Las comunidades despobladas piden cambios en el modelo de reparto

Ocho presidentes autonómicos de PSOE, PP y PRC negocian un documento que exige cubrir el coste de los servicios en la ley de financiación

Desde la izquierda, los presidentes de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; Asturias, Adrián Barbón, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo, este mes de julio.
Desde la izquierda, los presidentes de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; Asturias, Adrián Barbón, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo, este mes de julio.Víctor Sainz

Los presidentes de las ocho comunidades más despobladas de España, cuya extensión supone el 62% de la superficie del país y donde residen 11,5 millones (un 25%) de los 47 millones de ciudadanos, se reúnen este martes en Santiago con la intención de consensuar un documento con su propuesta para el nuevo modelo de financiación autonómica. Los mandatarios reclaman el cambio del actual sistema de financiación para garantizar que pueden cubrir el coste de los servicios esenciales. Y para ello tiene que ganar peso en el reparto de los fondos el envejecimiento de la población, su dispersión geográfica y la orografía como obstáculo para cubrir determinados servicios, frente al criterio del número de habitantes que defiende el bloque de los territorios más poblados.

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que ejerce de anfitrión, subraya que el “espíritu” del encuentro es “conseguir acuerdos por encima de los partidos”. La reivindicación no es nueva, pero los cinco barones del PSOE (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja) y los dos del PP (Castilla y León y Galicia), además del regionalista cántabro Miguel Ángel Revilla, quieren evitar la imagen de un frente que genere el rechazo de las direcciones nacionales de Ferraz y Génova. Por esta razón pedirán como punto de partida que el sistema de financiación -el vigente está obsoleto desde 2014- reconozca con carácter general que todas las comunidades de régimen común están infrafinanciadas, según confirman fuentes de varios gobiernos autonómicos. “El punto de partida es que nadie salga con menos dinero del que entró a la negociación”, afirma el presidente aragonés, Javier Lambán, que estima que haría falta un incremento de alrededor de 17.000 millones de euros para satisfacer a todas las autonomías.

La Xunta ve en la mera celebración de la cumbre “un éxito”. El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ha explicado este lunes que los equipos de los presidentes que se encontrarán en Santiago trabajan desde hace días para preparar una serie de principios que permitan cerrar una posición común que se desgrane en un documento conjunto. Otro de esos principios consensuados, además del reconocimiento de la infrafinanciación general de las comunidades, es que el futuro modelo garantice la suficiencia financiera para la prestación de los principales servicios: sanidad, educación y servicios sociales. “No para abrir embajadas o sedes comerciales en el extranjero o para policía autonómica”, ponen como ejemplo en uno de los ejecutivos autonómicos más beligerantes con que se atiendan las reivindicaciones de la España vaciada.

La cita de Santiago llega tres semanas tarde sobre las previsiones iniciales de sus impulsores. La intención era que se hubiese celebrado el 2 de noviembre, pero la dirección federal del PSOE presionó para que se aplazase después de que el anfitrión, el popular Alberto Núñez Feijóo, afirmara que el objetivo de la reunión era impedir que el sistema de financiación “se decidiese en una mesa bilateral” del Gobierno con Cataluña. La vinculación que hizo el presidente de la Xunta provocó malestar en La Moncloa y los barones socialistas se vieron obligados a revisar el calendario. La reunión de este martes se producirá sin que el Ministerio de Hacienda haya presentado aún –se comprometió a hacerlo este mes- su propuesta de población ajustada como clave de bóveda del próximo sistema.

El movimiento transversal de las comunidades con menos habitantes –en contraposición a los contactos que han establecido por su lado la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia- ya ha provocado, sin haberse reunido, las reacciones de otras que también se sienten perjudicadas. Isabel Díaz Ayuso ha pedido que no se trate “con agravio” a Madrid y que se tenga en cuenta que es la comunidad “que con diferencia aporta más a la caja común de todos”. “No podemos ir a esta pelea cada uno con su territorio bajo el brazo. Hay zonas de España que tienen problemas de despoblación, soy consciente, pero también Madrid está infrafinanciada porque tenemos muchos más habitantes que hace 10 años”, ha remarcado. La política tributaria de Madrid, la única que no grava patrimonio y que aspira a convertirse en 2022 en la primera comunidad sin impuestos propios, juega en contra de los intereses de Díaz Ayuso. “No disponemos ni del dinero ni los instrumentos fiscales para hacer frente a la gestión de los pilares fundamentales del Estado del bienestar”, ha puesto el acento Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha.

La reunión de este martes tiene como referencia el documento que seis comunidades –las actuales salvo Extremadura y Cantabria- acordaron en Zaragoza en 2018, ya con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Los firmantes apelaron a su “acreditada lealtad institucional” para que el nuevo sistema de régimen común sea “el resultado de un consenso multilateral” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera frente al trato bilateral que demanda Cataluña. Las comunidades ya reclamaban entonces la garantía de la prestación de “niveles similares de servicios públicos” en todas las autonomías, con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios. La “potenciación del principio de suficiencia” para garantizar que los territorios dispongan de los recursos “precisos” para financiar “el total de los servicios de su competencia” era otra petición.

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Los barones que se reunieron en Zaragoza, tres del PSOE y tres del PP, otorgaron además muchísima importancia al “déficit” en la financiación del gasto sanitario, al alza por el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. Los seis presidentes –solo repiten Feijóo, García-Page y Lambán- coincidieron en que el gasto sanitario “se ponderará en función de su peso actual en el gasto real” de las comunidades autónomas y se financie ajustando la variable grupos de edad del gasto sanitario, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años y aumentando su ponderación, “tal y como viene evidenciando la dinámica de este gasto”.

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