Los expertos urgen al Estado a cortar el grifo de liquidez a las comunidades

Hace seis años, la mayoría de las comunidades estaban en serios apuros financieros. En lo peor de la crisis, al inicio de 2012, los mercados les cerraron las puertas. Los bancos no les daban crédito y las facturas se acumulaban en los cajones sin dinero para pagarlas. Eran los tiempos en que España hacía equilibrismo para evitar el abismo del rescate.

El Gobierno ideó entonces un plan para inyectarles dinero. Creó el plan de pago a proveedores, unas líneas extraordinarias de crédito con condiciones ventajosas para que las comunidades y Ayuntamientos pudieran liquidar sus deudas pendientes. Esta inyección salvó a más de una administración de caer en bancarrota. Meses más tarde volvieron a acumularse facturas sin pagar. Las comunidades gastaban más de lo que ingresaban —el déficit público estaba desbocado— y necesitaban financiación extraordinaria para abonar sus obligaciones. El Ejecutivo ideó unos créditos similares a los anteriores pero los denominó Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Estos fondos nacieron estigmatizados porque las primeras autonomías que los solicitaron fueron acusadas de pedir el rescate al Estado central. En los años siguientes todas las comunidades recurrieron a ellos y sus sucedáneos como el de Facilidad Financiera, para las autonomías más saneadas.

Mecanismos

Estos mecanismos llamados extraordinarios, que iban a ser temporales, llevan seis años e inician el séptimo de vigencia. En este periodo, las comunidades han recibido algo más de 231.000 millones de euros. Cerca de dos de cada tres euros que deben las autonomías son con el Estado. “Estos instrumentos fueron concebidos como mecanismos extraordinarios para uno o dos años pero se han prolongado ya durante demasiado tiempo. Ese es su mayor error”, lamenta Alain Cuenca, uno de los académicos en financiación regional. Estos créditos tienen unos intereses muy bajos, lo que ha permitido a las comunidades ahorrarse hasta 15.000 millones, según calcula Ángel de la Fuente, experto en financiación.

La Comisión Europea, el Banco de España, el BCE, la OCDE y el FMI, que al principio vieron con buenos ojos esta solución, se muestran desde hace tiempo inquietos por la extensión de estos mecanismos. Así lo cuentan varios expertos que participaron el año pasado en el proyecto para definir un modelo con el que reformar el sistema de financiación, una especie de boceto, encargado por Hacienda. El propio Montoro insinuó el pasado jueves que había que ir poniendo fin a estos créditos. “Lo suyo es que las comunidades vayan saliendo al mercado a financiarse”, precisó.

Algunas comunidades ya han roto el cordón umbilical con el Estado para suministrarle liquidez. Entre ellas destaca Madrid, que desde el principio se mostró incómoda y reclamó su derecho a salir a los mercados. A otras, sin embargo, les entran temblores cuando escuchan a Montoro decir que hay que ir poniendo fin a estos mecanismos. Es el caso de las más endeudadas, como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia o Castilla-La Mancha. Son las que han reclamado una quita de la deuda. Aducen que están infrafinanciadas y los créditos, argumentan, no son más que un anticipo del dinero que les corresponde. Por eso defienden la quita. Aunque son conscientes de que perdonar deuda no está permitido por Bruselas, juegan con ese término para escenificar su supuesta infrafinanciación cuando se empieza a negociar el nuevo sistema. Hacienda se muestra más partidaria de una reestructuración: ampliar plazos y recalcular tipos. Pero solo de la parte que corresponda a infrafinanciación. Porque esa deuda también procede, en parte, de mala gestión.

Jorge Onrubia, profesor de la Complutense, opina que “las quitas suponen un problema de riesgo moral porque lanzan un incentivo negativo. El mensaje es que las comunidades pueden gestionar mal porque el Estado al final asumirá las consecuencias”. La mayoría de expertos coincide en que hay que ir cerrando el grifo. El debate es qué hacer con la deuda acumulada y si todas las comunidades podrán acceder a los mercados. “Se debe hacer un plan de desconexión a tres años, para cerrar estos fondos poco a poco. Se podría dejar una ventanilla de emergencia”, propone Cuenca. Las soluciones de los expertos no están muy alejadas, pero la política lleva su camino.