Seis presidentes regionales del PSOE y del PP piden un acuerdo “multilateral” para el modelo de financiación

Los presidentes de Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón (PSOE) y los de Galicia, Castilla y León y La Rioja (PP), todas con un gravísimo problema de despoblación, han vuelto a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez un nuevo modelo de financiación autonómico como antes hicieron con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La reforma del sistema vigente, obsoleto desde 2014, se debería acometer de forma "multilateral" y no mediante acuerdos bilaterales como plantea Cataluña. La Generalitat no ha acudido a las últimas reuniones del foro que proponen para lograr un consenso, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los presidentes de las seis regiones han coincidido en hacer valer su "acreditada lealtad institucional" para reclamar al Estado y la UE soluciones al problema demográfico que padecen con una financiación que cubra servicios como la sanidad y la dependencia cruciales para atender a una población envejecida en auge. La propia celebración de la reunión en Zaragoza es un éxito en sí misma", ha reflexionado el anfitrión, Javier Lambán. El grupo mantuvo su primera reunión en febrero en León. Entonces lo componían Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón. A la cita de este lunes se han sumado Castilla-La Mancha y La Rioja. "Defendemos criterios comunes", ha expresado el presidente de Asturias, Javier Fernández, que ha destacado del grupo el "factor de colaboración" con el Gobierno.

Las regiones firmantes reclaman la garantía de la prestación de "niveles similares de servicios públicos en todas las comunidades autónomas", con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios, según recoge la declaración institucional conjunta firmada por los seis presidentes reunidos. También creen prioritaria una estrategia europea sobre cambio demográfico que tenga en cuenta los problemas específicos que sufren —baja densidad de población, dispersión, envejecimiento—  para el reparto de los fondos de la UE.

Las representantes de la denominada España Vacía coinciden además en que el nuevo sistema de régimen común "debe ser el resultado de un consenso multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas". La Generalitat de Cataluña no ha asistido a las últimas reuniones y reclama un trato bilateral y preferente. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha afirmado que plantean una "cooperación en positivo" en contraposición, sin mencionarlos de forma explícita, con los secesionistas catalanes. "Una cosa son los intereses territoriales y otra los egoísmos territoriales", ha incidido Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. 

La "potenciación del principio de suficiencia" para garantizar que las autonomías dispongan de los recursos "precisos" para financiar "el total de los servicios de su competencia" es otra demanda. La financiación de la Dependencia, que deberían costear a partes iguales el Gobierno y los Ejecutivos autonómicos, no se ha cumplido durante la presidencia de Mariano Rajoy. Las comunidades reprochan que llegan a asumir hasta más del 80% de los costes. La declaración institucional establece que el cálculo de las "necesidades reales" para aplicar la Ley de Dependencia se realizará teniendo en cuenta variables como el número de personas dependientes atendidas; el grado de dependencia; el tipo de prestación y dependientes potenciales; y la dispersión territorial. "La financiación deberá ser suficiente para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originalmente en la Ley de Dependencia", incluye el documento.

La seis comunidades autónomas otorgan una especial importancia al "déficit" en la financiación del gasto sanitario y la dinámica de crecimiento de este gasto por el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. Los tres presidentes del PSOE y del PP abogan porque el gasto sanitario en particular "se ponderará en función de su peso actual en el gasto real" de las comunidades autónomas y se financie ajustando la variable grupos de edad del gasto sanitario, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años (mayores de 85 años) y aumentando su ponderación, "tal y como viene evidenciando la dinámica de este gasto".

El impulso del "reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico" y el compromiso de proporcionar en estas últimas "servicios públicos de calidad" son otros de los criterios comunes que defienden los seis presidentes regionales. Otro reto es "garantizar" un desarrollo económico sostenible prestando atención a la inversión en políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de apoyo a la natalidad y a la dotación de recursos para el desarrollo rural.