Los expertos en financiación autonómica rechazan un cupo para Cataluña como el que propone el Govern

Las exigencias de Cataluña en terreno fiscal llevan tiempo sacudiendo el tablero autonómico y su onda expansiva va creciendo. La Generalitat acaba de presentar su propuesta de financiación singular, en la que exige la cesión del 100% de los tributos que se recaudan en el territorio en un esquema parecido al cupo vasco. Este modelo es rechazado por varios de los expertos que durante los últimos años han participado en los grupos de trabajo del Ministerio de Hacienda sobre la financiación autonómica bajo la dirección de Cristóbal Montoro (PP) y María Jesús Montero (PSOE). Estos académicos se muestran en contra de que se extienda el modelo vasco a más comunidades en las mismas condiciones que tienen las forales. Hay más consenso en torno a la reestructuración de la deuda autonómica, aunque la condonación —otra de las exigencias que la cuota catalana del bloque de investidura ha puesto sobre la mesa— no es ni de lejos la fórmula favorita. Donde sí hay acuerdo es en la necesidad de reformar de una vez el sistema de financiación, caduco desde 2014, pero cuya renovación se antoja complicada a día de hoy porque supone un acuerdo político entre PP y PSOE.

“La extensión del cupo a otras comunidades ricas puede agravar el problema de nivelación si no va acompañada de una contribución a la solidaridad adecuada”, razona Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y uno de los miembros de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica de 2017, reunida por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP) y que presentó un informe que se quedó en un cajón. “Si se extendiese el modelo foral en las mismas condiciones que las que disfrutan hoy País Vasco y Navarra, España pasaría a ser una confederación desde un punto de vista presupuestario y fiscal, con enormes desigualdades en la calidad de los servicios públicos entre autonomías. El modelo foral no es el camino”, añade Santiago Lago, catedrático en la Universidad de Vigo.

Lago, que también fue miembro del comité de Montoro y después, entre 2021 y 2022, de los expertos para la reforma fiscal convocado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda que los sistemas forales de País Vasco y Navarra son una “anomalía en el ámbito internacional”, pero que cuentan con anclaje constitucional. “Lo que es discutible y modificable es el importe del cupo vasco y aportación navarra. Debería aumentar muy sustancialmente para que la contribución de ambos territorios fuese similar (corrigiendo por tamaño) a la de Cataluña o la Comunidad de Madrid”. Por ello, aplicar el mismo esquema a un territorio que supone el 20% de la economía nacional causaría un roto previsiblemente inasumible para la actual financiación del Estado del bienestar.

En esta idea incide Diego Martínez López, catedrático en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda entre 2018 y 2020. Es decir, el cupo vasco y navarro, que en la práctica supone un “tratamiento fiscal beneficioso” para estas dos autonomías, es una anomalía que puede sostenerse gracias a que País Vasco y Navarra son territorios relativamente pequeños. “Si un esquema similar se traslada a Cataluña el desequilibrio financiero sería de primer orden y se generaría un agujero enorme en las cuentas de todo el Estado, no solo en la financiación autonómica”. Así lo cree también Jorge Onrubia, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la comisión puesta en marcha en 2017: “Ya tenemos dos comunidades con renta por encima de la media fuera del sistema de financiación, que son País Vasco y Navarra. Con Cataluña tendríamos una tercera, lo que limitaría la capacidad redistributiva del modelo”.

Además de desmontar el sistema y de suponer un cambio cualitativo en la organización del Estado, la extensión del modelo singular a Cataluña podría generar un peligroso efecto contagio en el resto de comunidades ricas, lo que supondría “la desaparición de la Administración Central”, advierte Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los expertos que formó parte de la comisión de 2017. “Si la anomalía de la que disfrutan las forales se extiende a Cataluña, ¿por qué no también a otras comunidades que lo pidan?”, apunta en referencia a Madrid y Baleares, los dos territorios que, junto a Cataluña, son aportadores netos al sistema de financiación autonómica. Si eso ocurriese, el Estado perdería muchos de los recursos de los que dispone para desarrollar sus políticas propias.

El riesgo sería todavía mayor si se tiene en cuenta el planteamiento oficial que hizo esta semana el Govern. Mientras que en el caso foral, al menos en la teoría, la ley establece cómo debe calcularse la aportación a la solidaridad —aunque se critica que responde más a cálculos políticos que económicos—, la propuesta catalana pide una aportación negociada, “lo que anima a pensar que no hablaríamos de contribuciones muy elevadas”, insiste De la Fuente. El resumen es que “iríamos hacia un sistema en el que se permitiría a las comunidades más ricas quedarse con casi todos sus recursos, dejando a las más pobres sin capacidad para financiar los servicios públicos”. “Es una receta para desmontar el país y el Estado del bienestar”, añade.

Condonación

La voluminosa deuda de las comunidades con el Estado ha vuelto a saltar a la palestra con el acuerdo de investidura entre PSOE y ERC, que pide condonar el 20% de los compromisos que tiene con el Tesoro y que la quita se extienda al resto de territorios, pero es un asunto enquistado desde hace años. La mayoría de los miembros de la comisión de 2017 se decantó por reestructurar el pasivo regional, aunque una “parte mayoritaria” señaló que la devolución de los préstamos debía “cumplirse sin excepción alguna”. De no hacerlo, alertaban, se generarían “incentivos perversos de cara al futuro”.

“No obstante, para facilitar la gestión financiera y de liquidez de las comunidades autónomas, ayudar a la vuelta progresiva (...) a los mercados y favorecer la gradual reducción de los pasivos acumulados, se acepta que podría ser aconsejable acometer una reestructuración transparente (...), supervisada por el Banco de España y la AIReF”, añadía el informe. Las recetas sugeridas iban desde la ampliación de los plazos, nuevos períodos de carencia y unos tipos de interés más favorables, siempre y cuando los Gobiernos beneficiaros se comprometieran a cumplir con “una serie de objetivos previamente acordados de consolidación fiscal y cumplimiento presupuestario”.

Más de la mitad de la deuda autonómica está en manos del Estado —aunque hay mucha heterogeneidad entre territorios— a través de los llamados mecanismos extraordinarios de liquidez: préstamos baratos del Tesoro ideados en 2012 para que también los territorios con más dificultades para acceder al mercado pudieran cubrir sus necesidades de financiación. Cataluña está a la cabeza —más de un 80%—, aunque la mayor carga de la deuda sobre su PIB la tiene la Comunidad Valenciana, que junto con Murcia es la peor tratada por el sistema de financiación, al recibir del modelo menos recursos que la media.

“En algún país, en lugar que condonar expresamente la deuda, se han hecho transferencias por las cuantías que se tendrían que pagar. Desde la perspectiva de las comunidades infrafinanciadas es un problema que venimos señalando desde hace muchos años”, subraya Pérez, del IVIE, partidario de una quita. “Sin condonación de la parte de la deuda explicada por la infrafinanciacion, este problema lo soportan los ciudadanos que la padecen”.

La combinación entre la posible quita o reestructuración de la deuda y la adopción de un modelo singular en materia fiscal para Cataluña también podría generar un cóctel explosivo adicional. Al ir por su cuenta con el cupo, las haciendas forales asumen un riesgo financiero y son conscientes, al menos en la teoría, de que no van a tener ayuda estatal mediante las entregas a cuenta u otras transferencias si hay época de vacas flacas. El problema, añade Martínez López, es que la Hacienda catalana, “endeudada y sin poder acceder a los mercados”, no tiene capacidad para asumir ese riesgo que plantea en su propuesta. Se habla de una asunción de deuda de alrededor del 20%, sin embargo, “o hay una quita del 80% o, ni por asomo, la Generalitat tiene músculo para poder afrontar esa situación”.

Frente al rechazo a un cupo catalán y las dudas que genera la quita de deuda, los expertos sí insisten en la necesidad de reformar cuanto antes el sistema de financiación con el objetivo de corregir cuanto antes los desfases ocasionados por un modelo que lleva ya 10 años caducado: “Lo que hay que hacer es arreglar el sistema de financiación y tratar de reforzar la claridad de los mecanismos de nivelación para que haya un patrón claro de redistribución y que no haya grandes horquillas en la financiación por habitante ajustado”, insiste Onrubia.

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