El PP quiere eliminar el impuesto de sucesiones, pero pide que le compensen por no recaudarlo

Eliminar impuestos, pero sin perder su recaudación. Este planteamiento, que puede parecer incluso quimérico, es el que formula el Partido Popular en la proposición de ley que presentó en el Senado durante las últimas semanas del año pasado. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, haciéndose valer de su mayoría en la Cámara Alta, tramitó una norma para eliminar a nivel nacional el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD), un tributo de carácter estatal cuya gestión e ingresos están cedidos a las comunidades autónomas. Sin embargo, y con el objetivo de que la supresión no les suponga una pérdida de recursos, la letra pequeña del texto incluye una serie de mecanismos para establecer una “compensación” económica a cuenta del Estado para las autonomías.

El PP plantea dos vías para fijar esta suerte de indemnización. Con carácter general, el documento señala que, en el marco de la futura reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, “se estudiarán las formas de compensación por la supresión del tributo”. Es decir, la idea es crear una partida de nuevos ingresos para las regiones que tenga carácter estructural.

Además de eso, mientras la reforma se materializa, los populares proponen que en el primer año tras el cambio las autonomías reciban una “compensación igual a la última recaudación” que hubieran obtenido. Para hacer esto posible, prosiguen, “se realizarán los ajustes y correcciones necesarios” en los recursos del sistema, de manera que el importe que corresponda a la compensación estatal sea equivalente a esas cantidades. Los efectos de esta compensación adicional tendrán lugar una vez haya entrado en vigor el cambio normativo, “y en tanto no haya sido aprobado un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas”. De esta forma, la eliminación del tributo no tendría consecuencias fiscales en las arcas autonómicas.

Esta compensación, tal y como apunta Diego Martínez, profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador en Fedea, trasladaría la carga tributaria de unos contribuyentes a otros: “De los que ahora pagan el ISD a los contribuyentes de todo el Estado que, con sus impuestos o, peor, endeudamiento, financiarían la compensación a las comunidades”, aclara.

La tramitación de la propuesta del PP está ahora mismo parada. Una vez que se registró en el Senado, el Gobierno impugnó la medida y la elevó al Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías la admitió a trámite hace unas semanas y tendrá que decidir al respecto próximamente. De aprobarse definitivamente, el coste fiscal del plan superaría los 3.000 millones de euros anuales, con impacto directo en las cuentas del Estado. Por contextualizarlo, el coste superaría los ingresos que se han obtenido con los gravámenes temporales sobre la banca y las empresas energéticas.

Según los últimos datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas, en 2023 la recaudación por este tributo ascendió a 3.297 millones de euros. De ellos, 980 millones se registraron en Cataluña, 552 millones se obtuvieron en Madrid y 255 millones fueron a las arcas andaluzas. Sin contar con los territorios forales, las cifras más bajas las anotaron Murcia, Extremadura y La Rioja, con unos 30 millones de euros cada una.

El impuesto sobre sucesiones y donaciones es una de las figuras en las que las autonomías suelen exprimir al máximo su capacidad normativa. Con carácter general, los familiares directos que heredan o reciben cuantías por valores menores o medios disponen de bonificaciones y exenciones casi totales que llevan a que la cuota a pagar sea prácticamente simbólica. Tradicionalmente, los contribuyentes que más tenían que abonar eran aquellos que recibían bienes de más valor, normalmente a partir de los 800.000 euros, pero en los últimos años los territorios han puesto en marcha una serie de jugosas rebajas dirigidas a estos perfiles que ya están impactando en la recaudación. Destacan los descuentos de Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía, entre otras.

Los gobiernos autonómicos en manos del PP que en la práctica han derogado el impuesto, a través de grandes bonificaciones, han tomado la decisión por cuestiones “de justicia”, explican desde una consejería regional de Hacienda. “Con estas rebajas fiscales liberamos a los contribuyentes de pagar por bienes que ya han sido gravados previamente, como una vivienda”, añaden. Martínez López, sin embargo, afirma que el ISD es un impuesto legítimo y necesario para la equidad. El experto sostiene que “no existe doble imposición, pues recae sobre sujetos pasivos diferentes”. “Tampoco se puede afirmar que su pago obligue a renunciar a herencias, ya que sabemos que no existe correlación entre la cuantía del tributo y las renuncias”, que suelen estar asociadas a las deudas.

Por eso, afirma el profesor universitario, si un impuesto no funciona bien y tiene carencias en su legitimidad social y problemas de liquidez en su pago, como es el caso de sucesiones y donaciones, “debe reformarse, no eliminarse”. Esto es algo, matiza, que también se extiende al Gobierno central con el impuesto de patrimonio y el de sociedades. Si el primero no funciona bien y el segundo no captura los beneficios extraordinarios, el error para Martínez López es inventarse nuevas figuras en vez de reformar las ya existentes, en referencia al impuesto sobre las grandes fortunas y a los gravámenes sobre banca y energéticas.

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