La Autoridad Fiscal recomienda un ajuste de unos 6.000 millones al año para bajar la deuda

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera que el déficit público descenderá este año hasta el 4,1% del PIB, cerca del 3,9% que se ha puesto como objetivo el Gobierno. No obstante, el organismo encargado de tutelar la marcha de las cuentas públicas alerta sobre la situación a medio y largo plazo. Sin medidas adicionales, el desfase presupuestario y la deuda pública disminuirán muy poco. Por este motivo, pide iniciar una reducción del endeudamiento creíble y gradual de cara a la entrada en vigor en 2024 del nuevo marco de reglas fiscales europeas.

El organismo, creado en 2013 a instancias de la Comisión Europea, calcula que con un ajuste en las cuentas públicas de 0,46 puntos anuales de PIB, la deuda pública entraría en una senda “claramente descendente, incluso en el escenario más desfavorable con un shock adverso en los tipos de interés y el crecimiento”. Este ajuste serían unos 6.000 millones de euros con el PIB vigente y serviría para cumplir con las recomendaciones europeas. En cambio, el escenario fiscal que ha remitido el Ejecutivo a Bruselas tiene un ajuste implícito bastante menor: del entorno del 0,16%, unos 2.000 millones al año debido a una previsión mayor de ingresos que la que pronostica la Airef.

Mientras que la Autoridad Fiscal estima que este año los ingresos tributarios crecerán un 6,6%, el Gobierno apunta un 8,8%. Y para el año que viene los dos prevén un 7,4% al retirarse las medidas de apoyo por la crisis energética, solo que la Airef lo hace sobre una base menor. Así, el resultado es que, según las cifras de la Autoridad Fiscal, los ingresos serán seis décimas de PIB inferiores en 2026, cerca de 8.000 millones menos calculados con el PIB actual. De cumplirse las previsiones más optimistas de recaudación del Ejecutivo, el ajuste que estima la Airef para bajar la deuda debería ser entonces del 0,3% del PIB anual, unos 4.000 millones al año con el producto interior bruto a fecha de hoy.

La presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, ha criticado en este sentido que el Programa de Estabilidad 2023-2026 que el Gobierno acaba de enviar a la Comisión Europea no es un auténtico documento de planificación a medio plazo. El Ejecutivo contempla que el déficit se hallará por debajo del 3% del PIB en 2025, el límite a partir del cual se levanta la vigilancia especial de Bruselas. De esta forma, España se quedaría fuera de la disciplina que imponen los llamados procedimientos por déficit excesivo. Sin embargo, la Airef cree que el déficit se estancará sin medidas en torno al 3% a partir de 2024. Y a largo plazo la deuda tendría una inercia creciente.

“El análisis a largo plazo evidencia que la estabilización del déficit es insuficiente para situar la deuda en una trayectoria descendente y reducir la vulnerabilidad”, avisa el informe publicado este jueves por el organismo. Estas proyecciones contemplan que las medidas temporales del Gobierno contra la crisis energética, que la Airef valora para este año en unos 13.000 millones y que sigue tildando de poco focalizadas en los más vulnerables, decaerían en 2024.

La institución admite que hay mucha incertidumbre sobre la forma en que se van a aplicar las nuevas reglas fiscales y sobre cómo se hará la transición hacia el nuevo sistema de controles. No obstante, considera que es ineludible que España tenga que rebajar el déficit y la deuda a partir de 2024, tal y como se recoge en las recomendaciones anuales europeas. Además, en las negociaciones comunitarias ya se da por hecho que en el nuevo marco fiscal se tendrá que cumplir con un déficit por debajo del 3% y una deuda inferior al 60% del PIB.

Entre 2023 y 2026, la deuda en porcentaje del PIB se reducirá sobre todo por el crecimiento de la economía. Pero no bastará con eso, sino que tendría que ser lo suficientemente descendente como para que en los años siguientes siga así, ha explicado Cristina Herrero. Según el espíritu de las nuevas reglas que está ultimando la Comisión Europea, ha de ser continuamente decreciente. De ahí que la Autoridad Fiscal reclame un esfuerzo mayor. Serán necesarias medidas de ajuste adicionales para poner la senda de deuda en una línea decreciente “con la suficiente plausibilidad”. De lo contrario, a partir de 2030 el endeudamiento en relación al PIB volverá a tomar un camino al alza, señala.

Si no se garantiza que la senda sea permanentemente descendente en los países con elevada deuda, el Ejecutivo comunitario se reserva la capacidad para fijar un objetivo de gasto, teniendo en cuenta las reformas, el gasto en intereses y el mantenimiento de unos ciertos niveles de inversión. Esa es la música de las nuevas orientaciones que se están preparando, ha indicado Herrero. Las previsiones del Gobierno son que el gasto crezca en los próximos años en promedio un 3,5% anual neto de intereses y medidas de ingresos a favor o en contra. Sin embargo, la Autoridad Fiscal apunta que el gasto solo debería elevarse un 2,4%, un punto menos. Esto equivale a un ajuste acumulado de más de 16.000 millones para el periodo 2024-2027 sobre el que plantea el Ejecutivo. Esta es la diferencia entre el 0,46% de ajuste anual que propone la Airef y el 0,16% que va implícito en el Programa de Estabilidad que ha comunicado el Gobierno a Bruselas. Todos estos cálculos dejan fuera los fondos europeos.

Con el ajuste que plantea la Autoridad Fiscal —1,8 puntos de PIB en el acumulado de cuatro años—, la ratio de endeudamiento disminuiría adicionalmente en unos 24 puntos de PIB en los próximos 15 años. En 2022, esta cerró en el 113,2% del PIB.

En cuanto al escenario macroeconómico que ha presentado el Gobierno, la Autoridad Fiscal lo considera factible. Sus proyecciones son solo ligeramente inferiores en PIB y empleo. El avance del producto interior bruto se revisa al alza en tres décimas hasta un 1,9% este año, frente al 2,1% que vaticina el Ejecutivo. Dicho esto, la Airef cree que el consumo de los hogares se comportará algo peor: crecerá este año un 1%, por debajo del 2,1% del Gobierno. En cambio, los salarios repuntarán en el conjunto de los dos años un poco más: subirán un 4,4% este año y un 4,7% el que viene, comparados con el 4,7% y el 3,3% estimados, respectivamente, por el Ejecutivo.

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