Las comunidades se disponen a librar la nueva batalla por la financiación autonómica

Los debates sobre la financiación autonómica son tan infrecuentes como encendidos, así como su reforma es urgente y a la vez complicada. Se trata de un asunto clave para los barones regionales, que sin embargo tienen posturas muy dispares en las que suelen pesar más las características de sus territorios que el partido político que representan. Quedó patente a finales de 2021, cuando rechazaron en masa la propuesta de Hacienda para revisar el criterio de población ajustada —población real ponderada según variables demográficas y geográficas—, pero presentando alegaciones muy distintas entre ellas. El ministerio pretendía con esa modificación dar el primer paso para renovar el modelo de financiación, y fuentes gubernamentales confirman que ese documento servirá de base para la futura negociación de la reforma. Pero los territorios siguen enrocados en sus posiciones.

Por un lado está el bloque de las comunidades más despobladas, como Castilla y León, Galicia o Asturias, gobernadas por distintos partidos pero con las mismas exigencias: piden que variables como el envejecimiento, la superficie o la orografía tengan más peso en el reparto de recursos. Estas autonomías suponen más de la mitad del territorio español, pero solo concentran un cuarto de sus habitantes. Por otro lado están la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, ahora todas lideradas por la derecha, que son las regiones peor financiadas. A este grupo se podría añadir Madrid, que como las otras tres apuesta por dar prioridad al total de habitantes. Aparte se posicionan Baleares y Canarias, que defienden su condición de insularidad, y Cataluña, que va por su cuenta en pedir más autonomía y un trato ad hoc.

Castilla y León y Madrid, gobernadas en 2021 y ahora por el PP, reflejan bien cómo comunidades de igual signo político defienden posiciones distintas con respecto a la financiación autonómica. La Consejería de Hacienda castellano y leonesa pidió al ministerio que el indicador de población ajustada diera más relevancia a los desafíos demográficos, la baja densidad y la superficie que caracterizan su territorio. También lamentó que el planteamiento fuera “parcial”, al no abordar asuntos como los recursos totales del sistema o los tributos cedidos. Fuentes autonómicas aseguran que esta posición se mantiene, sea cual sea la composición del nuevo Gobierno central. La Comunidad de Madrid, en cambio, se quejó de que la propuesta —que tachó de “parcial y arbitraria”— incluyera novedades en términos de despoblación y dispersión, que benefician “especialmente” a algunas comunidades, y reclamó tener en cuenta la concentración de la población. También en este caso, fuentes de regionales aseguran que la postura no ha cambiado.

“En la legislatura pasada hicimos varios intentos para llegar a un acuerdo”, afirmó esta semana la ministra de Hacienda socialista en funciones, María Jesús Montero, en referencia a la propuesta que presentó su departamento en diciembre de 2021. A finales de enero de 2022 las comunidades presentaron sus alegaciones y desde entonces no habido otra propuesta oficial. “No hubo el clima necesario, puesto que se está en posiciones de máximos por parte de los distintos territorios, lo que imposibilita llegar a un consenso”, añadió Montero, a la vez que aseguró que la reforma de la financiación es urgente —lleva pendiente desde 2014— y que se llevará a cabo en esta legislatura si el PSOE llega a gobernar.

La población ajustada es la población real ponderada según variables geográficas y demográficas, y se emplea para determinar las necesidades de gasto de los territorios: es más caro atender a una sociedad envejecida y dispersa que ofrecer servicios en áreas concentradas y pobladas en su mayoría por personas en edad de trabajar. El documento del ministerio planteaba elevar el peso del gasto sanitario y educativo e incluir una variable que midiera las dificultades de las comunidades más despobladas. Según un informe de la fundación Fedea, este cambio hubiera aumentado “muy apreciablemente” las necesidades de gasto de Extremadura y Aragón, aunque no implica que hubieran recibido más recursos, ya que la población ajustada solo es una de las variables del sistema y no determina la distribución final de los fondos.

Asturias, en manos del PSOE en 2021 y ahora —aunque en coalición con Convocatoria por Asturias tras el 28-M—, también fue muy tajante en sus alegaciones. La Consejería de Hacienda de entonces —ha habido un relevo al frente del departamento— trasladó su “discrepancia plena” con algunos de los aspectos de la propuesta de Hacienda: señaló que no analizaba las necesidades de gasto ni garantizaba la suficiencia de recursos. Baleares, hasta mayo liderada por el PSOE, valoró el planteamiento del ministerio como un primer paso, pero también reclamó lo suyo: más peso para la población flotante y tener en cuenta la diferencia de precio entre territorios. El actual consejero de Hacienda, Antoni Costa (PP), recuerda que el criterio de población ajustada “es solo una parte, y pequeña parte, del sistema de financiación”. Defiende que también se debe considerar “el potencial de recaudación o capacidad fiscal”. “Hay que tener en cuenta la parte de ingresos, además de la de gastos” sostiene el consejero, que subraya que el Gobierno de las islas es partidario de incluir este tipo de criterio sobre población ajustada, pero siempre y cuando se tengan en cuenta al hacerlo otras variables como “el crecimiento poblacional, el coste de la vida, la población flotante o la insularidad”.

Desde la nueva Consejería de Hacienda de la Generalitat Valenciana no se entra a analizar la propuesta de Montero y se remite a las declaraciones del presidente valenciano, Carlos Mazón, del PP, de este miércoles. En ellas, insiste en que es irrenunciable el cambio del sistema de financiación que sitúa a la Comunidad Valenciana a la cola en el reparto de los ingresos del Gobierno y abunda en la “excepcionalidad” del caso valenciano, por su trato injusto a través de los años y la deuda acumulada por la infrafinanciación. “Es excepcional cuando hay uno que es el último y ese último prolonga la situación durante demasiado tiempo, y esto provoca quebrantos que son falta de atención a las políticas básicas”, incide. Mazón reclama que se arbitre una compensación y que en todo caso se ha de negociar por todas las partes implicadas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no “en un cuarto oscuro”.

La propuesta de cambio de modelo que presentó Montero a finales de 2021 fue contestada por un grupo de expertos designados por las Cortes valencianas y el Consell, entre los que se encontraba Eusebio Monzó, actual secretario autonómico de Hacienda, del PP. El dictamen advertía de que el borrador de Montero no corrige los desequilibrios del sistema, es poco transparente en el análisis de variables y no es suficiente para solucionar la infrafinanciación. En el caso del planteamiento de población ajustada se consideraba que con los indicadores introducidos “se mantendría una financiación por habitante alejada de la media y de las comunidades mejor financiadas”.

Consejo de Política Fiscal y Financiera

Andalucía (PP) recibió más positivamente la propuesta de Hacienda. Fuentes autonómicas consideran que “puede ser razonable”, aunque alegaron que el documento es “ambiguo” y tiene “distorsiones importantes”, como la desvirtuación de la población de derecho. Otra petición de la Junta —al igual que las demás autonomías y como ha propuesto este miércoles el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo— es que el tema se debata entre todas las comunidades en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el cónclave oficial donde se reúnen los consejeros de Hacienda con el ministro de la rama. “El nuevo modelo debe ser consensuado por todos los territorios y no solo con algunas formaciones independentistas, como el que negoció en 2009 Zapatero con ERC. No queremos que se sigan produciendo los agravios”, trasladan las mismas fuentes que piden, mientras se diseña un nuevo sistema, un fondo transitorio para compensar la infrafinanciación de comunidades como la andaluza.

Pero, en este momento, es Cataluña quien tiene la sartén por el mango. El PSOE y Sumar necesitan los apoyos de los diputados de Junts y ERC para repetir la coalición. El Govern, cuyas finanzas en 2021 estaban en manos de Jaume Giró (hasta que Junts decidió salir del Ejecutivo), consideró que la propuesta de población ajustada presentada entonces no ofrecía mayor autonomía financiera a la comunidad y que iniciaba el debate sobre la asignación de recursos para el gasto, cuando el Gobierno catalán lo que quiere es mayor control sobre la recaudación que generan los tributos pagados por los contribuyentes de la comunidad. Y eso pasa por el control de la caja y de la capacidad para modificar los impuestos en función de sus criterios

Ahora, no quiere entrar en debates sobre asuntos que no estén sobre la mesa de negociación. Lo dejó claro el miércoles el president Pere Aragonès —”no nos posicionaremos sobre algo que no sepamos”— y de esa posición no se quiere mover nadie en su Ejecutivo, tampoco el Departamento de Economía y Finanzas de Natàlia Mas. La prioridad desde la pasada campaña electoral es la reducción del denominado déficit fiscal, aunque Aragonès también ha avisado que no estará en negociaciones multilaterales: solo negociará de tú a tú con el Gobierno. El pasado fin de semana, Mas aprovechó la publicación, por parte de la Generalitat, del resultado de la liquidación del sistema de financiación de 2021 para tildar al actual modelo de “injusto y caduco” y reiterar la denuncia de que se salta uno de los preceptos del Estatut: el principio de ordinalidad, que es la forma de defender que si Cataluña es la tercera comunidad en aportar más recursos al sistema, tras la redistribución de esos recursos ha de mantenerse en esa misma tercera posición.

Con información de Dani Cordero, Ferran Bono y Lucía Bohórquez