Hacienda defiende limitar la autonomía fiscal de las comunidades para armonizar impuestos

La capacidad normativa de las comunidades autónomas en impuestos como el IRPF provoca diferencias de tributación territoriales que, en el caso de una renta de 600.000 euros anuales, alcanza aproximadamente los 45.000 euros. Esta brecha es la que el Ministerio de Hacienda quiere atajar aprovechando la futura reforma del sistema de financiación autonómica, precipitada tras el acuerdo firmado entre el PSC y ERC para dotar a Cataluña de un modelo singular. El Congreso debatió ayer sobre el plan y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió la limitación del margen normativo de los territorios con el fin de “exigir el mismo esfuerzo fiscal a la misma capacidad de renta”. El literal de sus palabras sugiere frenar de alguna forma la competencia tributaria de las autonomías para subir o bajar impuestos, una cuestión que iría contra el modelo federal que defiende el Ejecutivo. Fuentes de Hacienda aclaran que no hay intención de promover una supresión de esas facultades, sino que la apuesta pasaría por reducir las grandes diferencias que hay en el trato tributario de las rentas y patrimonios más elevados.

El pacto fiscal para Cataluña, además de otras aristas todavía difusas e incluso contradictorias, plantea que la Generalitat contribuya a la solidaridad con el resto de los territorios, pero con un matiz de calado: siempre que estos soporten un esfuerzo fiscal similar. Todavía no se sabe cómo se aterrizará esta idea o qué pasará con la aportación si una autonomía decide rebajar parte de sus tributos. En este contexto, todo apunta a que la idea del Ejecutivo sería limitar únicamente las rebajas fiscales que se llevan a cabo en los tramos altos de los impuestos patrimoniales y en renta.

El corsé a la competencia de las autonomías para subir o bajar impuestos chocaría, a priori, con otro de los postulados del pacto catalán que fueron defendidos por Montero. El documento recoge “un aumento sustancial y progresivo de la capacidad normativa” de las comunidades con el objetivo de avanzar hacia un modelo tributario federal, en el que los gobiernos territoriales tengan más margen de maniobra. Por eso, señala Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, “es extraño mezclar la idea de impulsar un aumento de la capacidad normativa con el concepto de la armonización”. La autonomía fiscal, recuerda este experto, es que “cada uno haga lo que quiera con sus impuestos”. El problema, añade, es que lo que hace una comunidad afecta al resto. Por eso, “los impuestos sobre la riqueza son un mal candidato para descentralizar”.

En el debate en el Congreso, ante las críticas de la oposición, Montero defendió el pacto, del que no dio nuevos detalles, y preguntó al Partido Popular si comparte la idea de que “tiene que haber un esfuerzo fiscal similar en todo el Estado”. “¿Comparte el Partido Popular que quienes pagan los impuestos son los ciudadanos y, por tanto, al mismo nivel de renta deberían pagar una cantidad análoga de dinero?”, lanzó. Previamente, la vicepresidenta había puesto sobre la mesa una serie de casos en los que la diversidad autonómica en materia tributaria da lugar a fuertes divergencias territoriales. Se refirió al impuesto de sucesiones y al trato de favor que recibe una gran herencia en lugares como Madrid o Andalucía. También a las divergencias que hay sobre los altos patrimonios y rentas más elevados del país. Calificó esas diferencias como “injusticia fiscal” y un “atentado contra la igualdad”. “¿No es eso lo que tenemos que modificar para que el mismo esfuerzo fiscal sea exigible a la misma capacidad de renta?”, preguntó.

En España, los gobiernos regionales tienen capacidad normativa y de gestión en una serie de impuestos como patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y la parte autonómica del IRPF. Eso ha propiciado que en los últimos años haya cogido velocidad la carrera a la baja en la que están inmersas varias comunidades. Según las simulaciones que cada año realiza el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), la renta de 600.000 euros a la que se refirió Montero pagaría 298.000 euros por concepto de IRPF en Comunidad Valenciana, pero solo 251.700 en Madrid, el territorio más barato. Asimismo, el heredero de 800.000 euros abonaría 103.000 en Asturias y cero en Galicia, Cantabria, Baleares y Andalucía. Para Montero, “nos encontramos con la paradoja de que las comunidades del Partido Popular con una mano bajan los impuestos a los ricos y con la otra piden dinero al Gobierno de España porque no les alcanza para financiar los servicios públicos”. La formación de Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, esgrime que las comunidades hacen uso de su competencia y defiende que, con las rebajas, el dinero se recauda por otras vías como el consumo o la atracción de contribuyentes.

El rifirrafe entre Gobierno y oposición por este asunto viene de largo. Sin ir más lejos, las rebajas autonómicas en el impuesto sobre el patrimonio llevaron a Hacienda a diseñar hace dos años un tributo similar, el de solidaridad de las grandes fortunas, para frenar las bonificaciones regionales. Sin embargo, con la posible reforma del sistema de financiación autonómica en el horizonte, algunos en el Gobierno ven la oportunidad de armonizar ciertas figuras impositivas, imponiendo unos umbrales mínimos y máximos para que las autonomías, sin perder del todo su margen normativo, tengan que adecuarse a ellos.

Sin nuevos detalles de la financiación

En el debate, impulsado por la oposición para tener más detalles del pacto de financiación singular, Montero se refirió por primera vez al acuerdo con ERC con el concepto de “concierto económico”, un término que había negado en otras ocasiones. El documento, dijo, tiene “algunos elementos que tienen que ver con el concierto vasco y el convenio navarro”. Sin embargo, matizó, supone “una mirada nueva”, con “recorrido propio” y “que no tiene por qué mirarse en otros modelos del territorio”. “Alguno lo puede llamar concierto económico solidario porque hay algunos elementos que tienen que ver con los clásicos conciertos vascos y convenio navarro, y otros lo pueden llamar una reforma del sistema de financiación o pensar que no es un concierto. No se trata de poner nombres, se trata de mirar qué persigue”, abundó la titular de Hacienda.

El pacto contempla que Cataluña gestione y recaude a través de una agencia tributaria propia los impuestos que se generan en su territorio. A cambio, la Generalitat pagaría al Estado por el coste de los servicios prestados, a la par que contribuiría a la solidaridad con el resto de comunidades respetando el principio de ordinalidad y el de igual esfuerzo fiscal. A partir de aquí, cada grupo político hace sus valoraciones. Montero, y por extensión el PSOE, ve el acuerdo como justo y como una vía para reformar un sistema de financiación ya caduco. “Una financiación justa y singular es compatible con la contribución equitativa al sostenimiento del gasto del Estado que redunda en beneficio de los ciudadanos de Cataluña y en la solidaridad entre territorios”, dijo ayer. Al otro lado, el PP cargó contra el “cupo separatista”, que es “una traición a los principios de convivencia que nos unen”, dijo el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.