La recaudación del impuesto de grandes fortunas se hunde un 95% tras la reactivación autonómica de patrimonio

El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, implementado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023 para contrarrestar las bonificaciones autonómicas en el de patrimonio, ha visto cómo su recaudación se desplomaba un 95% en 2024, pasando de los 619 millones de euros ingresados en el ejercicio anterior a tan solo 38 millones. Así lo refleja el informe de recaudación de la Agencia Tributaria correspondiente al mes de agosto, publicado este lunes, que incluye estos datos debido a que el tributo en cuestión se liquida mayoritariamente en julio. Para entender el porqué de esta drástica caída hay que mirar hacia comunidades como Madrid y Andalucía, que han anulado los descuentos que tenían en el gravamen original para quedarse con unos ingresos que, de lo contrario, habrían ido a parar al Estado.

El propósito del Ministerio de Hacienda con la creación de la nueva figura era compensar la falta de recaudación en territorios donde el impuesto de patrimonio estaba bonificado. Tecnicismos aparte, el esquema permitía que los contribuyentes más ricos que lograban escapar del impuesto original gracias a su residencia fiscal tuviesen que abonar uno de estructura similar a Hacienda, en lugar de a su comunidad. En cambio, los que sí lo pagaban —porque su autonomía no aplicaba descuentos— podían deducirse el 100% de la cuota en el nuevo. Esto se explica porque, aunque el tributo tradicional es de carácter estatal, su gestión y recaudación está cedida a las comunidades, que tienen la facultad de bonificarlo hasta el 100% para acabar con él en la práctica.

El diseño ideado por Hacienda logró cumplir con su objetivo y propició que los gobiernos autonómicos que bonificaban el tributo tradicional lo recuperaran, ya que, de lo contrario, el dinero de sus grandes patrimonios habría ido a parar al departamento que dirige María Jesús Montero. Es decir, los ricos no han dejado de pagar este año, sino que el grueso de los ingresos se ha quedado en manos de las comunidades autónomas, en lugar de pasar al Estado. Esos 38 millones ahora recaudados se explican por cuestiones técnicas del nuevo impuesto, que obligan a pagar un pellizco adicional a las grandes fortunas de algunas autonomías que tienen umbrales y tipos impositivos inferiores a los de la nueva figura.

La Comunidad de Madrid fue en 2023 la mayor contribuyente del impuesto estatal con 555 millones de euros. Ahora, la reactivación de patrimonio ha redirigido esos ingresos a la administración autonómica. Otras comunidades como Andalucía y Galicia, que habían bonificado total o parcialmente patrimonio, también siguieron el camino del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

A pesar de que la recaudación del impuesto a las grandes fortunas ha quedado prácticamente residual, el Ejecutivo ha decidido mantenerlo. Su objetivo es asegurar que todas las comunidades autónomas graven de forma homogénea la riqueza dentro de sus territorios, promoviendo así una mayor equidad fiscal a nivel nacional. De hecho, al recuperarlo, Madrid confirmó que únicamente mantendría patrimonio mientras estuviese en vigor el impuesto estatal.