El PSOE mete la reforma de la financiación autonómica en las negociaciones para la investidura

Con la gobernabilidad del país en el aire, el PSOE mueve ficha. El partido liderado por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, guarda con celo los detalles de cualquier contacto para conformar una mayoría de investidura y aplaza su publicidad hasta después de la constitución de las Cortes, el 17 de este mes. No obstante, los socialistas dan ya algunas pistas sobre el sentido de sus propuestas para atraer a las formaciones nacionalistas, de cuyo voto dependen. En una entrevista en TVE este martes, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha apuntado al sistema de financiación autonómico, una de las grandes reformas estructurales pendientes desde hace casi una década, como una “urgencia” a abordar en esta legislatura. La también vicesecretaria general del PSOE ha reconocido expresamente que el “impulso” a este asunto “estará en las negociaciones” que se darán estas semanas, concediendo especial relevancia a la materia.

Sin concretar más, Montero ya deslizó el lunes que estarían dispuestos a explorar elementos para reforzar un modelo territorial más coordinado con las autonomías. Frente a las peticiones de referéndum y amnistía planteadas ya por Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, nada más conocerse el resultado de las urnas, la dirigente del PSOE ha insistido este martes en que “cualquier cuestión” en la que se pueda “avanzar tiene como límite el marco constitucional”, dando carpetazo a estas reclamaciones. “Hay expectativas, un ideario por parte de los grupos nacionalistas que está ahí y que se encuentra en las antípodas de la concepción de España que tiene el PSOE, pero hay otras fórmulas que se pueden seguir trabajando y es de lo que tenemos que hablar”, ha concluido.

El modelo de financiación vigente, que prácticamente no satisface a ningún barón autonómico, se tenía que haber renovado en 2014. Pese a los contactos, en la legislatura que termina ha sido imposible llegar a un consenso sobre la modificación del criterio de población ajustada —que determina la necesidad de gasto de cada territorio—, primer paso para reformar el sistema. Además, la proximidad del nuevo ciclo electoral (con elecciones andaluzas en 2022 y este año municipales, autonómicas y generales) hacía inviable el acuerdo.

La cuestión no depende tanto del color político de cada autonomía, sino de cómo afectan las pautas actuales a la asignación de cada una. Las comunidades más pobladas, como Andalucía, quieren que se priorice al número de habitantes frente a las que piden que se reconozca el coste en los territorios más extensos y con una población más dispersa y envejecida (el caso de Galicia). El sistema se aprobó en 2009, durante el segundo Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y debía estar en vigor cinco años, pero va camino de triplicar ya ese período.

La ministra Montero ha reconocido que en la pasada legislatura se hicieron “varios intentos para llegar a un acuerdo y no hubo el clima necesario porque en los distintos territorios estaban en una posición de máximos”. “Tendremos que seguir trabajándolo y en ese margen del modelo de financiación no solo se habla de los recursos que entran en el sistema, también de la situación de endeudamiento de las comunidades autónomas, del esfuerzo fiscal […] Todos esos elementos forman parte del debate del modelo y lo vamos a abordar a lo largo de la legislatura”, ha añadido.

La modificación podría resultar atractiva en este momento a los nacionalistas catalanes (ERC o Junts) si, por ejemplo, se plantease una condonación de la deuda que las autonomías tienen con el Estado —Cataluña es la que más acumula— o se cambiase el sistema aumentando recursos. En todo caso, fuentes del departamento precisan que todavía es pronto. Las conversaciones no han siquiera comenzado y, por tanto, no se pueden avanzar “hipotéticas cesiones”.

La respuesta de los nacionalistas catalanes no se ha hecho esperar. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (Esquerra), ha pedido a Montero que “no especule con el modelo de financiación”. “Si tiene una propuesta, que la diga. Nuestro objetivo es obtener lo máximo posible para nuestra gente”, ha subrayado el presidente catalán en una comparecencia ante la prensa previa al descanso estival. “El objetivo es que se acabe la represión y que Cataluña vote su futuro en un referéndum”, ha insistido Aragonès, quien también ha ironizado sobre esa supuesta “urgencia” que ve ahora el PSOE. “Hace diez años que se tenía que renovar el modelo y hace cinco años que ella es ministra. La urgencia no la ha visto hoy”, ha afirmado, informa Camilo S. Baquero.

La reforma del sistema de financiación autonómica ha sido también uno de los caballos de batalla de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, históricamente una de las que salen peor paradas en el reparto de los recursos. Compromís, socio de la coalición en la anterior legislatura, ha sido uno de los más beligerantes con este asunto, también en el Congreso. Después de las elecciones de noviembre de 2019, el propio Sánchez, acompañado del entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos,se desplazó a Valencia para reunirse con la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y el diputado Joan Baldoví y conseguir su apoyo en la investidura. Lo obtuvo a cambio de la promesa de abordar la reforma en ocho meses. Este martes, la parlamentaria electa Àgueda Micó ha advertido en declaraciones a la SER que no respaldará la investidura de Sánchez si este no asume la condonación de la deuda que la Generalitat tiene contraída con el Estado como consecuencia de la infrafinanciación que sufre la comunidad. Durante la campaña electoral, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, fuerza política en la que se integra ahora la formación valenciana, se comprometió a llevar a cabo la reforma ya en 2024. “Percibís por habitante 178 euros menos que la media del conjunto del país”, clamó en un mitin en la comunidad, en el que acusó a PP y PSOE de no querer renovar el viejo sistema porque tienen “alma centralista y una pulsión en la que todo se decide en Madrid”.