Los tipos de interés que las comunidades pagan por los préstamos del Estado se duplican en un año

La época de tipos ultrabajos ha terminado y la carga de la deuda ya es más pesada para todos. Las hipotecas se han encarecido, el Estado remunera más por sus títulos y los Gobiernos regionales soportan unos intereses mayores por financiar sus pasivos: hasta febrero, abonaron un 34% más en comparación con el año anterior, según el Ministerio de Hacienda. El incremento afecta también a las autonomías que se apoyan en los préstamos baratos que el Tesoro impulsó tras la crisis de 2008, los mecanismos extraordinarios de financiación, diseñados como alternativa a un mercado hostil por los ataques a la deuda soberana. Los tipos asociados a estas líneas ya duplican los de 2022 y son, en promedio, cerca de 20 veces superiores a los de 2021: han escalado hasta el 3,2%, frente al 1,6% del año anterior y el 0,1% del previo, de acuerdo con las estimaciones de la firma de consultoría Analistas Financieros Internacionales (Afi). El pago de intereses, por su parte, ha alcanzado los 625 millones entre enero y febrero, 158 millones más que en 2022. El alza no es alarmante, pero el escenario sigue incierto y la evolución dependerá de la inflación y las futuras decisiones del BCE.

Los intereses asociados a estos mecanismos empezaron a crecer el año pasado arrastrados por la política monetaria restrictiva inaugurada por el BCE para frenar la inflación galopante. Esto significa que, a medida que la deuda va venciendo, las nuevas emisiones y las refinanciaciones están siendo más caras. Lo mismo pasa con las comunidades que se financian en el mercado, que se enfrentan a unos tipos superiores —de momento, alrededor del 3,5%—, con la diferencia de que sus pasivos tienen una vida media más elevada y se están financiando a plazos más largos.

“Proporcionalmente, va a subir más la partida de gasto en intereses de las comunidades que están acogidas a los mecanismos extraordinarios de financiación, porque cada año vencerá un porcentaje mayor de su stock de deuda”, explica César Cantalapiedra, socio director de Afi. La vida media de su pasivo es de unos 4,7 años, frente a los 6,4 años de las comunidades que salen al mercado.

La posibilidad de acudir a los mecanismos extraordinarios se materializó en 2012, en plena crisis europea de la deuda, como vía de escape para aquellas comunidades a las que el mercado exigía un coste prohibitivo para financiarse. Estas líneas han ido cambiando a lo largo de los años y ahora quedan dos grandes compartimentos: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el de Facilidad Financiera (FFF). El primero está diseñado para las autonomías que no cumplen con las reglas fiscales y es incompatible con el mercado, el segundo permite a la vez captar dinero fuera y se reserva a aquellas comunidades que respetan los límites fijados de deuda, déficit y regla de gasto. Desde 2021 también hay un fondo alimentado con dinero europeo para financiar el exceso déficit causado por la pandemia.

Estos mecanismos, como dice su apellido extraordinarios, hubieran tenido que desaparecer una vez se esfumara la urgencia de la Gran Recesión. Pero nunca pasó. La deuda de las comunidades creció rápidamente tras la crisis financiera, y con ella el volumen de préstamos del Tesoro, que se mantuvieron también cuando los tipos en el mercado bajaron —hasta terreno negativo—, las primas de riesgo se relajaron y los expertos en financiación recomendaron cortar el grifo.

A día de hoy, el Estado es el primer acreedor de los Gobiernos regionales: poseía casi el 60% de los 316.937 millones de deuda autonómica a cierre de 2022, según el Banco de España, aunque con enorme diferencias entre territorios. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía aglutinan casi 8 de cada 10 euros del pasivo regional en manos del Estado.

Necesidades de financiación

Las necesidades brutas de financiación de las comunidades que estima Afi para este año rebasan los 42.000 millones de euros. Cataluña está a la cabeza, con casi 12.000 millones, por los mayores vencimientos que acumula. Vienen por detrás la Comunidad Valenciana y Andalucía, dos de las regiones peor financiadas del sistema, junto con Murcia, que reclaman encontrar una solución a la deuda acumulada por recibir menos recursos. Según Cantalapiedra, la subida de tipos elevará la presión: “Va a reavivar la reclamación de que parte de esa deuda la asuma el Estado, o que se reestructure para que las amortizaciones sean a más largo plazo. Pero políticamente es complejo”.

Actualmente, 10 de las 17 comunidades están acogidas a las líneas de créditos del Tesoro. Andalucía es la única que se apoya en la Facilidad Financiera y a la vez en el mercado. Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Murcia y La Rioja dependen del FLA; Castilla y León, Canarias, Galicia, Asturias, Madrid, País Vasco y Navarra solo acuden a los inversores. Entre 2012 y 2020, el ahorro en intereses de las comunidades acogidas a los mecanismos –o, mejor dicho, el coste para el Estado— ha superado los 17.000 millones, según calcula Ángel de la Fuente, director del centro de estudios Fedea. “Es una estimación de mínimos”, asegura.

Las regiones que más se han beneficiado de estos esquemas han sido Cataluña y la Comunidad Valenciana, que acaparan más de la mitad de los recursos captados desde 2012 hasta ahora. De un total de 367.437 millones acumulados en el periodo, más de 123.000 han ido a cubrir las necesidades de financiación de Cataluña, 85.400 a la Comunidad Valenciana. Le siguen Andalucía (49.150 millones) y, a gran distancia, Murcia (17.900). En el otro extremo están País Vasco, Navarra y Madrid.

Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Vigo e investigador sénior del centro de estudios Funcas, cree que hasta ahora no ha sido posible desmantelar los mecanismos extraordinarios por la falta de consenso sobre qué hacer con los pasivos acumulados hasta la fecha. “El hecho de que existan situaciones muy asimétricas, como las de Cataluña o la Comunidad valenciana versus Madrid, por ejemplo, complica que encontremos una solución que sea percibida como justa y razonable por la mayoría”. De la Fuente añade que ni los Ejecutivos regionales ni el central hicieron demasiados esfuerzos para dejar atrás el modelo. “A las comunidades se les subvencionan los costes de interés y a los Gobiernos [centrales] no les parecía mal tener cierta capacidad de control sobre ellas”.

Por otro lado, la vuelta a los mercados de las comunidades que más dependen de estas líneas estaría sujeta a primas de riesgo prohibitivas. “La carga de la deuda con los tipos que se prevén hacia finales de año para la deuda del Tesoro obligaría a comunidades como la valenciana o a Cataluña a dedicar el 10% o más de su presupuesto ordinario al pago de intereses”, señala Santiago Lago en un artículo publicado en Funcas. El economista, sin embargo, alerta sobre una eventual condonación. “Las cifras son muy desiguales y el riesgo de percepciones de agravio comparativo entre autonomías es muy alto. No veo políticamente factible una quita sustancial del principal. Una solución pragmática sería transformar los mecanismos en deuda a 50 años o más a tipos de interés muy bajos, alrededor del 1%”. De la Fuente está de acuerdo, pero no termina de ver el alargamiento de los plazos. “Sería una solución viable políticamente, pero mala económicamente. Sería un enésimo rescate a posteriori de las comunidades que reduciría aún más sus incentivos para controlar el gasto o subir impuestos”, zanja.

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