El PSOE y Sumar relanzan la negociación del Presupuesto con subidas fiscales a pisos turísticos y empresas de inversión inmobiliaria

El PSOE y Sumar han alcanzado este lunes un acuerdo para impulsar una reforma fiscal en 2025 con varias novedades dirigidas a mejorar la recaudación, avanzar en la equidad tributaria y relanzar la negociación para aprobar unos nuevos Presupuestos. Entre las medidas acordadas está la imposición de un IVA del 21% a los pisos turísticos y un aumento de la fiscalidad sobre las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario —conocidas como Socimis—, unas figuras creadas en 2009 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y desarrolladas después por el de Mariano Rajoy para tratar de reanimar el mercado tras el pinchazo de la burbuja. Con todas ellas, explican los partidos del Gobierno en el documento que han difundido, se financiarán las políticas públicas habituales y, además, todas las ayudas extraordinarias vinculadas a la dana que ha azotado Valencia, “que va a requerir de una política fiscal más activa”.

El pacto entre el PSOE y Sumar supone retomar la negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025. El Gobierno, que había prorrogado este año las cuentas de 2023, decidió aplazar la tramitación de un nuevo proyecto por los problemas para sacar adelante la senda fiscal. Ahora, tras el azote de la dana, el presidente, Pedro Sánchez, instó a todos los grupos parlamentarios a aprobar cuanto antes un nuevo Presupuesto con el que financiar la reconstrucción de la provincia valenciana. El PSOE y Sumar se han puesto manos a la obra y han llegado a un pacto que sigue la estela de un acuerdo fiscal previo entre los socialistas y el PNV y Junts, con el que los ingresos públicos crecerían en más de 4.500 millones de euros. Sin embargo, otros socios habituales de la coalición como ERC, Bildu y Podemos reclaman más ambición y ponen en duda su apoyo.

El acuerdo de este lunes incluye la aplicación de un IVA del 21% a los apartamentos turísticos. Esta medida, según explica el documento, busca reducir su rentabilidad y fomentar su reconversión en viviendas de alquiler permanente, contribuyendo así a aliviar la falta de vivienda habitual en zonas tensionadas. Fuentes de Hacienda precisan que la idea es eliminar la actual exención de la que disfrutan los arrendamientos inferiores a un mes y así adelantarse a las conversaciones que están desarrollándose en la Unión Europea y que buscan armonizar un gravamen a nivel comunitario sobre esta actividad. También en materia inmobiliaria, los socios han acordado suprimir el régimen fiscal especial de las Socimis, “que solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades y que no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”, según el texto. En España hay cotizando casi 120 vehículos de inversión inmobiliaria, que disfrutan de un trato fiscal favorable si reparten la mayor parte de los dividendos, entre otros requisitos. El objetivo del Gobierno, según fuentes de Sumar, es eliminarlo.

Tras intensas negociaciones lideradas por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, los socios de la coalición han pactado también mantener el impuesto especial a la banca, incrementar la tributación de la inversión de las rentas altas e implementar un gravamen especial sobre los bienes de lujo. A estas medidas, que deberán aprobarse en un Congreso de los Diputados en el que cuesta mucho esfuerzo aunar mayorías, se le unen otras como la eliminación de la exención en el IVA a las primas de seguros privados sanitarios y empezar a gravar la nicotina de los cigarrillos electrónicos. Todas estas palancas se han incluido como enmiendas en la trasposición de la directiva europea que impone un mínimo del 15% a las multinacionales. De ellas ha quedado fuera el gravamen extraordinario sobre las empresas energéticas, que, a diferencia de lo que ha ocurrido con el bancario, previsiblemente decaerá.

Pese al pacto, no está asegurado que las novedades vean luz verde en las Cortes. Varias de estas medidas habían sido acordadas hace dos semanas entre el PSOE, PNV y Junts a través de diferentes enmiendas. Sin embargo, este lunes, mientras el Gobierno negociaba internamente, el Congreso desconvocó la comisión de Hacienda que iba a emitir el dictamen con la valoración de todas ellas. La razón es que ERC y Bildu habían anticipado que votarían en contra si el impuesto a las energéticas finalmente llegaba a su fin, tal y como está ahora previsto. Podemos también ha anunciado que rechazará el paquete si el gravamen sobre las energéticas llega a su fin. El Gobierno se ha dado de plazo hasta el jueves para intentar conseguir el apoyo de sus socios de la izquierda.

Cigarrillos electrónicos e inversión

El acuerdo alcanzado este lunes establece una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades para multinacionales y grandes empresas. Este cambio, que nace de la trasposición de una directiva europea que tendría que haberse aprobado hace ya un año, permitirá al Gobierno cumplir con los acuerdos del pilar dos de la OCDE, que busca una mayor equidad fiscal a nivel global y poner fin al traslado de beneficios a jurisdicciones de tributación baja.

El pacto convierte el gravamen temporal a la banca, diseñado en 2022 para actuar contra los beneficios extraordinarios, en un impuesto permanente durante los próximos tres ejercicios, a pesar de las protestas de algunas entidades financieras, especialmente CaixaBank. Según el acuerdo, esta medida garantizará que estas entidades, “que solo pagan menos del 3% de sus beneficios en impuestos y que están obteniendo beneficios récords”, contribuyan “de manera justa al sostenimiento de la sociedad de la que tantos beneficios obtienen al igual que el resto de empresas y ciudadanos”.

También se quiere desplegar el Estatuto del Artista para otorgar a esta figura una fiscalidad más favorable y mejorar la tributación de las cooperativas “para facilitar el crecimiento y ampliación de esta piedra angular de la economía social y del acceso a la propiedad de los medios de producción de trabajadores y trabajadoras”.

Otra de las novedades es la subida de dos puntos en el IRPF para las rentas de capital superiores a 300.000 euros, avanzando así hacia una mayor equidad entre las rentas del trabajo y las del ahorro. Asimismo, se creará un nuevo impuesto cuyo diseño todavía tiene que definirse sobre bienes de lujo, como jets, yates privados y coches de alta gama. El objetivo, de nuevo, es mejorar la equidad en la distribución de la riqueza.

A este paquete también se le unirá un cambio legal para resolver los problemas generados por la declaración de inconstitucionalidad de la reforma fiscal del antiguo ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. Estos cambios permitían adelantar la recaudación de las grandes empresas y grupos empresariales al limitar sus posibilidades de deducción de pérdidas y dividendos repatriados, así como las posibilidades de consolidación de los grupos en el impuesto de sociedades. El cambio de Montoro se introdujo a través del decreto ley y, recientemente, el Tribunal Constitucional tumbó la decisión. Ahora, el Gobierno se dispone a aprobarlo por la vía correcta.