Un modelo de financiación pendiente de definir la población ajustada

El sistema de financiación autonómica se aprobó en 2009, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y debía estar en vigor cinco años. La previsión es que triplique ese periodo y su actualización se aplace a la próxima legislatura. El modelo actual provoca un rechazo unánime entre todos los barones, sin diferencias entre partidos. Sin embargo, fue aprobado por diez votos a favor y siete abstenciones. Las comunidades gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura) fueron favorables, además de Canarias (CC-PP), Cantabria (PRC-PSOE) y Ceuta, que fue la excepción en el PP. Mariano Rajoy, entonces en la oposición, ordenó la abstención de los territorios presididos por su partido. Y eso es lo que hicieron Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Melilla. Navarra y País Vasco no forman parte del régimen común.

El modelo de financiación aprobado hace 13 años incrementó el porcentaje de impuestos cedidos al 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. En el diseño del nuevo sistema se tuvo en cuenta los aumentos de población registrados desde 1999, año que se tomó como base del anterior modelo. En esos diez años el número de habitantes de España experimentó una subida significativa de 40,3 a 46,3 millones. Desde entonces ha crecido otro millón. La Moncloa sostuvo que sería un sistema “más flexible y eficaz” que el anterior, “con el fin de adecuarse a las necesidades reales de gasto de las comunidades autónomas”. Pero no fue así.

El modelo ha quedado desfasado por la falta de acuerdo y no está dotado de los recursos necesarios, según coincide todo el arco político. Y eso pese a que las comunidades recibirán este año adelantos a cuenta del sistema de financiación por valor de 112.213 millones. Una cifra que equivale a una subida del 6,3% respecto a 2021 y que representa la cantidad más abultada de dinero desde que se empezó a aplicar el sistema de reparto de fondos públicos. Pero su reparto no cubre las demandas de todos los territorios. Y cada año que pasa se agrava el malestar de las comunidades que se sienten infrafinanciadas. La Comunidad Valenciana cerró 2021 con un déficit de 1.292 millones, seguida de Cataluña (752), Murcia (450), Andalucía (305), Galicia (99), Castilla y León (62) y Aragón (56). En el otro extremo se sitúa Madrid, con un superávit de 735 millones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso el pasado diciembre a las comunidades una revisión del criterio de población ajustada en la que se elevaba el peso del gasto sanitario y educativo. Fue el primer paso serio para iniciar la reforma del sistema. Los territorios tenían hasta el 31 de enero para hacer sus alegaciones a la propuesta. Desde entonces nada se ha movido. Los barones no se ponen de acuerdo sobre la población ajustada. Y la toma de decisiones se ha ido postergando por factores tan dispares como la crisis que sacudió al PP y el impacto económico de la invasión de Ucrania, con la inflación al 9,8%, su nivel más elevado desde 1985. Entretanto, siguen teniendo más peso las variables demográficas ―población protegida equivalente, número total de residentes, niños en edad escolar y mayores de 65 años― sobre factores geográficos como la superficie y la dispersión de la población.

Los problemas comunes entre territorios de distinto signo se han impuesto al habitual cierre de filas partidista. Los presidentes de las ocho comunidades más despobladas –cinco del PSOE (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja), dos del PP (Castilla y León y Galicia) y Cantabria, del PRC- se reunieron en noviembre en Santiago, con Alberto Núñez Feijóo de anfitrión, para exigir que el futuro sistema garantice la cobertura del coste de los servicios esenciales en sus territorios. La forma de lograrlo sería dando más peso en el reparto de los fondos el envejecimiento de la población, su dispersión y la orografía. Estas comunidades suponen el 62% de la superficie del país y en ellas residen 11,5 millones de personas: el 25% de los 47,3 millones de habitantes en España.

Las comunidades más pobladas quieren que se priorice al número de habitantes, aunque aquí hay diferencias entre Madrid, que va por libre, y el frente bipartidista que han formado Andalucía y Murcia (PP) con la Comunidad Valenciana (PSOE). Baleares y Canarias, ambas gobernadas por los socialistas, reclaman a su vez su condición insular y la singularidad de la población flotante, es decir del turismo, que en temporada alta aumenta la presión sobre los servicios públicos. Cataluña, por su parte, ha tendido puentes con valencianos y baleares.

Otro de los problemas del sistema vigente es que resulta muy difícil de entender. El motivo es que cuenta con hasta cuatro fondos distintos: garantía de servicios públicos fundamentales, suficiencia, competitividad y cooperación. El fondo de garantía supone el 80% de los recursos del sistema y se financia con el 75% de los tributos cedidos a las comunidades y un 5% de recursos provenientes del Estado. Según diferentes expertos, los otros tres fondos enturbian la comprensión del modelo y entorpecen la equidad en el reparto de los recursos disponibles.