Madrid aporta el triple de recursos que Cataluña a la financiación autonómica, según Fedea

El sistema de financiación autonómica, que ha irrumpido con fuerza en el debate político, tiene como objetivo que todas las comunidades garanticen a sus ciudadanos los servicios públicos en las mismas condiciones. Para lograrlo, contempla una serie de trasferencias tanto verticales, desde el Estado a las regiones, como entre los mismos territorios, donde los más ricos aportan más de lo que reciben y viceversa. Madrid, Cataluña y Baleares, con las mayores rentas per cápita, son las únicas aportadoras netas, con unos 9.000 millones en total, pero con grandes diferencias entre ellas. Mientras que la región de la capital contribuye con más de 6.300 millones al sistema, Cataluña lo hace con 2.168 y Baleares con 334.

Así lo resume la nota La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicada por el centro de estudios Fedea este lunes y elaborada por su director, Ángel de la Fuente. El informe analiza la liquidación del sistema correspondiente a 2021, que el Ministerio de Hacienda acaba de difundir y a partir del cual el economista calcula la financiación definitiva de ese año, además de los llamados indicadores de financiación aumentada, que incluyen las transferencias extraordinarias diseñadas para hacer frente a la pandemia.

De la Fuente calcula que las comunidades receptoras recibieron recursos por encima de sus ingresos tributarios por un importe 20.000 millones de euros. Algo más de la mitad de esta cifra, unos 11.000 millones, procede del Estado, y el resto —9.000 millones— de las autonomías con mayor renta per cápita: Madrid, Cataluña y Baleares. Estas aportaciones suponen en torno a un 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares, un 9% en Cataluña y un 24% en Madrid. En el otro lado están todos los demás territorios beneficiarios netos: los importes recibidos por esta vía suponen más del 20% de los ingresos tributarios en diez casos —solo Valencia y Aragón se quedan por debajo de este porcentaje—. En Extremadura superan el 40% y son más de la mitad en Canarias.

Eso ocurre porque el sistema está basado en la nivelación: uno de los papeles fundamentales del Estado es redistribuir recursos entre Administraciones y territorios para complementar los ingresos de las zonas menos dinámicas, de forma que se garantice la prestación de unos servicios públicos básicos en condiciones —educación, sanidad y servicios sociales, de gestión autonómica—. Quien paga los impuestos son los ciudadanos: a más renta, consumo y riqueza, más se tributa.

En total, la financiación definitiva de las comunidades creció en un 16% (18.000 millones) en 2021, sobre todo gracias a la mejora de los ingresos tributarios tras la caída provocada por la pandemia durante 2020. El documento avanza que los recursos del sistema sujetos a liquidación retrocedieron un 0,87% en 2022, pero este año se incrementaron en hasta un 19,3%.

Con respecto al año de la pandemia, hay territorios que han mejorado su posición relativa en cuanto a financiación por habitante ajustado. En este grupo destacan Baleares y Extremadura. En el lado opuesto están las caídas de Murcia (-1,5), Valencia (-1,0) y Castilla la Mancha (-1,0). Estas tres comunidades siempre están a la cola de la distribución, pero con este retroceso se alejan aún más de la media.

Murcia y Comunidad Valenciana, las peor financiadas

El sistema de financiación autonómica descansa sobre un alambicado esquema de fondos que se nutre del lo que las comunidades ingresan por los tributos compartidos con el Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales), los impuestos que tienen cedidos (como sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales) y aportaciones del Estado. El fondo más relevante es el de Garantía, que reparte los recursos en función de las necesidades de gasto de cada territorio. Estas se miden a su vez a través de la población ajustada: la población real ponderada a través de variables geográficas y demográficas, como la dispersión territorial o la edad de los residentes.

Después entran en juego otros fondos, que muchos académicos consideran distorsionadores por los ajustes que suponen. Son el Fondo de Suficiencia —que asegura que ningún territorio reciba menos de lo que habría resultado de aplicar el modelo anterior— y los de Convergencia (Cooperación y Competitividad), que pretenden fomentar la convergencia entre territorios en términos de renta per cápita y de financiación por habitante ajustado.

La foto final deja a cuatro comunidades con recursos por debajo de la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Si la media de financiación relativa por habitante ajustado es 100, los índices de estas autonomías son, respectivamente, 90,8, 92,1, 94,3 y 95, según los cálculos de Fedea. Por ello, estos territorios piden una solución a aquella parte de la deuda acumulada debida a la infrafinanciación. Cantabria está en el otro extremo de la lista, con un índice del 115,3. Madrid (102,1) y Cataluña (101,7) están en la media.

En los últimos días, la reforma de la financiación autonómica ha saltado a la palestra porque el PSOE y Sumar necesitan el apoyo de los independentistas catalanes para reeditar la coalición de Gobierno. Ante las reclamaciones soberanistas difícilmente asumibles, como la celebración de un referéndum o la ley de amnistía, el Ejecutivo en funciones ha puesto sobre la mesa la renovación del modelo de financiación —que lleva pendiente desde 2014 pendiente— y a abordar en ese proceso el endeudamiento regional, un lastre pesado para Cataluña. Es la comunidad con el pasivo más grande en volumen, y de los 85.000 millones que debe más del 80% está en manos del Estado.

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