El Gobierno prevé que el paro baje del 10% en 2026 con la creación de 1,1 millones de empleos

El Gobierno prevé que la fortaleza del mercado laboral se mantenga y lleve la tasa de paro a bajar del umbral del 10% para 2026. Así lo recoge el Programa de Estabilidad 2023-2026, documento que contiene las proyecciones macroeconómicas y presupuestarias para los próximos años y que ha sido publicado este viernes y enviado a Bruselas. De acuerdo con ese plan, el paro bajaría al 12,2% este año, se reduciría hasta el 10,9% en 2024 y al 10,3% en 2025, hasta situarse en el 9,8% al final del periodo analizado. Es decir, el Ejecutivo prevé crear 1,1 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en cuatro años. La previsión publicada el año pasado estimaba que esta meta se alcanzaría ya en 2025, tras crear 1,5 millones de empleos. La tasa de desempleo en España no baja del 10% desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

El mercado del trabajo ha ganado en solidez en los últimos años pese a las turbulencias que han azotado la economía. Ha superado la pandemia sin sufrir daños mayores —gracias, en gran medida, a los ERTE— y se ha sobrepuesto a la ralentización económica causada por la invasión rusa en Ucrania y el golpe de la inflación. La reforma laboral que el Gobierno tenía comprometida con Bruselas ha reducido la tasa de temporalidad y ha hecho aflorar empleo informal. Aunque aún se necesita tiempo para evaluar todos sus efectos sobre el empleo, lo cierto es que 2022 cerró con casi 20,5 millones de ocupados y un récord de contratos indefinidos. El arranque de este año también ha sido positivo: pese a un aumento en la tasa de desempleo, ha sido el mejor trimestre para la ocupación en 15 años.

Según los pronósticos del Gobierno, en 2026 habrá 22,3 millones de ocupados, incluyendo el trabajo a tiempo parcial, 1,7 millones de asalariados más con respecto a 2022. “El dinamismo de la actividad y la reforma laboral están llevando a un fuerte crecimiento del empleo, más estable y de mejor calidad. La ocupación registró en 2022 su mayor crecimiento en 15 años, mientras la tasa de temporalidad se ha reducido con rapidez y se acerca ya a la media europea”, alega el Programa de Estabilidad. El informe considera que las recientes reformas generarán un crecimiento del PIB más intensivo en empleo en el corto plazo, mientras que en el medio y en el largo habrá mejoras de la productividad, al punto que esta se convertirá en el principal motor de crecimiento entre 2030 y 2050.

Según el documento, de 125 páginas, el efecto de las reformas impulsadas por el plan de recuperación conllevará una reducción del paro estructural de hasta el 9% y a un crecimiento potencial de la economía del 1,6% a partir de 2024. De hecho, el mercado laboral se ha visto beneficiado por el aguante de la economía, que creció un robusto 5,5% durante el año pasado, pese al paulatino empeoramiento del clima económico por la crisis energética que ha disparado la inflación, la subida de tipos, los atascos en el comercio global y las tensiones geopolíticas. Para este año, el Gobierno mantiene sin cambios su previsión de crecimiento del PIB en el 2,1%. Para el próximo ejercicio, eleva su pronóstico hasta el 2,4% por el tirón de los fondos europeos.

“El Plan de Recuperación aportará la mitad del crecimiento en 2023 y suavizará el impacto que el shock monetario tendrá en otros países europeos. Para 2024, se prevé una aceleración del crecimiento del PIB nuevamente liderada por el despliegue del Plan de Recuperación, que compensaría el impacto negativo del tono contractivo de la política monetaria”, señala el informe. En 2025 y 2026 la expansión económica volvería a moderarse, con avances del 1,8% y del 1,7%, respectivamente, “convergiendo lentamente hacia su crecimiento potencial”.

Los mayores riesgos que destaca el Gobierno para la economía son la inflación y un endurecimiento más severo de las condiciones financieras. Sus pronósticos sobre los precios, plasmados en el deflactor del consumo privado —que no incluye previsión de inflación, y este es el indicador que más se parece al IPC—, apuntan a que el alza se moderará al 2% en 2025. La inestabilidad financiera, en cambio, supone un peligro menor por el saneamiento de las cuentas del sector bancario en la última década.

Cuentas públicas

El Gobierno prevé que la deuda pública baje al 110% del PIB antes de lo que preveía el anterior Programa de Estabilidad. Será en 2024 cuando alcance el 109,1% —en 2025, en el plan previo—. En 2026, se situaría en el 106,8%, un recorte de casi 15 puntos con respecto al máximo alcanzado en 2020. El informe también estima un ajuste de más de 20.000 millones en las cuentas públicas de aquí a 2024 para situar el déficit en el 3% para cuando las reglas fiscales europeas vuelvan a estar en vigor —llevan suspendidas desde 2020 por la pandemia—. Las comunidades autónomas, caracterizadas por tener un déficit crónico, alcanzarían el equilibrio presupuestario en 2024 y registrarían superávit en los siguientes ejercicios. La Seguridad Social alcanzará equilibrio fiscal en 2026 a pesar de las tensiones en el sistema de pensiones.

Parte de este recorte se conseguirá de forma automática, con la retirada de las medidas antiinflación aprobadas tras estallar la guerra en Ucrania —como las rebajas de la fiscalidad eléctrica o los cheques para los más vulnerables—, que tan solo en 2022 supusieron 1,7 puntos porcentuales del PIB (más de 22.000 millones). Este aumento del gasto trastocó el saldo presupuestario, que ya había sido golpeado con fuerza por la crisis sanitaria, pero a la vez logró que el IPC se situara en el 8,4% en lugar del 10,5% que hubiese alcanzado sin las ayudas, según estima el Ejecutivo.

Los ingresos totales sobre el PIB avanzarán en ocho décimas este año, hasta el 43,4% del PIB, mientras que los gastos bajarán algo más, cerca de un punto porcentual, para situarse en el 46,3% del PIB. Al final del periodo, en 2026, la brecha será más pequeña: los gastos habrán bajado otro punto y los ingresos subirán hasta el 43,8%, un porcentaje inédito que manifiesta un cambio estructural en la estructura de los ingresos, que antes de la pandemia oscilaban entre el 38% y el 39% año tras año.

La crisis económica vinculada a la pandemia frenó los ingresos públicos, disparó los gastos y hundió la actividad. Como resultado, los números rojos de las Administraciones públicas alcanzaron el 10,1% del PIB, el porcentaje más alto desde el rescate financiero. Pero la pandemia también forzó un cambio estructural porque afloró economía sumergida, mantiene el Gobierno, gracias al mayor uso de los pagos digitales y porque se impedía acceder a las ayudas públicas a los que facturaran en b.

En 2022, sin aplicar ninguna receta de austeridad y gracias al fuerte rebote de la actividad, el desfase entre ingresos y gastos públicos se redujo en 31.539 millones de euros, hasta el 6,8% del PIB. Fue el mayor saneamiento de la serie histórica, que inicia en 1995, e inferior a las previsiones oficiales, que lo situaban en el 8,4%. El mismo relato se repitió en 2022: el desfase se redujo en dos puntos adicionales, hasta el 4,8%, otra vez por debajo de las estimaciones del Ejecutivo, gracias a un crecimiento del PIB del 5,5% y del alza espectacular de la recaudación, que alcanzó máximos empujada por la inflación. Este año la reducción del desfase tendrá que ser de más de 10.000 millones, y de una cifra equivalente en 2024 para cumplir con las metas comprometidas con Bruselas. Pero el margen se reduce: la actividad avanzará con menos brío, los ingresos no crecerán como antes y la inflación ya ha empezado a soltar lastre.

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