Las autonomías del PP retoman la carrera de rebajar impuestos en pleno debate sobre la financiación

La ola de rebajas fiscales autonómicas se ha intensificado tras los comicios regionales y locales del 28 de mayo, que tiñeron de azul el mapa de España. El PP se ha hecho con seis territorios más —en total, gobierna en 11 comunidades— y, en casi todos ellos, ha anunciado bajadas de impuestos, dirigidas principalmente al tributo que grava las sucesiones y las donaciones y al IRPF, y que se suman a las ya aprobadas en la segunda mitad de 2022 por Ejecutivos de distintos colores —en ese caso, para mitigar el impacto de la inflación—. Mientras tanto, en plena negociación para que se constituya el Gobierno central, el incombustible debate sobre la reforma de la financiación autonómica ha vuelto a estar sobre la mesa y las comunidades han relanzado sus exigencias particulares.

“Es urgente bajar los impuestos a las familias de las islas en un momento en el que todo sube”, dijo hace escasas semanas Margarita Prohens (PP), la nueva presidenta de Baleares, una de las primeras comunidades en anunciar rebajas fiscales tras las elecciones. El archipiélago ha eliminado el gravamen sobre sucesiones y donaciones entre familiares cercanos y el tributo que grava las transmisiones patrimoniales en determinados supuestos.

En el mismo sentido se moverá el flamante presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), que ha logrado un pacto con Vox para gobernar la comunidad: bajará el tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas, se ha comprometido a disminuir sucesiones y donaciones hasta su mínimo legal y a elevar el mínimo exento del impuesto de patrimonio. También el Ejecutivo cántabro introducirá medidas de desahogo fiscal en sus presupuestos de 2024; Extremadura rebajará el IRPF y suprimirá Patrimonio, y Madrid, donde la popular Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a confirmar su liderazgo y que tiene en los bajos impuestos una de sus banderas, ha anunciado nuevos descuentos. Canarias, donde gobiernan PP y Coalición Canaria, también ha anunciado que dejará de gravar las sucesiones y las donaciones. Igual que Valencia.

Estos movimientos se producen gracias a las amplias competencias fiscales de las que gozan las comunidades. Gestionan y recaudan los impuestos que tienen totalmente cedidos, como los que afectan a las herencias y las transmisiones patrimoniales. También pueden modificar parcialmente el tributo más potente de todo el sistema, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): controlan la mitad de su escala impositiva —el tramo autonómico—, y pueden modificar tanto los mínimos familiares y personales como aplicar deducciones.

“No tiene por qué haber contradicción [entre bajar impuestos y pedir una reforma del modelo de financiación]. El sistema reparte recursos a igual esfuerzo fiscal. Luego, con lo que le toca, cada uno puede construir la cesta que más le guste de servicios e impuestos. Algunos pueden preferir bajar impuestos y apañarse con servicios algo peores, sin que eso quiera decir que les sobra el dinero. Y a la inversa, otros preferirán subir impuestos para mejorar servicios y eso no implica necesariamente que estén mal financiados”, resume el economista Ángel de la Fuente, director del centro de estudios Fedea. “Asturias, por ejemplo, opta por impuestos altos para financiar más servicios y más redistribución, y Madrid, por lo contrario. Tan legítima es una cosa como la otra, y hay que dejar que los votantes decidan”.

Si un territorio decide bajar impuestos, nadie le compensa, ya que cada autonomía debe aportar al sistema de financiación el 75% de su recaudación normativa, es decir lo que ingresaría por los tributos cedidos tradicionales y los compartidos —el 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de los impuestos especiales— antes de aplicar subidas o bajadas fiscales. Después, esa bolsa común de recursos —en la que también hay aportaciones del Estado— se reparte entre las comunidades en función de una serie de criterios dirigidos a nivelar la calidad de los servicios públicos entre regiones ricas y pobres.

“El sistema penaliza las bajadas de impuestos, aunque no se vea con claridad, porque evita que las comunidades que aplican rebajas fiscales reciban después una compensación por la nivelación”, aclara Diego Martínez López, profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. Es decir: cada autonomía aporta a la cesta común lo que le corresponde por su recaudación normativa, sin importar si ha bajado o no las tarifas.

Ricos y pobres

El sistema de financiación autonómico lleva desde 2014 a la espera de ser renovado y, de vez en cuando, como ha ocurrido recientemente, enciende la arena política provocando choques entre los barones regionales y el Ejecutivo central. De momento, los encontronazos no han llevado a ninguna parte. Los territorios están enrocados en sus posiciones, que responden más a su situación demográfica, geográfica y financiera que al partido que manda. Solo coinciden en que es necesario un cambio y muchos de ellos exigen más recursos, sobre todo aquellos territorios que reciben del sistema una financiación inferior a la media.

Entre ellos está la Comunidad Valenciana. Es una de las autonomías peor tratadas por el sistema de financiación y la más endeudada en relación con su PIB. Aun así, la coalición de derechas que ha llegado al poder ha iniciado su propia retahíla de rebajas: ha bonificado al 100% el impuesto de sucesiones y donaciones, un gravamen que en la pasada década fue víctima de una carrera a la baja entre comunidades y que vuelve a ser protagonista en esta nueva etapa de recortes tributarios. En el futuro, prevé suprimir el impuesto de patrimonio y reducir de manera drástica el IRPF.

“No es incoherente que una comunidad mal financiada baje impuestos: es una decisión política. Lo que no se puede hacer es que la rebaja la pague el sistema”, insiste Martínez López. “Aunque es cierto que los territorios ricos y bien financiados tienen más margen. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene una financiación en la media y es rica”. Y los ciudadanos con rentas altas suelen hacer un menor uso de los servicios públicos, lo que reduce la presión sobre las cuentas autonómicas.

“Hay dos cuestiones que habría que separar con claridad. Una es la bondad del reparto que hace el sistema y otra qué uso hace cada comunidad de su autonomía. El sistema reparte recursos calculados como si nadie subiera o bajara impuestos (”a igual esfuerzo fiscal”), y la cuestión de si una comunidad está bien o mal financiada ha de valorarse en estos términos”, incide De la Fuente. “Luego cada comunidad es libre de decidir qué hace con lo que le toca, pero tiene que apechugar con las consecuencias, sin pedir que le compensen por ello. Si un territorio está bien financiado a igual esfuerzo fiscal, no debería pedir más recursos, pero eso es independiente de su cesta preferida”. Otra cosa es querer gastar más a costa del Estado sin asumir el coste político de subir impuestos. “Las autonomías deben asumir su mayoría de edad fiscal, dejando de pedir dinero a papá Estado”, zanja el director de Fedea.

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