La financiación autonómica, una reforma endiablada

De gran olvidada, la financiación autonómica vuelve a estar bajo los focos. En los últimos días ha ganado peso la posibilidad de que el bloque de la izquierda la emplee como baza para lograr el apoyo de los partidos independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Al margen de los actuales juegos políticos, el sistema de financiación lleva nueve años pendiente de una reforma. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, afirmó el martes en una entrevista en TVE que se trata de una “urgencia”, que “se abordará” si el PSOE repite al frente del Ejecutivo y que tendrá en cuenta también el endeudamiento. Los barones regionales, por su parte, llevan tiempo presionando para que el modelo se renueve, aunque sin ponerse de acuerdo entre ellos.

Más allá de las modificaciones técnicas, sobre las cuales hay un cierto consenso entre los académicos —y una propuesta de un comité de expertos que lleva desde 2017 en un cajón—, los escollos más grandes son políticos. El actual sistema entró en vigor en 2009 con el compromiso de que se reformaría pasados cinco años. La renovación no llegó en 2014, pero tampoco en 2015, 2016 ni en 2017. La crisis económica y la inestabilidad política, con las fuertes tensiones ligadas al procés, la imposibilitaron. Y tampoco en los últimos años se han logrado avances.

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos contemplaba una renovación de la financiación autonómica, pero decidió aparcarla al estallar la pandemia. Solo se llegó a presentar una propuesta para modificar el criterio de población ajustada, una variable que refleja las necesidades de gasto de cada comunidad en función de su población, ponderada según el número de residentes mayores y en edad escolar, la dispersión geográfica o la despoblación. Esa variable enfrenta a las comunidades, aunque también aflojaron en esa batalla por la recepción de recursos extraordinarios durante la crisis.

Tener el mismo color político no implica tener la misma postura de cara a la financiación autonómica. Andalucía, gobernada por el PP, siempre se mostró más en sintonía con la Comunidad Valenciana del socialista Ximo Puig —gobernada ahora por PP y Vox— que con la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, porque ambos territorios están infrafinanciados. Castilla-La Mancha (en manos del PSOE) está en sintonía con Castilla y León (PP-Vox), por sufrir problemas vinculados a la dispersión territorial.

Otro elemento que se comporta de forma transversal y que ha saltado a la palestra en los últimos días es la deuda que las comunidades han acumulado con el Estado a través de los mecanismos extraordinarios de financiación. Estos instrumentos se pusieron en marcha en 2012 para apoyar aquellas autonomías que no podían financiarse en el mercado por los intereses desproporcionados que se les exigían. A cambio, Hacienda tendría un mayor control sobre sus cuentas.

Estas herramientas tenían que ser temporales, pero en la actualidad siguen funcionando. El instrumento más usado es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), destinado a los territorios que no cumplen con las reglas fiscales y no quieren acudir al mercado. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades que más han recurrido al FLA.

Según los últimos datos del Banco de España, de marzo, Cataluña tenía una deuda con el Estado de 71.852 millones, la más elevada de todas; 46.274 millones en el caso de la Comunidad Valenciana, históricamente la más aguerrida en pedir una solución a la ingente deuda acumulada.

“En ese margen del modelo de financiación autonómica no solo se habla de los recursos, que entran en el sistema; también se habla de la situación de endeudamiento de las comunidades autónomas”, añadió este martes Montero, que abrió así la puerta a negociar qué hacer con los pasivos regionales. Un asunto que, una vez más, tiene más obstáculos políticos que técnicos.

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