El Gobierno aplaza la votación de la reforma fiscal con el nuevo impuesto a la banca ante la falta de mayoría

El PSOE ha optado por el mal político menor y ha decidido este jueves in extremis, a pocos minutos de que comenzara la Comisión de Hacienda en el Congreso, aplazar esa sesión hasta el próximo lunes para intentar buscar apoyos al proyecto de ley para fijar un tipo mínimo en el impuesto de sociedades, que contenía un paquete de enmiendas para dar luz a una reforma fiscal. De este modo, el Ejecutivo esperaba extender el nuevo impuesto a la banca, endurecer la fiscalidad de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi), eliminar la bonificación del diésel que ha provocado algunos fraudes o gravar el tabaco de los vapeadores, entre otras medidas con las que planeaba elevar la recaudación en más de 4.500 millones. PNV y Junts presionan en una dirección y los socios de izquierdas en la contraria, con la meta de mantener ese tributo también para las multinacionales energéticas.

El Gobierno ha negociado hasta el final y a todas las bandas posibles con todos los grupos parlamentarios, pero ha constatado que no dispone de la mayoría suficiente para que sacar adelante el grueso de medidas de ese proyecto, cuya percha es la transposición de una directiva europea obligatoria para armonizar la tributación mínima de las sociedades. Este nuevo aplazamiento vuelve a poner el foco en la evidente inestabilidad y precariedad parlamentaria del Ejecutivo, atrapado entre las exigencias de los partidos nacionalistas de la derecha y las de varios de sus socios de izquierdas, que quieren convertir en permanente el impuesto a las grandes multinacionales y energéticas. Si el proyecto no se aprueba podría conllevar sanciones de Bruselas, que tiene abierto un expediente a España por no haber implantado ya el impuesto mínimo de sociedades. Y acabaría definitivamente con el actual impuesto temporal a los bancos y energéticas.

“Un caramelo envenenado”. Así fue como retrató el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, la situación enrevesada en la que se ha visto envuelto el Gobierno de coalición en los últimos días al intentar aprovechar la ratificación de una normativa europea sobre la tributación mínima del 15% para las multinacionales que operan en los países de la UE para incluir en ese proyecto algunas reformas fiscales del gusto o interés de sus diversos socios. En ese proceso el PSOE y el Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero se han tropezado con la realidad de que muchas de las enmiendas pactadas y cerradas en un primer momento con el PNV y Junts, reacios a incrementar la tributación de las grandes eléctricas y energéticas, eran totalmente contraproducentes con las que luego quisieron introducir Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu o el BNG.

Ese puzle de la llamada geometría variable parlamentaria que preside esta compleja XV legislatura desde su inicio es el que sigue sin cuadrar, pero ahora en uno de esos asuntos nucleares que toca la política fiscal, unos ingresos que se llegan a calcular en Sumar en unos 8.000 millones al año y con presiones muy relevantes y diferentes, políticas y económicas. Los socios de izquierda querrían, fundamentalmente, lograr que esos impuestos temporales que se incluyeron durante la crisis a la banca y las grandes energéticas y eléctricas se quedaran de manera permanente, además de otras demandas como la eliminación del régimen fiscal favorable de las socimis, la implantación del IVA del 21% para los pisos turísticos o la subida fiscal a los bienes de lujo. Algo que rechaza tajantemente Junts y que el PNV había asumido a regañadientes a cambio de un consenso que por ahora se ha demostrado imposible. Ese pacto de mínimos pareció alcanzarse para perpetuar ese impuesto a la banca y a lo señalado en la directiva europea, pero ahora incluso eso está en el aire.

En ese escenario llevaba manejándose el Gobierno y el PSOE varias semanas, con contactos discretos, que se desplegaron ya en público tras anunciar el lunes de esta semana Sumar un acuerdo bilateral con los socialistas y una serie de medidas fiscales que presentaron como logros progresistas. Los demás partidos, y en particular Junts y PNV que habían pactado sus enmiendas en secreto hace un mes, entraron en combustión política y lanzaron avisos muy claros al Ejecutivo que pueden marcar el resto de la legislatura. Junts volvió a ser el menos flexible y alertó de que o se contemplaban sus reivindicaciones (sobre equipos médicos aéreos, clubes deportivos, pymes, cooperativas y centros especiales de trabajo por incapacidades) o tumbaría el dictamen de la ley que debía aprobarse en la comisión de Hacienda de este viernes (ahora aplazada a la tarde del próximo lunes) y votaría en contra también si el proyecto se llevaba así al pleno de la semana que viene. ERC, siempre vigilante de todo lo que se negocia con Junts, acabó lanzando la misma premisa pero por reclamaciones diferentes, como el resto de la izquierda.

El asunto se enredó tanto que este jueves, en los pasillos de la Cámara baja, se empezó a especular con que la salvación a este nuevo fracaso parlamentario del Ejecutivo le llegaría al PSOE desde el PP de Alberto Núñez Feijóo, cuando aún resonaban en el hemiciclo las invectivas de esa formación del día anterior en el pleno sobre la dana y los duros ataques de sus representantes en Bruselas a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Fue así, en ese ambiente, cuando Esteban emitió el mensaje del “caramelo envenenado” y añadió sus recurrentes lamentos a la forma de negociar tan improvisada y “cortoplacista” de este Gobierno.

Desde la izquierda, la diputada, portavoz y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue más clara y le espetó al Ejecutivo, por un lado, que se estaba equivocando con esa decisión porque entiende que “no es el momento de quitar el impuesto a las energéticas” cuando más se necesita y con lo que han ganado este año, pero también, políticamente, agregó que sus cuatro votos son y van a ser de cara a los Presupuestos Generales del Estado tan necesarios e importantes como los siete de Junts o los cinco del PNV. Es lo que piensan, por otro lado, en ERC, EH Bildu y el BNG.

Fue en esa tesitura cuando el PP amagó con ofrecer su apoyo puntual a esa reforma si se limitaba solo a recoger las directrices europeas y la persecución al fraude de los hidrocarburos (tesis que aceptaba también el PNV) pero para evidenciar las debilidades del Gobierno. El PSOE, que lo sopesó, opto por no complicar aún más su panorama y aplazar la sesión para buscar los votos que le faltan de todos sus socios hasta el último minuto. Una importante dirigente socialista lo reconoció en privado: “Esto se ha llevado mal desde el comienzo, teníamos que habernos limitado a traer al Congreso solo la transposición de lo que marca Bruselas y habría salido adelante sin problemas pero se ha querido contentar a todo el mundo y ahora es mejor desconvocar que llevarnos un revolcón o que estar atados a lo que pudiera o no venirle bien al PP”.

En el Gobierno han superado por el momento esa tentación de recurrir al PP y esperan que de aquí al lunes alguno de sus socios ceda, algo que no se vislumbra. Si el dictamen de la ley llegara al pleno en estas condiciones, incluso con algunas enmiendas vivas, y fuera derrotado, la norma ya no tendría tiempo para entrar en vigor antes de que acabe el año y Bruselas podría imponer posibles sanciones a España.