreción, tampoco ha visto la luz en la Comisión de Hacienda.

Primas de seguros. Los diputados también han rechazado el fin de la exención a las primas de seguros privados sanitarios, que afectaba a más de 1,2 millones de ciudadanos y había sido planteada por los socios de la coalición.

Las medidas que se aprueban

Tipo mínimo de sociedades. Se fija un gravamen mínimo en el impuesto de sociedades del 15% para trasponer una directiva comunitaria, tal y como exige Bruselas. España llevaba ya un año de retraso en el trámite y ha sido apercibida y llevada a la justicia europea por parte de la Comisión. Esta medida, de la que se han ido colgando todas las enmiendas, era vital para esquivar una multa europea y asegurar unos ingresos que, de lo contrario, habrían ido a parar a otras jurisdicciones.

IRPF. Se eleva el tipo de la base del ahorro en el IRPF hasta el 30% en el caso de las rentas más altas, a partir de 300.000 euros anuales. Por esta base tributan los intereses de las cuentas corrientes y depósitos, la rentabilidad por los dividendos en acciones, los rendimientos de la inversión y los resultados en fondos y venta de acciones. Tiene un tipo impositivo notablemente inferior a la base general (a la que van, por ejemplo, los rendimientos del trabajo) y el Gobierno quiere reducir poco a poco la brecha.

Vapeadores. Se aprueba un impuesto a los cigarrillos electrónicos para gravar su nicotina y, en paralelo, se fija un aumento del impuesto a las labores del tabaco.

Fraude de hidrocarburos. La Comisión de Hacienda ha validado una iniciativa planteada por el PNV para corregir aspectos técnicos que permitan combatir las tramas en el IVA de los hidrocarburos. Hacienda pierde cada año cientos de millones de euros por este tipo de delitos.

Reforma de sociedades de Cristóbal Montoro. Los partidos han apoyado las correcciones técnicas en el impuesto de sociedades para asegurar los niveles de recaudación tras el varapalo del Tribunal Constitucional a varias de las reformas del exministro de Hacienda del PP, que llegaron hace un año por haber abusado en 2016 de la figura del real decreto. Todos estos errores se subsanan y se aprueban por la vía correcta.

Bloqueo político

La complicadísima aritmética parlamentaria ha dejado la negociación herida de muerte y el Gobierno está haciendo encaje de bolillos para intentar cerrar un mínimo común que apoyen sus socios habituales y que sirva como punto de partida para el proyecto de Presupuestos. El desafío es mayúsculo dado el antagonismo ideológico que escenifican en materia fiscal el PNV y Junts, por un lado, y los socios de izquierda, por el otro. En estas conversaciones tampoco pueden olvidarse las guerras discursivas que escenifican el PNV y Bildu, Sumar y Podemos y, sobre todo, Junts y ERC por ocupar sus respectivos espacios políticos. En otras negociaciones el Gobierno ha conseguido salvar los bloqueos, pero en la tributaria todo está siendo más difícil.

El gran punto de discordia está siendo la extensión del gravamen energético. El bloqueo de Junts, que hasta ahora se niega a dar su visto bueno, llevó al Ejecutivo a pactar con los nacionalistas catalanes una reforma en la que se renunciaba a este impuesto a cambio de mantener el bancario y de impulsar otra serie de cambios. Sin embargo, los socios de izquierda se enrocaron y critican al PSOE por priorizar a Junts en las negociaciones, tal y como denuncian. Salvar las distancias en esta figura y en el resto del plan fiscal es cada vez más complicado. Todo se decidirá en las conversaciones de los próximos días, hasta la celebración del Pleno del jueves.