Fedea y los Economistas piden que las autonomías que bajen impuestos lo noten de inmediato en sus cuentas

A falta de un acuerdo político para reformar el sistema de financiación autonómico, que por lo menos se pongan parches. Así lo han reclamado este jueves el centro de estudios Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE), que han enumerado una serie de modificaciones prioritarias que deberían llevarse ya a cabo a la espera de una renovación del modelo, caduco desde hace 10 años y ahora en el centro del tira y afloja político entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes. La creación de un fondo transitorio para las comunidades peor financiadas y la revisión de las retenciones y de los anticipos a cuenta, para que las decisiones de política fiscal de las comunidades se reflejen de inmediato en las cuentas de las comunidades, son algunos de los asuntos sobre los cuales los expertos han puesto el foco.

El fondo transitorio, según cálculos que el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ya había elaborado, estaría dotado con 3.000 millones al año a repartir entre Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla la Mancha, los cuatro territorios que reciben una financiación por habitante ajustado inferior a la media. “También deberían abordarse algunas cuestiones en principio técnicas, pero que ayudarían a mejorar la equidad del sistema y permitirían ir sentando las bases para avanzar hacia la plena responsabilidad fiscal de las comunidades”, ha señalado el economista este jueves en el encuentro Financiación y Fiscalidad Autonómica: Problemática y posibles reformas, la cuarta sesión de un ciclo de encuentros sobre la economía española organizado por los dos organismos y moderada por el presidente del CGE, Valentín Pich.

En este sentido, De la Fuente ha hecho hincapié en la necesidad de revisar los tiempos en los que se materializa el impacto de las rebajas impositivas en las entregas a cuenta y en las retenciones, en este caso en materia de IRPF. Aunque este impuesto ha sido protagonista en los últimos dos años por las reducciones de tipos y las deflactaciones por parte de casi todos los Gobiernos regionales, estos no lo han notado todavía en sus cuentas. La razón es que la liquidación del sistema funciona con dos años de decalaje y, por ello, no recoge de inmediato las decisiones que los gobernantes asumen en materia fiscal. Cambiar este principio “es una forma de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas”, ha defendido De la Fuente. “Las entregas a cuenta se podrían calcular de manera más afinada. Que cada trimestre, por ejemplo, se revise su cuantía”.

Si una comunidad autónoma sube o baja el IRPF, ha añadido el experto, los efectos deberían ser inmediatos y no tardar en hacerse palpables dos años, tanto a nivel de retenciones en las nóminas de los contribuyentes como en las cuentas de las comunidades. Modificar los plazos es “una forma de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal”.

Los expertos también han sugerido mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos, como sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales. El objetivo de este rediseño es que se mida correctamente cuál es el potencial recaudatorio de las comunidades para que estas aporten recursos a la hucha común en función de su capacidad fiscal teórica. Tras este planteamiento se encuentra el propósito de que las contribuciones territoriales al sistema de financiación nunca dependan de los ingresos reales —que pueden estar condicionados a la baja por diferentes rebajas—, sino de unos niveles reglamentarios que ahora los expertos piden actualizar.

José María Durán, de la Universidad de Barcelona, ha coincidido en que la autonomía tributaria de las comunidades debería de ser más “visible y perceptible” por sus ciudadanos. “Hay que diseñar muy bien los cambios para que supongan una mejora real de la responsabilidad de las comunidades sin menoscabo del sistema fiscal global”.

“Puesto que una reforma integral del sistema es una tarea compleja que exigirá muchos meses de negociaciones, sería deseable aprovechar el tiempo para ir introduciendo en el sistema algunos retoques”, ha insistido De la Fuente. Diego Martínez López, profesor de la Universidad Pablo Olavide e investigador de Fedea, ha recordado que los expertos en financiación ya han puesto sobre la mesa soluciones técnicas, y que hay un libro blanco de un comité que podría servir como hoja de ruta que lleva desde 2017 encerrado en un cajón. “Las decisiones que corresponde tomar ahora son de naturaleza política”, ha subrayado.

En cuanto a la condonación de la deuda, que ha saltado a la palestra tras el acuerdo de investidura entre ERC y el PSOE el pasado mes de noviembre, que prevé la quita de parte del pasivo causada por el ciclo económico a las 15 regiones de régimen común, los expertos consideran que, de hacerse, debería de ser parcial y estar ligada principalmente a la infrafinanciación. “Hace años ya defendía una condonación parcial, asimétrica y condicionada”, ha dicho Martínez López, indicando que de otra forma sería sumamente complicado que las comunidades con más deuda y peor financiación —en concreto, Murcia y Comunidad Valenciana—, puedan volver a financiarse en los mercados. De la Fuente ha sido el menos partidario de la medida. “Dada nuestra historia reciente, esto confirmaría aún más la percepción que ya tienen las comunidades de que pueden gastar más de lo que tienen porque al final se las terminará rescatando”. Una solución intermedia sería una asunción parcial de la deuda, pero siempre condicionada a que se vayan cumpliendo ciertos objetivos de consolidación fiscal.

Cupo catalán

Ambos organismos se han mostrado en contra de una financiación singular para Cataluña al estilo de un cupo vasco, una petición lanzada por Junts. Es más, han recalcado que los regímenes forales suponen una anomalía y que hay consenso en el mundo académico para que las haciendas de País Vasco y Navarra contribuyan en mayor medida al sistema. “En una economía moderna y un mundo globalizado no le veo sentido a fragmentar impuestos”, ha recalcado Durán.

De la misma forma, han rechazado un troceo de la Agencia Tributaria estatal para que Cataluña se dote de un organismo independiente que gestione todos los impuestos. Otra cosa sería un consorcio entre las autonomías y el Estado. “Las comunidades deberían tener más voz en la recaudación y gestión de los impuestos, pero la solución no es trocear la Agencia Tributaria estatal. Alemania lo ha hecho y no funciona bien”, ha subrayado De la Fuente. “Sería más caro y habría más fraude”.

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