La Comisión de Hacienda tumba los impuestos a la banca, las energéticas y el diésel

Jarro de agua fría para el Gobierno de coalición y su intención de impulsar una reforma tributaria en España. En una sesión bulliciosa, caótica y confusa para trasponer la directiva europea que impone un tipo mínimo a las multinacionales, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha rechazado a última hora de la tarde el grueso de la reforma que pretendía sacar adelante el Ministerio de Hacienda, dando un portazo a la subida fiscal al diésel y a la posibilidad de convertir en permanentes los impuestos extraordinarios a banca y energéticas. Los diputados solo han dado luz verde por ahora a enmiendas menores que echan por tierra los grandes planes del PSOE y Sumar y dejan herida a la coalición.

El Gobierno aún tiene la opción de aprobar in extremis las medidas en el Pleno del jueves de salir adelante el dictamen, aunque fuentes gubernamentales se muestran pesimistas por cómo está transcurriendo la sesión de este lunes. Tal es el grado de caos y desencuentro, que la Comisión aún sigue reunida y debe validar el texto definitivo, que se someterá a examen a partir de las 11 de la noche. Si los diputados tumban el dictamen, decaerían todas las medidas planteadas, lo que supondría un importante revés político para el Gobierno.

El Ejecutivo ha sido víctima este lunes de la complicadísima aritmética parlamentaria y del descontento de sus socios de izquierda, molestos porque, aseguran, en el PSOE han dado prioridad a Junts y el PNV en las negociaciones. El Gobierno no ha conseguido sacar adelante la enmienda que recogía el aumento fiscal al diésel, una medida a la que se había comprometido con algunos grupos y que, junto a los gravámenes sectoriales, suponía el grueso de sus aspiraciones. La reforma fiscal es crucial para el Ejecutivo, ya que de su aprobación y validación por parte de Bruselas depende el pago del quinto desembolso de los fondos europeos. Son alrededor de 7.200 millones de euros que España se juega y que ahora tendrá que negociar con la Comisión Europea. Además del dinero comunitario, Hacienda necesita aumentar los ingresos para cumplir con los objetivos de déficit a los que se comprometió con Bruselas en el plan fiscal. A la ecuación se le añade el retaso en la trasposición de la directiva que ha servido como soporte para todas las enmiendas. España tendría que haber aprobado el mínimo del 15% a las multinacionales hace ya un año y ha sido llevada a la justicia europea por parte de la Comisión debido a esta demora.

La Comisión, que también debía validar la directiva que impone un mínimo del 15% a las multinacionales, solo ha dado luz verde por el momento a las medidas que corregían la reforma del impuesto de sociedades del antiguo ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro. Este era un cambio técnico necesario para asegurar los ingresos de este impuesto —la tercera figura fiscal más importante— después de que el Tribunal Constitucional hubiese anulado hace casi un año las modificaciones que tuvieron lugar en 2016 por no haberse puesto en marcha a través de la vía correcta. Además de este punto, la sesión también ha aprobado de momento un aumento en el IRPF para las rentas más altas del ahorro, un alza fiscal al tabaco y a los cigarrillos electrónicos y un cambio técnico que trata de poner fin al fraude en el IVA de los hidrocarburos.

De forma simultánea, los diputados han aprobado reducir el impuesto de sociedades para cooperativas y empresas con una facturación inferior a un millón de euros y han respaldado medidas para mejorar la tributación en actividades artísticas y establecer bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. Por otro lado, la mayoría de los grupos han apoyado la propuesta de Sumar de aumentar en dos puntos, hasta el 30%, el tipo marginal del IRPF aplicado a los rendimientos del ahorro superiores a 300.000 euros anuales; y han apoyado un nuevo gravamen sobre el tabaco líquido y las subidas fiscales sobre el tabaco tradicional, impulsadas por el Gobierno con el objetivo de reducir el consumo tanto de cigarrillos como de productos de vapeo. Finalmente, de nuevo a la espera del dictamen definitivo, la Comisión ha apoyado una enmienda destinada a combatir el fraude en los hidrocarburos, que había sido valorada positivamente incluso por el PP siempre que el Gobierno desistiera de las otras reformas.

El Gobierno ha querido aprovechar la trasposición de la directiva para aprobar en España una suerte de reforma fiscal. Por eso, a lo largo de las últimas semanas, el proyecto de ley ha sido completado con infinidad de enmiendas en materia tributaria que han ido negociando el PSOE y Sumar, los socios de la coalición y algunos partidos de la oposición. Sin embargo, los vetos cruzados entre unos y otros, sumado a la dificultad para llegar a acuerdos entre las formaciones que suelen dar soporte al Ejecutivo, han terminado por hacer decaer la mayor parte de las iniciativas. En estas semanas, marcadas por conversaciones paralelas entre unos y otros, la coalición ha intentado ganar tiempo y ha retrasado en varias ocasiones la tramitación del proyecto.

El gran punto de fricción llegó hace varias semanas con las negociaciones para intentar convertir en permanente el impuesto a las grandes energéticas. Mientras que ERC, Bildu, Podemos y BNG querían mantenerlo, Junts se negaba a darle continuidad y el PNV solo mostraba su visto bueno si se transfería al concierto vasco. Dentro del Gobierno, Sumar presionaba para extenderlo, mientras que el PSOE aceptaba eliminarlo a cambio de sostener el bancario. En este contexto, mientras empresas como Repsol redoblaban la presión, el PSOE negoció con Junts y PNV para eliminar el tributo definitivamente a cambio de extender durante tres años el que afectaba a las entidades financieras y de crédito. En paralelo, las tres formaciones pactaron una subida al diésel, a las grandes rentas del capital y al tabaco. La tensión entre los socios empezó a cobrar fuerza, ya que Sumar y el resto de formaciones de izquierdas rechazaron abiertamente el pacto, argumentando que era necesario mantener el gravamen energético.

Días después, el PSOE y Sumar hicieron público un nuevo acuerdo que partía sobre la base del anterior. Entre las medidas pactadas estaba el mantenimiento del gravamen bancario, el final de la exención a las primas de seguros sanitarios privados, la imposición de un IVA del 21% a los pisos turísticos y un aumento de la fiscalidad sobre las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario —conocidas como socimis—, unas figuras creadas en 2009 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y desarrolladas después por el de Mariano Rajoy para tratar de reanimar el mercado tras el pinchazo de la burbuja. Tras conocerse el pacto, ERC, Bildu, Podemos y BNG mostraron su desacuerdo e insistieron en la necesidad de mantener el gravamen a las energéticas.